El Foro Andaluz de la Dependencia (FADE) manifiesta que la situación económica de las entidades prestadoras de servicios sociales a las personas mayores dependientes es deficitaria y complicada, por lo que los fondos extraordinarios anunciados por la Consejería de Igualdad, Bienestar Social y Conciliación, por importe de 13.4 millones, destinada a cubrir parte de los gastos COVID-19 en los citados centros solo tiene sentido si está previsto incrementar esos fondos.

FADE ha valorado insuficiente la financiación extraordinaria destinada a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centros de día y de noche y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, con el objetivo de que puedan hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia de COVID-19. Esta medida fue aprobada en el transcurso de Consejo de Gobierno celebrado el 1 de diciembre. En concreto, se ha previsto un presupuesto de 13,5 millones de euros (13.513.534,78) para dotar a estos centros de una cuantía fija mensual por plaza concertada y ocupada.

«Con independencia de la escasez de los fondos destinados a sufragar los gastos extraordinarios que estas entidades han tenido que soportar durante la pandemia del COVID-19, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación solo se hará cargo de los gastos originados en el periodo julio-diciembre del 2020, no cubriendo el periodo marzo-junio, periodo en el que se produjeron los mayores gastos y muy especialmente en los centros afectados por COVID-19″, explican desde la patronal.

Por otra parte, la FADE, en una reunión celebrada el 2 de diciembre con la consejera, Rocío Ruiz, manifestó que la dotación establecida para estos fondos no alcanza a cubrir los gastos extraordinarios de los centros que, además, sufren el efecto devastador de la desocupación de más de 4.200 plazas residenciales concertadas. El mayor número de plazas vacías concertadas se encuentra en los centros de día donde lo que supone el 68 % del total de éstas plazas.

Recientemente esta organización empresarial realizó una valoración de la situación de las pérdidas en las entidades prestadoras de servicios a las personas mayores que cuantificaba en 65.000.000 millones de euros el sobre coste originado por el COVID-19 en estas pequeñas y medianas empresas.

Estos centros están soportando, además, la obligatoria reserva de plazas establecida por la Consejería de Salud, que tienen que tener a disposición de la citada Consejería, y que no son abonadas hasta que son ocupadas a lo que se suma las pérdidas sobrevenidas por la pérdida de ocupación de plazas privadas.

En esta segunda oleada de la pandemia, en Andalucía hay 31 centros residenciales medicalizados en los que el aumento de los costes económicos derivados por COVID-19 suponen un 35 % de aumento, fruto de los costes de adquisición de material y Epi, y del incremento de los costes laborales.