La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha presentado, a través una rueda de prensa virtual, el informe “Radiografía del sector de las residencias para la tercera edad en España”, elaborado por la consultora PWC, que analiza la situación actual de las residencias y su sostenibilidad. Asimismo, teniendo en cuenta la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la FED ha elaborado un documento con propuestas de mejora. Su presidente, Ignacio Fernandez-Cid, ha destacado que “a pesar de haber sido  un sector injustamente tratado”, tan solo el 25 % de las residencias han tenido casos activos, mientras que el 75 % han permanecido libres de COVID-19. Y ha asegurado que la situación actual “es de calma tensa. Estamos más preparados y tenemos planes de contingencia”.

Como punto de partida, recordar que el sector residencial está muy atomizado, ya que existen alrededor de 5.600 residencias, con una oferta de casi 381.000 plazas residenciales (frente a las 112.000 camas hospitalarias). “Residencias que somos hogares para personas mayores, no centros sociosanitarios. Tenemos profesionales sanitarios para atender la cronicidad, pero no enfermedades agudas. De hecho, en nuestros centros no podían ingresar personas con enfermedades infectocontagiosas. Y, de repente, nos vimos resolviendo procesos médicos agudos en una vivienda colectiva sin recursos técnicos ni humanos”, ha explicado Fernández-Cid. Y ha añadido: “Cómo le dices a una persona con deterioro cognitivo que no puede quitarse la mascarilla y que debe mantener la distancia de seguridad”.

Por eso, el presidente de la FED considera que las residencias “hemos sido injustamente tratadas, demonizadas y criminalizadas. En marzo se consideró a las residencias un espacio sanitario, lo que supuso un problema. Sobre todo, porque faltaron medios y test para aislar a los residentes con criterio. Nuestro criterio fue clínico, valorando los síntomas que no siempre eran fiables”.

Durante la crisis sanitaria, el desconocimiento llevó a responsables de la vida social y política del país a acusar al sector de la situación que se estaban viviendo en las residencias e incidir en que la causa podría encontrarse en que está en manos de fondos de inversión. “Pero eso no es así. El 75 % de las empresas que operan son pymes, las multinacionales suponen el 11 % y los fondos de inversión el 8 %”, ha subrayado Fernández-Cid.

Sector intensivo en personal

No solo eso, sino que, además, se trata de un sector muy intensivo en lo que a trabajadores se refiere. El sector de las residencias privadas empleaba a más 155.000 trabajadores directos en 2018, alrededor de un 1 % de la población activa en España. “Somos un sector dinámico que genera una actividad económica de más de 4.500 millones de euros al año. El volumen de facturación y la intensidad de creación de puestos de trabajo convierten al sector en una herramienta de reducción del déficit público. La actividad económica generada, de forma directa e indirecta, por el sector de las residencias revierte al Estado a través de una mayor recaudación por IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF y cotizaciones sociales”, ha señalado Fernández-Cid. De acuerdo a los cálculos realizados por la FED, por cada euro pagado en una residencia, el Estado recibe 0,41 euros en tributos y cotizaciones. Si tenemos en cuenta que el estado financia solo una parte del precio, por cada euro de gasto público, recibe de vuelta 0,64 euros.

Titularidad de las plazas y precio de concierto

El 25 % de las plazas son de titularidad pública. Del resto de plazas, que está en manos del sector privado, un 26 % son plazas concertadas, con un precio regulado y fijado en función de la renta y nivel de dependencia del usuario.

Sobre el precio, el sector lleva años reivindicando que los precios de concierto se ajusten al coste de los servicios. En este sentido, informe constata que el coste de una plaza pública es de 170 euros al día, mientras que la Administración pública concierta con el sector privado esa misma plaza a 54 euros de media, lo que supone un 300 % menos. “Por eso, no es de extrañar que el 59 % de los ingresos vengan de las plazas privadas”, ha detallado Fernández-Cid.

A todo ello, hay que sumar que el 60 % de los ingresos se destinan a la retribución del personal, 2,2 veces más que la media del sector servicios. “Generamos empleo estable y localizado, eminentemente femenino”, ha expuesto.

