Informe del Observatorio Estatal de la Dependencia en el XIV aniversario de la Ley

El Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha elaborado un informe en el XIV aniversario de la Ley, que presenta los datos actuales más destacables en el desarrollo e implementación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en España.

Asimismo, valora las propuestas del Gobierno de España del “Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia” y su memoria económica.  

El Sistema de Dependencia se encuentra en un punto crucial de su desarrollo. “En este año, 51.540 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia, (31.976 dependientes con derecho y 19.564 pendientes de valorar). Cada nueve minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la ley. Se está abandonando sin atenciones a las 381.115 personas están a la espera de la ley de dependencia”, señalan desde la Asociación. 

Y detallan que el impacto del COVID-19 en el Sistema de Dependencia ha sido catastrófico, “retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias.  

Las tasas de variación a 30 de noviembre de 2020 respecto a los datos de antes del estado de alarma son todas negativas. 34.412 personas con derecho a prestación pendientes de recibirla menos (-12,8 %), la lista de espera se reduce por el fallecimiento de las personas no porque sean atendidos. 34.412 personas beneficiarias con derecho menos (-2,6 %) 46.446 solicitudes menos (-2,4 %). 39.861 resoluciones menos (-2,3 %) y 1.670 personas beneficiarias con prestación menos (-0,1 %)”. 

Aumento presupuesto

Por otra parte, aseguran que el Plan de choque y el aumento presupuestario del Sistema de Atención a la Dependencia del Gobierno de España supone un gran reto para atender a las personas más vulnerables. 

El aumento de más de 600 millones de euros (353 millones de incremento del nivel mínimo y 283 del nivel acordado) en la financiación de la dependencia revierte los recortes del 2012 y posibilitan la atención de 66.305 nuevos beneficiarios reduciendo un 20 % la lista de espera de la dependencia. 

Además, se propone la generalización de la teleasistencia (867.000 nuevas), el incremento de la intensidad de la ayuda a domicilio (de 32,7 horas mensuales a 38,3), el incremento de las prestaciones de cuidadores familiares (+18%) y permite las compatibilidades (solo el 25 % de los beneficiarios cuentan con más de una prestación.     

“En estos 14 años, más de cuatro millones de personas (muchas ya no están) han soportado, para bien o para mal, el peso de las decisiones de los gobernantes. En el catorce aniversario y los nuevos PGE se vislumbra el inicio de una nueva fase de recuperación del Sistema”, añaden.  

Evidencias 

La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales enumera lo que denomina evidencias:

1. En España hay más de 1.352.632 personas en situación de dependencia reconocida. Un 3% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad. 
2. En este momento (tras 14 años de implantación de la LAPAD) 115 personas están a la espera de un procedimiento de la Ley (233.423 en el limbo de la Dependencia, se les ha reconocido el derecho a recibir una prestación o servicio y no la recibe, y 147.692 están a la espera de ser valorados).   
3. Los PGE deben priorizar la atención de las personas en listas de espera y recuperar las medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio cuyo impacto supuso la demolición del Sistema. 
4. En lo que va de año, las tasas de variacióna 30 de noviembre de 2020 respecto a los datos de antes del estado de alarma, son todas negativas. 34.412 personas con derecho a prestación pendientes de recibirla menos (-12,8%), la lista de espera se reduce por el fallecimiento de las personas no porque sean atendidos. 34.412 personas beneficiarias con derecho menos (-2,6%) 46.446 solicitudes menos (-2,4%). 39.861 resoluciones menos (-2,3%) y 1.670 personas beneficiarias con prestación menos (-0,1%). 
5. Se mantienen las gravísimas desigualdades entre territoriostanto en cobertura como en modelos de gestión. Solamente en 9 Comunidades Autónomas ha crecido el número de personas beneficiarias con prestación respecto a noviembre de 2019.  
6. El Gobierno sigue incumpliendo la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, como posibilidad para transferir los asuntos judicializados al orden de lo Social. Las personas dependientes y de sus familias se ven abocadas a reclamar sus derechos en procedimientos contenciosos-administrativos lentos, costosos, farragosos y nada garantistas. 
7. En lo que va de año 540 fallecieron en las listas de espera de la dependencia. (31.976 dependientes con derecho y 19.564 pendientes de valorar). Cada nueve minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la ley. 
8. Sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección, han perdido el apoyo que conllevaban las cotizaciones a la seguridad social y se han convertido en una imposición social y económica.
9. La aportación de los usuarios(copago) se estima en un 21% sobre el total de gasto directo del sistema. 
10. El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%)debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La inversión pública fue de 8.607 millones de euros Las Comunidades Autónomas financiaron el 83,9% del Sistema de la Dependencia, con 7.221 millones de euros y la aportación estatal se reduce al 16,1%, con 1.386 millones de euros.  
11. El gasto promedio por dependiente atendido en 2019 fue de 6.494 € /año.
12. El recorte acumulado de la AGEen dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 5.864 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.  
13. El SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. La ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 37, y la tasa de retorno es del 40%. 
14. Si se atendiera ya a las 233.423 personas del limbo de la dependencia–cumpliendo así con la Ley- se generarían más de 60.000 empleos directos ex-novo, y con un incremento del gasto público de 1.500 millones de euros/año. Todo ello sin considerar que el modelo puede mejorarse aún mucho en coste-eficiencia y sin calcular los retornos inducidos. 
15. El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación es de 430 días (257 para valoración de Grado y 168 días para resolución de prestación)   
16. La intensidad de la ayuda a domicilio es de 16 horas al mes para grado I, 36 horas al mes para grado II y 56 horas al mes para grado III 
17. Las cuantías de las prestaciones de prestación por cuidados familiares es para grado I de 138 euros al mes, de 242 euros al mes para grado II y de 335 euros al mes para grado III. 
18. EL Tribunal de Cuentas, en línea con los dictámenes e informes del Observatorio, corrobora las graves deficiencias del SAAD relativas a la veracidad de los datos oficiales,verifica la aportación del Estado y denuncia la falta de control, irregularidades e incumplimientos en la gestión del IMSERSO durante los años 2013-2018. 
19. El Tribunal de Cuentas fiscaliza la inadecuada e irregular ejecución de los contratos formalizados por el IMSERSO para el Sistema de Información de la Dependencia. Numerosas y relevantes deficiencias e irregularidades: Contratos adjudicados directamente, vulnerando el compromiso de confidencialidad y los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de trato y provocando una concentración de adjudicaciones que derivaban en subcontrataciones, provocando un sobrecoste con un evidente perjuicio en el patrimonio público, incluso abonando indebidamente las facturas con trabajos no desarrollados o ejecutados de forma inadecuada o defectuosa. Asimismo, denota una absoluta falta de control y custodia de la documentación contraviniendo el procedimiento de la contratación pública. 
20. La propuesta de nuevas cuantías del nivel Mínimo de los nuevos PGE se incrementan en 320 millones de euros lo que supone un aumento del 20%.Para Grado III pasa de 190€ a 235€ (+23,6%), para Grado II pasa de 84,5 a 94 (+11,3%) y para Grado I de 47,4 a 60 (+26,6%). Y la recuperación de los 283 millones de euros del nivel acordado, elevando la participación del Gobierno de España en un 40%.  

