modelo de atención residencial

El sector social trabaja con el Gobierno de Castilla-La Mancha para fijar un modelo de atención residencial ‘válido’ para la Comunidad

El sector social trabaja de la mano con el Gobierno de Castilla-La Mancha para lograr que el futuro modelo de atención residencial que prepara el Ministerio de Derechos Sociales sea “válido y adaptado” a las características y particularidades de la comunidad.

Con el objetivo de fijar una postura de Comunidad, el presidente de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM), Francisco José Núñez Alía, y el presidente de la Asociación de Castilla-La Mancha de residencias y servicios de Atención a los Mayores-Sector Solidario (ACESCAM), José Manuel Llario Espinosa, han mantenido una reunión con la viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Ana Saavedra,  y la directora general de Mayores, Alba Rodríguez Cabañero, a la que también han asistido varios miembros de la junta directiva de Artecam.

Durante el encuentro, todas las partes han coincidido en reclamar al Gobierno central que “antes de emprender cualquier cambio de modelo es necesario que se realice un estudio” que determine cuál será la repercusión económica y analizar cómo el Estado, las comunidades autónomas y las personas usuarias puede asumir ese acuerdo de acreditación de centros. Tras ese estudio se podrían entonces plantear los cambios, siempre que estos “sean sostenibles y adaptados a la realidad actual”, y aprobar un presupuesto “asumible”.

Una de las principales denuncias puestas hoy encima de la mesa es que el modelo de centros del Gobierno central establece una doble discriminación. Por una parte, penaliza a aquellos usuarios con menor poder adquisitivo y, por otra parte, discrimina en función de su lugar de residencia.

Tanto ARTECAM como ASCESCAM han denunciado que el modelo “está pensado para las élites”. “Solo los más pudientes podrán acceder a los recursos y los pobres tendrán que ir a guetos, porque esto no hay Administración Pública que lo pueda sostener”. En esta línea, han explicado que aquellas personas que tengan mayores dificultades económicas “no podrán pagarse una plaza en uno de esos centros, ya que los costes de mantenimiento que exige el nuevo modelo serán más elevados”.

A esto se suma que el acuerdo de acreditación de centros, según lamentan, “beneficia a las personas mayores que viven en las ciudades y discrimina a aquellas que residen en el medio rural”, al establecer una “incomprensible” limitación de plazas en los pueblos que resulta “inasumible” y unidades de convivencia de 15 personas.

“No habría suficiente personal en esos centros para atender a los usuarios”, sostienen, mientras achacan al Gobierno que no haya pensado en que el grave problema al que hoy se enfrenta el sector por la dificultad de encontrar profesionales se vería agravado si se obliga a cumplir esos requisitos a todos los recursos asistenciales.

Ambas patronales advierten, además, de que la aplicación del modelo, tal y como está redactado, conllevaría el cierre de centros y la consiguiente eliminación de recursos sanitarios en el mundo rural. “Todo lo contrario de lo que debería ocurrir si de verdad se apuesta por una sanidad pública y universal de las personas sin diferencia de la edad y el lugar de residencia”.

Para ARTECAM, si el Gobierno central aprueba su “inasumible” modelo de centros “estaría penalizando” a una Comunidad, como la de Castilla-La Mancha, que “ha apostado por la atención de las personas mayores y ha asumido su cuidado”, como lo demuestra el hecho de que es la segunda región con más plazas residenciales, después de Castilla y León, con una ratio de 6,9 por cada 100 personas mayores de 65 años.

“Castilla-La Mancha ha hecho los deberes y eso le permite atender a comunidades limítrofes que no los han hecho, tal es el caso de la Comunidad Valenciana o Madrid, que adolecen de plazas suficiente para atender a su población”, ha afirmado Núñez Alía durante el encuentro con la consejera de Bienestar Social.

Junto a esto, ARTECAM y ASCESCAM denuncian que el acuerdo de Acreditación de centros representa una “injerencia” a las competencias propias de las comunidades, por lo que reclaman que el modelo solo plantee líneas generales.