El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha aprobado hoy dos importantes acuerdos con las comunidades autónomas: el baremo de valoración de la discapacidad y la presentación a la Comisión Europea de un programa único de lucha contra la privación material.
Respecto al baremo de valoración de la discapacidad, que establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, permitirá lograr una valoración más precisa, completa y con una visión de derechos humanos como eje central de su estructura.
“Culmina así un largo proceso de adaptación de este baremo a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Cumplimos así uno de nuestros compromisos y respondemos a una demanda de las personas con discapacidad desde hace mucho tiempo”, ha señalado Belarra.
Además, la ministra puso en valor que el borrador del Real Decreto se ha realizado teniendo en cuenta las aportaciones de los gobiernos autonómicos. “Los tiempos de evaluación del grado de discapacidad ahora mismo son muy elevados y reducirlos es un objetivo compartido en el que todas las administraciones debemos poner todos nuestros esfuerzos. Es una tarea que la ciudadanía nos reclama y no podemos fallarle”, ha apuntado.
Asimismo, ha continuado, “también asumimos el compromiso de velar por la uniformidad de las evaluaciones en todo el territorio del Estado y de formar a los equipos multiprofesionales para la aplicación de esta nueva herramienta”.
En cuestión de plazos, una vez tramitado el Real Decreto, este nuevo baremo entrará en vigor a los seis meses de la publicación en el BOE. Aun así, los cambios en el procedimiento y órganos de valoración serán de aplicación inmediata, tal y como se planteó en la Comisión Delegada de este Consejo.
Contra la privación material
Por otra parte, el Consejo Territorial ha aprobado la presentación a la Comisión Europea de un programa único de lucha contra la privación material. La dotación de ayuda europea a ese programa saldrá en su totalidad del tramo estatal de la asignación de los fondos FSE Plus a España y serán, aproximadamente, 563 millones de euros.
En ese programa único intervendrán las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas, las cuales gestionarán directamente las actuaciones. El objetivo es que el sistema de reparto de alimentos se dirija hacia un modelo de acompañamiento integral, que cubra necesidades básicas pero también que garantice la dignidad y autonomía de las personas. Es decir, que sean ellas las que, siempre con apoyo dirigido a su inclusión socio-laboral, decidan de forma autónoma qué alimentos necesitan y desean.
“Para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 esta es una apuesta estratégica clave para poner fin a las situaciones de extrema vulnerabilidad”, ha concluido Belarra.