Demanda presente y futura

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la existencia de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 64 años para cubrir las necesidades; sin embargo, en España hay 4,22. Somos deficitarios en alrededor de 66.000 plazas, unas 550 residencias a 120 plazas de media. Cifras que irán incrementándose; de hecho, según PWC, en 2050, será necesario cubrir aproximadamente 400.000 plazas adicionales, lo que supone la construcción de más de 100 residencias nuevas cada año.

“Duplicar la actual cifra de residencias supondría, aproximadamente, una inversión de 35.000 millones de euros y la generación de 150.000 puestos de trabajo adicionales, lo que consideramos un reto factible y razonable, así como una oportunidad. Pero es necesario contar  con un entorno favorable y las condiciones necesarias para la inversión y de ese espíritu de colaboración con la Administración que, históricamente, ha funcionado en nuestro país”, señala Fernández-Cid.

Propuestas de mejora

Además del informe, la FED ha elaborado un Documento de Propuestas sobre la incidencia de la crisis provocada por el COVID-19 en el sector de las residencias, donde se analizan los problemas coyunturales y estructurales y se aportan soluciones a todos esos problemas. Se ha detectado que buena parte de los problemas preexistentes se han visto agravados por esta emergencia sanitaria, como la financiación o la asistencia sanitaria a los usuarios de las residencias.

Concretamente, el secretario general de la FED, Alberto Echevarría, resumió estas propuestas de mejor en cuatro puntos:

  1. Establecimiento de unos protocolos de actuación, claros y homogéneos, consensuados entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes del sector, con el objetivo de proteger a un segmento de la población especialmente vulnerable como son los usuarios de las residencias: medidas de confinamiento y sectorización, realización de pruebas de identificación de infectados, protección del personal, uso de EPI, derivaciones hospitalarias y coordinación con los geriatras del sistema sanitario público, suministro de medicamentos y régimen de visitas de familiares, entre otros. Además, el sector demanda la creación de un estocaje mínimo de EPI para casos de emergencias sanitarias, que no debería suponer un coste adicional para las residencias y, por tanto, debería incluirse en los precios concertados o estar financiados por Sanidad, de la misma forma que se hace con las instalaciones sanitarias.
  2. Coordinación sociosanitaria. “Deben aumentar los recursos de Atención Primaria y crear unidades estables de apoyo a las residencias, porque tienen derecho a recibir la misma atención que si vivieran en su domicilio”, ha explicado Echevarría. Además, ha defendido la necesidad de crear centros hospitalarios de media y larga estancia: “El 40 % de los enfermos crónicos ingresados en un hospital son personas mayores”.
  3. Para evitar el desequilibrio entre los precios concertados y los costes del servicio, Echevarría entiende que debe existir un alineamiento entre las exigencias normativas del servicio y los precios concertados, de tal forma que ni las primeras condicionen el coste para el usuario, ni los segundos limiten la calidad, por lo que sería necesario el desarrollo presupuestario de la Ley de Dependencia y la orientación de precios a costes. “Actualmente, las comunidades soportan el 82 % del coste y el Estado el 18 %, cuando debería ser al 50 %”, ha explicado el secretario general de FED. Unificar la normativa de la Ley de Dependencia y también el IVA (4 % si la plaza es pública y 10 % si la paga el usuario privado) son otras dos medidas de interés.
  4. Situación actual y respuesta a la demanda futura. Si se quiere garantizar el mantenimiento de unos estándares mínimos de las residencias, remunerar adecuadamente al personar de cuidados y atraer inversión suficiente para cubrir la demanda de plazas, los precios públicos de los conciertos deberán estar alineados con los costes, garantizando una rentabilidad mínima para los operadores. Finalmente, Echevarría ha recordado la necesidad de resolver la falta de profesionales, mediante la apuesta por un FP2 de Enfermería Geriátrica, la agilización de la homologación de títulos extranjeros, revisar el procedimiento de bajas laborales y la validación de puntos a los profesionales sanitarios que trabajen en residencias privadas.

Propuestas de la FED ante el reto del COVID-19

Radiografía del Sector de la Tercera Edad en España. FED y PWC