En 2023 se cumplen 30 años de la constitución de Acalerte como patronal del sector de la atención a la dependencia en Castilla y León. Se trata de un sector en constante cambio, que ha evolucionado tanto y tan rápido como lo ha hecho la sociedad. Los mayores de hace 30 años nada tienen que ver con los de ahora: su perfil, necesidades y deseos son distintos. El presidente de Acalerte, Diego Juez, subraya que conceptos como la atención centrada en la persona, unidades de convivencia, centros multiservicios, centros libres de sujeciones, teleasistencia avanzada… “eran impensables hace 30 años”. Y añade: “Ahora el foco está en la persona y los centros han tenido que adaptarse al usuario para prestar una atención de máxima calidad”.
¿Qué papel ha jugado Acalerte en este proceso?
Castilla y León revolucionó el modelo de centros hace ya una década. Y Acalerte estaba allí, siendo partícipe del cambio y pivotando el nuevo modelo pionero en todo el país que arrancó allá por 2013, el proyecto ‘En mi casa’, en su doble vertiente: unidades de convivencia y centros multiservicios. Desde entonces, no hemos dejado de adaptar nuestros centros a las personas. No dudamos en remar a favor del cambio y emprender todo tipo de reformas arquitectónicas y de funcionamiento para lograr que las residencias de personas mayores no fueran concebidas como hoteles, ni hospitales, sino como las casas de sus residentes. Aquel fue el germen del nuevo modelo de centros que se va a implantar en España.
Castilla y León siempre figura a la cabeza en los informes de atención a la Dependencia. ¿Peligra ese liderazgo?
En la Comunidad se están haciendo razonablemente bien las cosas, porque lleva años interiorizando el nuevo concepto de atención. Pero, sin duda, no debemos conformarnos con tener buenos informes, sino por tener un sistema ejemplar. Como en el resto del país, o se inyecta más financiación a la atención a las personas, se mejoran las prestaciones vinculadas al servicio (PEV) y se incrementa el precio del concierto, o será difícil mantener los niveles de calidad en la atención a las personas que nos hemos marcado.
La inflación disparada que sufre el país, sobre todo en el ámbito energético y la alimentación, y la subida de los tipos de interés poco están contribuyendo a la estabilidad del sector.
En absoluto. Las empresas del sector estamos asfixiadas. Estamos haciendo malabares para no recortar la calidad de los servicios ni aumentar los precios a los usuarios, conscientes de que somos un servicio esencial. Pero las perspectivas son complejas si la situación persiste. Urge que las administraciones negocien ya a nivel estatal un importe por debajo del cual no se pueda trabajar.
¿Qué cuantías se deberían establecer para garantizar la sostenibilidad del Sistema de Dependencia?
Necesitamos que se incremente el precio de la plaza concertada entre los 2.030 euros (a razón de 67,6 euros) y los 2.700 euros al mes (90 euros). Solo así se garantizaría actualmente la sostenibilidad del sistema, se daría respuesta a las necesidades de las personas, se podría aumentar la calidad en las prestaciones y adoptar mejoras laborales a los profesionales. ¿Alguien duda de que para ofrecer un mejor servicio se necesitan más recursos? O salen de las arcas públicas o directamente de los bolsillos de los ciudadanos. No hay opción.
De momento, la insistente reclamación de CEAPs, de la que Acalerte forma parte, sobre que España destine a los cuidados de las personas un 2 % del PIB, a semejanza de otros países del entorno, está cayendo en saco roto. ¿Hasta cuándo puede aguantar el sector?
No es un capricho. Financiar un derecho subjetivo y universal a recibir un servicio, ya sea una residencia, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia…, o una prestación económica vinculada al servicio, requiere financiación. Sin ella, no hay futuro. Si las administraciones quieren impulsar la transformación real de los cuidados se debe llegar al 2 % del PIB para la Dependencia. El resto son brindis al sol.
Si la situación actual del sector, como dice, es preocupante, ¿corre peligro la atención de la generación del Baby Boom?
Esa es nuestra máxima preocupación. O las administraciones planifican con criterio y de forma urgente, o se llegará tarde. La demanda de cuidados está creciendo ya. Nuestra población es más longeva y está cada vez más envejecida. Pero es que estamos a las puertas de que los baby boomers sean potenciales demandantes de esos servicios y las administraciones parecen no haberse dado cuenta. Con un sistema infrafinanciado como está actualmente, la incertidumbre a corto y medio plazo se multiplica, y así es muy complicado trabajar.
Ante este panorama que dibuja ¿se corre el riesgo de que desaparezcan centros residenciales y servicios en el medio rural de Castilla y León?
Desde Acalerte lucharemos para que esto no ocurra. Nos aferramos a nuestro compromiso con el medio rural, conscientes de que la población mayor rural no desea abandonar el entorno donde ha vivido, donde están sus recuerdos, sus amistades y su forma de vivir. Nos encontramos ante un reto y una oportunidad. Castilla y León no puede permitirse el lujo de cerrar ni una sola plaza, en especial en el medio rural.
Y no puede hacerlo, porque dejaríamos desasistidas a muchas personas y porque, que nadie lo olvide, es la Comunidad que más empleos genera en el sector de la atención a las personas por millón de euros invertidos: por cada millón de euros inyectados se generan 66,2 puestos de trabajo, frente a los 40,4 empleos en España. Crea riqueza y crea empleo; y no un empleo cualquiera: es estable, deslocalizable, especializado y altamente feminizado, ya que más del 80 % son mujeres. La importancia que tiene este sector para la economía es incuestionable, pero se necesita financiación para mantenerlo.
Para que exista una buena atención se necesitan profesionales. Sin embargo, Acalerte lleva tiempo alertando de que faltan trabajadores que quieran trabajar en el sector. ¿Cuál podría ser la solución para atraer a profesionales?
Es un problema endémico muy grave, del que venimos alertando de forma insistente, no solo en Castilla y León. Y parece no haber solución posible si la inversión pública no aumenta de un modo decidido. Tratamos de contratar, pero no hay gente dispuesta. Aprovecho para recordar que en Castilla y León hay una bolsa de empleo para profesionales sociosanitarios que quieran trabajar en los centros residenciales, públicos y privados, de la Comunidad.
Se deben desarrollar nuevos perfiles profesionales que se adapten al nuevo modelo de atención e implementar otras medidas, como incrementar el número de plazas de alumnos en las facultades, o reducir el plazo de convalidación de titulaciones extranjeras de personas que quieren trabajar en el sector, pero que no pueden al carecer del reconocimiento necesario de su cualificación. Y, por supuesto, que se dignifique la profesión, porque nuestros trabajadores merecen un reconocimiento social y extender la concienciación de que su labor es imprescindible.
¿Cuáles son otras reivindicaciones principales que pone sobre la mesa Acalerte?
Reclamamos un precio ajustado, una tarifa única de atención a la dependencia, un sistema de concertación mixta y que la calidad se mida con indicadores de satisfacción de la persona usuaria. Además, una equiparación del tipo reducido de IVA al 4 % en todos los servicios de atención a la dependencia. Y que las administraciones simplifiquen y agilicen los procedimientos de acceso a los servicios del SAAD para acabar con las listas de espera. También que se establezca un procedimiento exprés de resolución y acceso a los servicios que den respuesta a los casos en los que por urgencia social o sanitaria una persona requiera de un servicio de atención.
Del mismo modo, reivindicamos que se garantice la coordinación sociosanitaria y que el Estado cumpla con la Ley de Dependencia. Queda trabajo pendiente, sí, pero defenderemos con todas nuestras fuerzas al sector.
