Tras analizar todos los indicadores del Sistema de Dependencia, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierten de una caída estrepitosa, registrando unos valores muy inferiores a los de comienzos del año. Por eso, considera que el Sistema de Dependencia está en la UCI. La Asociación lo argumenta de la siguiente manera:

Según datos del Ministerio, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son muy negativas registrando -34.668 solicitudes, -25.669 valoraciones, -15.889 beneficiarios con derecho a prestación pendientes de recibirla, y -11.715 beneficiarios con prestación.

Sólo en dos comunidades autónomas han aumentado el número de solicitudes desde el estado de alarma en Comunidad Valenciana (+5.203) y Canarias (+2.089). Y donde más han decrecido han sido en Castilla-La Mancha (-4.719), La Rioja (-779) y Comunidad de Madrid (-8929).

Las valoraciones han disminuido en todas las comunidades a excepción de Asturias (+775 resoluciones) y Comunidad Valenciana (+710). Donde más disminuyeron ha sido en Castilla-La Mancha (4.483), La Rioja (-779) y Comunidad de Madrid (-8907).

Sólo en tres comunidades aumentaron el número de personas con derecho en Asturias (+642), Comunidad Valenciana (+639) y Canarias (+65). En todas las demás disminuyeron, siendo las comunidades que más han caído las personas con derecho en La Rioja (-797), Castilla-La Mancha (-4.076), Cantabria (-897) y Comunidad de Madrid (6.819).

Desde la última publicación realizada antes del estado de alarma, el número de beneficiarios se incremento en las comunidades de Canarias (+1.262), Illes Balears (+1.126), Comunidad Valenciana (+4.680), Extremadura (+388), Murcia (+174) y Castilla y León (+25). En el resto de comunidades no se mantuvo la tasa de reposición y donde más beneficiarios han disminuido han sido en La Rioja (-659), Cantabria (-1.159) y Comunidad de Madrid (-9.003).

Por tipo de prestación o servicio, la atención residencial es donde más ha disminuido, con una variación acumulada de -8 %, con 13.740 residentes menos que a principio de año, en la ayuda a domicilio la variación acumulada ha sido de -2,7 %, con 6.810 personas usuarias menos que en diciembre de 2019, y en los centros de día la variación ha sido de un -2,2 % con 2.099 prestaciones menos que a principio de año. Solo estos datos hacen que se pierdan 10.000 puestos de trabajo.

Los fallecidos en la lista de espera

17.139 personas han fallecido en lo que va de año que estaban pendientes de recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho (3.243 personas fallecidas más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un aumento del 23,3%). A estas muertes hay que sumar 7.415 que han fallecido sin que ni siquiera se les valorase.

Desde el inicio de año, fallecieron 83.823 dependientes que recibían alguna prestación o servicio. El 29,5 % (24.698) de los beneficiarios fallecidos estaban en residencias, y el porcentaje ha ido aumentando con el transcurso del año, pasando del 24,4 % de enero al 33 % de abril y mayo.

El 24,5 % de los beneficiarios fallecidos tenían una prestación de cuidados familiares, aunque según ha ido transcurriendo el año 2020 el porcentaje ha ido bajando del 30,7 % de enero hasta el 20 % en mayo. La misma tendencia ha tenido los beneficiarios de una ayuda a domicilio cuya media ha sido del 18,1 %, y donde el porcentaje de abril y mayo ha sido inferior al del resto del año (16,2 % y 15,1 %, respectivamente).

Estos datos ponen de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes (5.864 M€ recorte acumulado desde 2012) operados sobre el sistema de atención a la dependencia e impelen a que se tomen medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país.

El Gobierno de España debe cumplir con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de presidentes autonómicos (2017) e incrementar de manera urgente y sin esperar a los PGE la financiación de la dependencia en 1.500 millones de euros, (lo que permitiría atender a la lista de espera y crear 70.000 nuevos puestos de trabajo. Además de modificar la Ley para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades. A la vez que sin un incremento significativo de la financiación es imposible también hacer ninguna mejora en la atención residencial.

Los gobiernos autonómicos deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones), deben agilizarse y unificarse para dar respuesta inmediata en esta crisis, deben aplicarse medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas.

Los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes. De no hacerlo serán responsables del sufrimiento y desatención de todas las personas del limbo de la dependencia, especialmente de las 164 personas que fallecen cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley de Dependencia.