El Servicio de Inspección de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha realizado 1.724 actuaciones en centros residenciales de personas mayores durante el año 2020. Esta cifra supone que se ha duplicado el número de inspecciones respecto a las llevadas a cabo en el año anterior, cuando se realizaron 861.

Del total, 744 inspecciones han tenido carácter extraordinario y 892 han correspondido al Plan General de Inspección. Además, se han llevado a cabo otras 88 por motivo de denuncia.

La distribución por provincias ha dado como resultado 132 inspecciones en la provincia de Almería; 201 en la de Cádiz; 209 en Córdoba; 275 en Granada; 149 en Huelva y su provincia; 211 en el caso de Jaén; 257 en Málaga; y, finalmente, 290 se han realizado en Sevilla y su provincia.

Este órgano de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene como objetivo contribuir al buen funcionamiento del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía, una labor especialmente relevante durante la situación de emergencia sanitaria y social derivada de la pandemia por Covid-19. Para ello, durante el estado de alarma, ha llevado a cabo cerca de 5.100 contactos telefónicos y 207 estudios de ratio de personal en centros residenciales para personas mayores y con discapacidad.

“Desde el pasado 15 de marzo, la actividad desplegada por la Inspección de Servicios Sociales ha sido ingente y muy variada. Los centros y entidades, fundamentalmente de personas mayores pero también de discapacidad, han estado en contacto, a cualquier hora del día, con el personal inspector”, ha señalado la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz.

En este sentido, Ruiz ha destacado “la labor de acompañamiento, asesoría e impulso al cumplimiento de los requisitos funcionales relacionados directamente con la calidad asistencial y los derechos inalienables de las personas residentes que ha realizado la Inspección”.

Por todo ello, la consejera ha reconocido y valorado el esfuerzo y el sobresaliente trabajo llevado a cabo por la Inspección de Servicios Sociales, a cuyo personal ha agradecido “su implicación en un momento muy difícil para todos y todas, en el que ha sabido jugar un papel fundamental para garantizar la seguridad tanto de las personas usuarias como de los y las profesionales”.

Hasta 13,5 millones atención a la dependencia

Recientemente, el Parlamento de Andalucía ha convalidado el Decreto-Ley 31/2020 por el que, entre otras medidas, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha destinado 13,5 millones de euros para el apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención a la dependencia con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, el sostenimiento de este sector social y el mantenimiento de los numerosos puestos de trabajo vinculados. De esta manera, el Gobierno andaluz contribuye a paliar los gastos que están soportando los centros, así como a garantizar la continuidad asistencial y la calidad de la prestación del servicio a las personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia.

Por provincias, la distribución de este presupuesto se llevará a cabo de la siguiente forma: Almería, 1.245.809,47 euros; Cádiz, 1.979.577,59 euros; Córdoba, 1.869.326,87 euros; Granada, 1.755.389,42 euros; Huelva, 921.674,35 euros; Jaén, 1.284.132,67 euros; Málaga, 1.910.966,32 euros; y Sevilla, 2.545.577,76 euros.

En concreto, esta medida económica está destinada a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche y centro de día con terapia ocupacional con plazas concertadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad.

En Andalucía, el número de centros que prestan servicios públicos de atención a la dependencia para personas mayores y con discapacidad mediante contrato, convenio o concierto con la ASSDA asciende a 1.415. Gracias a ellos, hay 37.886 personas beneficiarias a fecha de 31 de octubre de 2020.