En un detallado estudio realizado en las 17 comunidades autónomas, la Federación Lares marca las pautas de un plan real y eficiente que pone voz al sector de la población más afectado por el COVID-19 y “olvidado por las Administraciones Públicas”. Lares defiende que la situación de las residencias de mayores de cada comunidad autónoma debe ser un indicador fundamental y prioritario, y no uno más, para determinar en qué fase debe quedarse ese territorio.

El pasado día 23 de abril en carta que Lares envió a las cuatro Vicepresidencias del Gobierno de España, ya aconsejaba que cualquier plan de re activación económica y desescalada debería incluir un informe previo que analizase el impacto en los centros de mayores. Esta propuesta es compartida por la Mesa Estatal de Defensa de Derechos de las Personas Mayores.

“Desafortunadamente, hasta ahora, no ha sido así. De nuevo, parece increíble, pero es cierto, se corre un altísimo riesgo de aumento de contagio por COVID-19 en las residencias de mayores que, al principio del estado de alarma y, también, durante buena parte de la pandemia, han quedado ignoradas y sin ser atendidas sus especiales condiciones de vulnerabilidad por razón de edad, patologías y ámbito de convivencia”, subrayan desde Lares.

Por eso, considera “inadmisible que, ahora, se siga cometiendo ese mismo error. Y, desde luego, ya no hay ninguna excusa que justifique lo sobrevenido de la crisis, porque se viene avisando reiteradamente por la Federación Lares en todas sus comunicaciones con todo tipo de interlocutores de gobiernos, grupos asociativos o medios de comunicación”.

Una teórica recuperación económica y social no puede dejar atrás a los más frágiles y vulnerables. Las personas mayores no metieron el virus en sus residencias. Vino de fuera. “Por eso, es crítico que, ahora, en la llamada desescalada se dé un tratamiento de discriminación positiva para los empleados de estos centros (que son los que entran y salen) para frenar posibles cadenas de contagio. No podemos olvidarnos, otra vez, que el aislamiento ordenado en residencias de mayores es un mal trato para muchas personas con demencias porque no lo pueden entender. No morirán de COVID-19, pero lo harán de soledad”, apuntan.

Desde Lares, como miembro del Tercer Sector y ajenos al ánimo de lucro, “entendemos que las comunidades autónomas no han compartido experiencias, fortalezas y debilidades. Es terrible y muy decepcionante. Si lo hubieran hecho no estaríamos en esta incertidumbre, y con la sensación de que se vuelve a dejar olvidado al flanco más débil de la población contra el coronavirus: las personas mayores”.

Salvar vidas y mejor atención

Se trata de salvar vidas o, al menos, garantizar la mejor atención, siempre. Y siempre es siempre. Lares mantiene ese compromiso irrenunciable de seguir en la primera línea de la primera línea frente a cualquier circunstancia “que ponga en peligro la salud física y emocional de nuestros 54.000 residentes y 35.000 profesionales distribuidos por toda España”.

“Desde la voluntad de construir y como avance, señalamos algunas medidas adoptadas por cada comunidad autónoma que se pueden tomar como buen ejemplo para que se trasladen a todos los territorios. No es tiempo de orgullo mal entendido. Es hora de innovar, es decir, copiar lo bueno, y mejorarlo, según las necesidades de cada territorio”, explica.

La Federación Lares se ofrece como elemento de vertebración por todo el territorio nacional gracias a su estructura de más de un millar de residencias de mayores asociadas. Y apela a todas las entidades públicas para que den un paso al frente y conviertan en real, eficaz y eficiente este Plan.

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