Sobre la gestión del incremento presupuestario

La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales parte de las siguientes premisas:

1. Los gobiernos autonómicos NO podrán reducir el presupuesto propio invertido en dependencia con el pretexto del incremento presupuestario de los PGE. 
2. Los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional (Canarias, Galicia, Baleares, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Comunidad de Madrid.) deberán incrementar su presupuesto propio para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de Dependencia.  
3. Los criterios de reparto tanto del Nivel Mínimo como del Acordado deben ser consensuados por la inmensa mayoría del Consejo Territorial.  
4. Teniendo en cuenta que el Plan de choque es para tres años. En este primer año la prioridad absoluta para aquellas Comunidades que tengan un porcentaje inferior de beneficiarios sobre población o una mayor lista de espera que la media nacional, la atención a nuevos beneficiarios.  Esto afecta a las siguientes comunidades: Cataluña, La Rioja, Canarias, Andalucía, Cantabria, C. Madrid, Ceuta y Melilla, Baleares, C. Valenciana, Navarra, Galicia, Murcia, y Asturias. 
5. Aplicándose este criterio, el observatorio calcula que se podrían atender a000 nuevos beneficiarios reduciendo la lista de espera en un 28% y generar más de 25.000 nuevos empleos en el sector. 
6. Acometer reformas en la normativa nacional y autonómica para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades, agilizar los trámites, simplificar y unificar los procedimientos. Regular el copago y la Prestación Vinculada al Servicio. 
7. Se deben ocupar las 14.910 camas en centros residenciales que han quedado vacías desde el inicio de la pandemia, máxime cuando hay 95.915 personas con grado III y II, en el limbo de la dependencia.  
8. El Plan de choque debe incluir como prioridad el avance hacia un nuevo modelo de centros residenciales, mejorando ratios y condiciones de trabajadores. Incluir la atención residencial para el Grado I. 
9. Cumplir la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, posibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social.  
10. Transparencia e información. Articular un eficaz sistema de información. 
11. Evaluar el impacto negativo de género  que puede estar teniendo la feminización de los cuidados. 
12. Poner en valor la capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. En 2019, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 37, y la tasa de retorno es del 40%. Y estudiar los costes de oportunidad.  

XXVII Congreso

Más de mil profesionales y directivos de servicios sociales participaron en el XXVII Congreso de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que tuvo lugar el 14 de diciembre en formato online, coincidiendo con el 14 aniversario de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en el que se abordaron los retos de los servicios sociales tras la crisis sanitaria generada por el coronavirus. El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, intervino en la sesión inaugural.