FADE denuncia retrasos en los pagos de las plazas concertadas

FADE denuncia retrasos en los pagos de las plazas concertadas

El Foro Andaluz de Dependencia (FADE) ha denunciado los retrasos que están sufriendo sus empresas asociadas en el cobro de los conciertos suscritos con la Junta de Andalucía. Esta situación está generando retrasos en el pago de las nóminas de los trabajadores y en el abono de las facturas a los proveedores.

“El sector de la dependencia  no aguantará  mucho. Muchas empresas se encuentran  al límite con pérdidas que ya han puesto en jaque su estabilidad económica. El sector demanda que se atiendan los pagos de las plazas concertadas y que se dé entrada a las personas que se encuentran en lista de espera para una plaza residencial o de estancia diurna, cumpliendo con los plazos que marca la Ley de Dependencia que es de seis meses”, explican desde FADE.

Si no se adoptan medidas de calado y con carácter urgente, continúa la patronal, “será inevitable el cierre de empresas. De hecho, esta circunstancia ya es una realidad para muchos centros de día, que durante la pandemia se han visto abocados al cierre o al concurso de acreedores”.

Cambio en el pago de las plazas concertadas

El último hecho que ha complicado  la situación  de estas empresas es la modificación  que se ha producido, desde el 1 de enero de 2021, en lo que se refiere al pago de las plazas concertadas, ya que se ha pasado de una contabilidad financiera a una contabilidad presupuestaria. Hasta entonces, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) era la responsable de abonar las facturas por las liquidaciones  mensuales presentadas  por las entidades respecto a  las plazas concertadas. La ASSDA abonaba las plazas concertadas entre los 8 a 10 días posteriores a la presentación de la factura por las entidades gestoras.

Pero desde el 1 de enero se produce un cambio normativo que implica que la ASSDA pase de una contabilidad financiera a una presupuestaria, materializándose los pagos a través de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Esto ha supuesto el trasvase a dicho organismo de toda la información para la puesta en marcha de este nuevo sistema, circunstancia que ha trastocado los plazos de los abonos de las plazas concertadas a las entidades gestoras, estando muchas de ellas pendiente de cobro de las liquidaciones de los meses de noviembre en algunos casos, diciembre 2020 y enero 2021.

Pérdidas económicas

Lo expuesto, sumado a las pérdidas económicas que ha supuesto para las entidades afrontar la crisis sanitaria, está asfixiando a los centros, imposibilitando a muchos de ellos en los casos en que la deuda de la administración alcanza los tres meses, que puedan afrontar los gastos devengados por las nóminas de los trabajadores.

“Este cambio de contabilidad financiera a contabilidad presupuestaria no solo está suponiendo a las entidades gestoras la limitación de ejecución del pago, sino que limitará la entrada de nuevas personas al sistema, ya que el acceso estará condicionado no a la demanda real de las personas que solicitan su derecho a ser atendidos por el sistema de atención a la dependencia, sino a que haya o no dinero. Es decir, existe un cupo por provincia de las personas que pueden entrar en el SAAD”, explica.

Baja ocupación y gastos extraordinarios

Todo ello sucede cuando los centros siguen manteniendo vacías plazas concertadas y niveles de ocupación escasos o nulos. Tal y como informa FADE, la desocupación en los centros residenciales ronda el 15 % y en los centros de día supera el 47 % y en algunos casos continúan  sin cobrar la insuficiente  cantidad  que la Administración aprobó para paliar mínimamente los gastos extraordinarios producidos por gastos del COVID-19.

Por ello, la patronal andaluza considera que es necesario que la Administración destine una nueva partida por los gastos extraordinarios en los que han incurrido las entidades gestoras por atender en los centros casos de COVID-19. FADE ya manifestó  en su momento  que los 13.4 millones  que se han destinado  para este concepto  son insuficientes  y no alcanzan a cubrir ni el 10 % de los gastos originados, y la tercera oleada ha incrementado dichos costes.

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