La desigualdad territorial en cuanto a financiación sigue marcando la atención a la dependencia

La desigualdad territorial en cuanto a financiación sigue marcando la atención a la dependencia

Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las 11 comunidades que han disminuido en 2021 respecto a 2020 el gasto en la atención a personas en situación de dependencia son: Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla La Mancha. “Especialmente sangrantes son los recortes que se han producido por Cataluña (-55,1 millones) y Canarias (-43,6 millones), comunidades en las que el año pasado fallecieron en las listas de espera 12.611 y 3.202 personas respectivamente. De esta manera, la desigualdad territorial en cuanto a financiación sigue marcando la atención a la dependencia.

9.559 millones de euros fue la inversión pública en atención a la dependencia en el año 2021. De ellos, las comunidades autónomas financiaron el 79,2 %, con 7.566 millones de euros (un 0,57 % más de gasto que en 2020). La aportación estatal se sitúa en el 20,8 %, con 1.992 millones de euros, habiendo incrementado un 44 % respecto al año anterior, que fue de 1.384 millones. 

Las comunidades que más invierten en dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.310 €), Extremadura (1.774 €) y Navarra (1.500 €), mientras a la cola se encuentran Canarias (543 €) y Galicia (596€). 

75.776.923 millones de euros no se gastaron de las cantidades presupuestadas en el nivel mínimo por el Ministerio de Derechos Sociales. “Una cuantía que permitiría haber atendido a 13.000 nuevas personas”, apuntan desde la Asociación.  

Personas fallecidas

Por otra parte, las mismas fuentes aseguran que durante 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia: 18.356 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 personas pendientes de resolución de prestación. “Así, el objetivo de reducción de la lista de espera que planteaba el Plan de Choque del Ministerio, con el incremento de la aportación estatal, no se cumplió: en lugar de reducir en 60.000 personas el “limbo de la dependencia”, solo se redujo en 38.807 personas. Incluso siete comunidades incrementaron esa lista de espera”, afirman. 

Mientras el Ministerio no ejecuta el presupuesto disponible, “devuelve 76 millones de euros a las arcas del Estado y las comunidades alivian las arcas autonómicas. Once de ellas incluso reducen su presupuesto. Se está abandonando sin atenciones a las 396.787 personas que están a la espera de un procedimiento, mientras el tiempo de espera medio es de 421 días”. 

8.196 euros fue el gasto anual medio por persona beneficiaria, de los cuales la AGE aportó 1.708 € en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.488 €. La comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco con 12.932 € anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Castilla y León con 6.599 euros anuales. 

Ahora en 2022…

El nuevo incremento de 600 millones de € en los PGE en 2022 (400 al nivel mínimo y 200 al acordado) plantea en el mínimo unas cuantías de 250€ grado III (+6,4%), 125€ para grado II (+33%) y 67€ para grado I (+9%) y unos nuevos criterios para el nivel acordado. En cuanto al nivel acordado, el proyecto de Acuerdo Marco prevé incluir nuevos criterios (personas atendidas, agilidad administrativa, inversión autonómica, empleo, reducción lista de espera y calidad), “que benefician a algunas comunidades que incrementan considerablemente sus cuantías, como Aragón, Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid y perjudica a aquellas que peor gestionaron en 2021, como Canarias, Cataluña, La Rioja”.

“Con respecto al nivel mínimo, es posible que el incremento de las cuantías no sea suficiente para ejecutar el presupuesto del 2022 y el Ministerio vuelva a tener que devolver cuantías superiores a las de este año. Para que esto no ocurra, sería necesario incrementar la cuantía del Grado III, al menos, a 260€ y priorizar, de esta manera, a las personas más vulnerables de la lista de espera, que son quienes necesitan servicios de mayor intensidad y, por ello, de mayor coste”, aseguran desde la Asociación. 

Evolución del porcentaje de financiación autonómica sobre el total 

El peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, cuando el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades para retirar parte de su financiación. El peso de las comunidades en la financiación cae más de un 5 % en el año 2021, mientras la AGE refuerza la financiación del sistema. 

Como ha sido señalado anteriormente, los recortes en la aportación en 2021 de Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla-La Mancha han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque.  

Financiación autonómica por comunidades 

El reparto de la financiación entre la AGE y las comunidades presenta grandes diferencias entre los territorios. País Vasco (88,16 %), la Comunitat Valenciana (85,14 %), la Comunidad Foral de Navarra (84 %) y Baleares (83,69 %) financian en mayor proporción sus sistemas. Mientras la media de financiación autonómica se sitúa en el 79.16 % para el conjunto de España, comunidades como Galicia (67,36 %), Castilla y León (72,55 %) o Andalucía (75,26 %), se mantienen alejados de esta. 

Respecto a la variación interanual en el gasto medio por persona beneficiaria en 2021 respecto a 2020 se observa cómo Canarias, a pesar de tener un incremento del 6,85 % de las personas beneficiarias, ha reducido notablemente el gasto autonómico (-24,56 %). En el caso de la Comunidad Valenciana, el descenso en el gasto medio por persona beneficiaria se debe principalmente al fuerte aumento de dependientes que han pasado a ser atendidos (+14,85 %).  

Evolución del gasto anual total y número de personas beneficiarias 

Desde 2015, el número de personas en situación de dependencia atendidas ha incrementado cada año. Entre 2020 y 2021 se observa un incremento porcentual del gasto total certificado más elevado (+7,3 %) que el incremento en el número de personas beneficiarias (4,6 %). 

El gasto medio por persona beneficiaria en el sistema se sitúa en 2021 en 8.195 € para el conjunto de España. No obstante, se siguen observando grandes diferencias entre territorios. Donde destacan País Vasco (12.931 €), Extremadura (11.813 €) y Navarra (10.541 €) como las comunidades con un gasto más elevado por persona. Mientras que Castilla y León (6.599 €), Andalucía (6.653 €), Canarias (6.893 €) y la Región de Murcia (6.898 €) mantienen unos niveles de gasto difícilmente compatibles con la prestación de unos servicios adecuados para las personas dependientes. 

 

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