El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha transmitido a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía su profunda preocupación por la falta de enfermeras en las residencias de personas mayores y grandes dependientes, así como su descontento por la decisión de tan solo permitir a las enfermeras que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) compatibilizar un máximo de 17,5 horas semanales en estos centros con su trabajo en el sistema público, al considerarla una medida “totalmente insuficiente”.

En concreto, el presidente del CAE, José Miguel Carrasco, ha remitido una carta al director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y Familias, José Repiso, en la que señala que esta medida “llega además tarde, cuando la situación se ha hecho insostenible desde hace meses, dejando a estos centros residenciales en una situación crítica”.

El CAE recuerda que las enfermeras andaluzas llevan reivindicando que se amplíe el horario de compatibilidad desde el inicio de la pandemia, revisando el número máximo de horas que los profesionales del SAS pueden contabilizar en el sector residencial “para hacerlo realmente efectivo y atractivo a los profesionales”, así como la puesta en marcha de medidas tajantes para poder aliviar la situación en dichos centros.

“No podemos olvidar -continúa la carta- la reivindicación de la Organización Colegial de Enfermería sobre la necesidad de tener un sistema sanitario que dé respuesta a las necesidades de salud de la población en la actualidad, que no solo puede estar centrada únicamente en la actividad de curar, sino que el verdadero peso debe centrarse en la actividad de cuidar, y donde la enfermería adquiera el protagonismo que merece, que debe pasar por la apuesta decidida por las especialidades enfermeras, en especial por la enfermería geriátrica”. Una especialidad de la que en los últimos años no se viene ofertando ninguna plaza de formación especializada para Enfermería (plazas EIR) en Andalucía.

Modificación de la legislación

No obstante, el CAE recuerda que esta falta de enfermeras en las residencias debe solucionarse políticamente no solo en la formación y en mejoras de la organización de la gestión asistencial y la contratación, sino también modificando, por la vía de la excepción por motivos de urgencia, la legislación de incompatibilidades en el sector público, con las autorizaciones procedentes sin limitación horaria, siempre que los puestos puedan compatibilizarse en turnos y horarios.

En caso contrario, el CAE afirma que la situación “estará amparando y abocando a un intrusismo profesional institucionalizado, por personas -auxiliares, técnicos, cuidadoras generales sin titulaciones- que extralimitándose en sus funciones desempeñaran por la situación crítica y falta de personal actividades y funciones propias de las enfermeras, situación que este Consejo Andaluz de Enfermería y sus Colegios Oficiales Provinciales no van a permitir de forma alguna”.

Protocolo de Emergencia Sanitaria de las residencias

En este contexto, el presidente de la Organización Colegial andaluza recuerda en esta carta el Protocolo de Emergencia Sanitaria ante la Ausencia de Enfermería en las Residencias realizado por la Asociación Andaluza de Residencias y Servicios de Atención a los mayores, en el que se reconoce la situación grave de estos centros por la falta de enfermeras. En dicho protocolo se plantea la organización y la gestión de las labores sanitarias ante la ausencia de enfermeras, estableciéndose una lista de actividades que, en caso de ausencia e imposibilidad de contratación de enfermeras y enfermeros, podrían realizar auxiliares y otro personal técnico. “El protocolo es una llamada urgente a la Administración Sanitaria para solucionar la situación crítica y una advertencia de una realización urgente ante la imposibilidad de contratación de personal titulado competente”, señala José Miguel Carrasco.

Con todo lo dicho, el CAE exige una urgente e inmediata solución a este grave problema, acelerando la oferta de empleo para enfermeros y enfermeras con excepción de las limitaciones que impone la legislación de incompatibilidades a jornada completa, siempre que sean compatible los horarios en las contrataciones en el sector público y/o privado, según el caso.