Lares ha elaborado un estudio comparativo de cómo se están gestionando las pruebas de detección precoz de COVID-19 a los profesionales de los centros residenciales en las diferentes comunidades autónomas y quién asume su coste. En este sentido, exige que las PCR sean facilitadas y costeadas por el sistema público de salud para no conculcar el derecho fundamental de acceso a la sanidad pública, gratuita y universal de cualquier ciudadano, sea cual sea su profesión y viva dónde viva.

“Las comunidades autónomas obligan a hacer la PCR a la vuelta de vacaciones, de un permiso o al contratar un nuevo trabajador, pero se “quitan del medio”, derivando a las entidades la responsabilidad de hacerla y pagarla, instándose, en ocasiones, la intervención de un tema de salud comunitaria a los servicios de prevención de riesgos laborales. Entretanto, el mismo sistema público de salud hace PCR de forma preferente y gratuita a temporeros, docentes y otros grupos de población. El Estado da preferencia al personal de instituciones penitenciarias”, explican desde la entidad.

Si se están realizando cribados masivos a ciudadanos, en general, de manera gratuita, sin preguntar su profesión, Lares se pregunta: “¿Por qué se deberían quedar fuera de ellos nuestros trabajadores? Sería intolerable que los que cuidan a las personas más vulnerables y frágiles, vuelvan a ser los grandes olvidados en este nuevo brote”.

El informe elaborado por Lares constata, entre otras cuestiones de interés, qué comunidades asumen el coste de la realización de los PCR. Por ejemplo, sí lo hacen Andalucía, Galicia, Cataluña, Castilla y León, Navarra, Castilla-La Mancha y La Rioja. El resto de comunidades se encuentran en diferentes supuestos. También analiza los días que se ausentan los profesionales para hacerse la PCR y cada cuánto se hacen o deberían hacerse.