El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) representado por Íñigo Alli como adjunto a Presidencia intervino el 19 de junio en el Congreso de los Diputados en representación de CEDDD en la Comisión para Reconstrucción Social y Económica, concretamente en el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados.

En torno a la discapacidad y la dependencia en España existen personas que precisan mejorar su calidad de vida y promover su autonomía debido a sus dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria. Las personas más vulnerables deben gozar de una protección reforzada ante esta crisis sanitaria del COVID19, que también es social y económica. Por ello, desde el CEDDD insisten que ahora más que nunca es necesario promover un marco de efectiva igualdad de oportunidades y con los objetivos de facilitar una existencia plena y un trato digno en todos los ámbitos de su vida; personal, familiar, laboral y social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad, siempre con arreglo a sus propias decisiones y deseos.

Alli comenzó su intervención, agradeciendo a la Comisión por dar la oportunidad al CEDDD de ser una voz más en el Congreso como asociación estatal más transversal en la vida de las personas con discapacidad y dependencia. En el ámbito residencial, el adjunto a Presidencia apuntó la necesidad situar el presupuesto en el 2 % del PIB y crear un Ministerio de Atención a la Dependencia: la solidaridad interterritorial para el cumplimiento de la Ley de la Dependencia o el reconocimiento a los profesionales que tan duramente han trabajado y trabajan para garantizar la salud y el bienestar de las personas mayores y/o con dependencia, entre otras propuestas.

También valoró otros ámbitos de la discapacidad y la dependencia que necesitan ser solucionados. En salud mental, Íñigo Alli destacó la necesidad de un Plan Nacional de Prevención contra el Suicidio. Por lo que se refiere al escenario incierto provocado por la pandemia en el empleo de las personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, reclamó la modificación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que ha puesto en peligro el trabajo de 50.000 personas con discapacidad. Finalmente, en este largo periodo de confinamiento en que los niños con discapacidad y sus padres no han podido acudir a sus Centros de Educación Especial, el representante del CEDDD defendió la libertad de escoger este modelo de educación como el más acorde a las necesidades de los niños y por el cual miles de familias apuestan.

En definitiva, esta comparecencia responde a la necesidad de recoger las aportaciones que puedan hacer entidades de referencia como el CEDDD, ya que las mismas serán de gran importancia a la hora de elaborar las conclusiones definitivas que cada grupo parlamentario deberá entregar en las próximas semanas para contribuir a la reconstrucción por los efectos de la pandemia del coronavirus. Unas aportaciones que tengan en cuenta una financiación pública que mida la ratio de eficiencia social sin olvidar el resultado en las personas y en su calidad de vida teniendo en cuenta la protección y necesidades de los colectivos vulnerables y con más dificultades para lograr su inclusión social.