La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) considera insuficiente el presupuesto de 600 millones de euros que propone el Gobierno para reforzar el sistema de dependencia.

La FED, que valora como acertados los objetivos genéricos de la propuesta del Gobierno -mejorar la gestión, reducir la lista de espera, priorizar la atención domiciliaria y mejorar la atención de servicios frente a prestaciones económicas-, crítica que la propuesta no concrete cómo resolver la lista de espera actual de más de 270.000 personas, más otras 180.000 pendientes de resolución, todas ellas personas en situación de dependencia que reclaman ayuda.

Para la FED es, sin duda, un buen propósito mejorar los servicios de ayuda a domicilio (SAD) para aquellas personas que se encuentran en situación de dependencia leve o moderada, aunque sería necesario dotar de presupuesto suficiente para atender a las más de 70.000 personas que, presumiblemente,  están en lista de espera para recibir este servicio.

Necesidad de reconocimiento del SAD

Según la FED, además de las carencias del servicio desde el punto de vista cuantitativo, se hace asimismo necesario abordar el componente cualitativo para dar respuesta eficaz a las necesidades de los usuarios, a las expectativas de unos empleados considerados esenciales y a las exigencias que impone un contexto excepcional como el generado por la COVID-19. En este sentido, contemplar este componente cualitativo pasa inexorablemente por establecer unos precios/hora actualizados a tales perspectivas. En todo caso, a juicio de la FED, el SAD no es capaz de solucionar el problema de los dependientes graves o severos que necesitan una residencia.

El potencial de las residencias

Sin embargo, la FED valora que en la propuesta del Gobierno se reconozca que las residencias no deben recoger en su catálogo los servicios sanitarios, materia que coincide con el convencimiento de la Federación de que las residencias son el domicilio del residente y no un hospital o un centro medicalizado.

Para Ignacio Fernández-Cid, presidente de la FED, “si de verdad nos creemos que estamos en un modelo centrado en la persona, no podemos ni debemos priorizar ningún servicio, sino estudiar cada caso y ajustar el recurso a las necesidades. Somos partidarios de que la persona retrase al máximo su salida del entorno familiar. Por esa razón, nos parece bien potenciar los servicios domiciliarios, pero llegará un momento en que la gravedad de su dependencia aconseje, por su bien y los de su familia, trasladarse a una residencia, por lo que hay que reforzar y potenciar las camas residenciales. En este caso estamos hablando más de un 15 % aproximadamente de los casos. Hoy en día no tenemos camas para ellos y están en lista de espera no por lentitud en los trámites, sino por falta de camas o por falta de presupuesto”.

Necesidad de colaboración público-privada

La FED manifiesta su convencimiento de que, por encima de debates ideológicos, un sistema basado en la colaboración entre el sector público y el privado es el que mejor permitiría acometer el desarrollo necesario del sector, garantizar la calidad de atención de las personas dependientes, posibilitando además la creación de empleo y la reducción del déficit público.

Para afrontar el desarrollo del sector y cubrir la ratio del 5 % de plazas recomendada por la OMS (Organización Mundial de la Salud), la iniciativa privada está dispuesta a invertir en España 4.800 millones de euros en la construcción de 80.000 nuevas plazas para atender a aquellas personas que se encuentran en lista de espera y carecen de recursos para recibir la atención adecuada.

Esta inversión, sin coste alguno para la Administración, crearía 40.000 puestos de trabajo directos más todos los empleos indirectos derivados de la inyección en el sistema de 4.800 millones de euros.

Convocatoria de concursos para ayudar a las personas vulnerables

Además, la propuesta de la FED es que el Gobierno y las comunidades autónomas convoquen concursos para poder ayudar a las personas más vulnerables y sufragar así los gastos de los servicios que recibirían a través de la creación de las 80.000 nuevas plazas.

Los gastos de los conciertos derivados de los concursos podrían solicitarse a fondo perdido con cargo a los Fondos Europeos durante los dos primeros años. En el caso que se reciban los Fondos Europeos se lograría no solo crear empleo y atender la lista de espera, sino que se reduciría el déficit público durante diez años.

En el supuesto de no recibirse fondos y que la Administración española tuviera que atender los gastos del concierto, también se reduciría el déficit público a lo largo de seis años.