El pasado día 7 de febrero las patronales ACRA, UCH y CAPSS junto a los sindicatos CCOO y SP-UGT firmaron un acuerdo presentado ante la autoridad laboral catalana TLC que, en opinión de la FED, “pretende obligar a aquellos centros residenciales y centros de día que tengan, al menos, un 60 % de facturación pública. Esta pretensión es ilegal, puesto que no se puede obligar a los centros que no firman el acuerdo y, además, deja fuera del mismo al 70 % de los centros residenciales y centros de día catalanes”.

En opinión de la patronal, “sorprende el momento político de este acuerdo, firmado en plena campaña electoral, hecho a espaldas de otras patronales y de la mayoría de los centros catalanes, y sin respetar los acuerdos que rigen en toda España señalados en el VII Convenio Colectivo Marco Estatal de la Dependencia”. Por tanto, la FED entiende que este acuerdo vulnera la legalidad vigente tanto del Estatuto de los Trabajadores como del VII Convenio Colectivo Marco Estatal de la Dependencia.

En el fondo, añade la FED, “no estamos ante un convenio catalán, sino ante un mero acuerdo extraestatutario, que sólo debería obligar, en todo caso, a las empresas firmantes. Esto es a aquellas empresas integrantes de las patronales ACRA, UCH y CAPSS. Si bien, no cabe duda que creará una distorsión en el mercado que originará conflictos asegurados”.

“El sector necesita avanzar en la definición de sus servicios, modelos, recursos, condiciones laborales, etc. Pero todo ello, bajo una estrategia común, bien pensada y en un clima de consenso amparada bajo la negociación del Convenio Colectivo Marco Estatal de la Dependencia. Y teniendo en cuenta los acuerdos a adoptar en la reciente creada Mesa de diálogo social entre los agentes implicados: patronales y sindicatos y el Gobierno. Las improvisaciones y particularismos solo conducen a enfrentamientos inútiles que impiden un adecuado desarrollo del sector y de la calidad de sus servicios”, concluye la FED.