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Las residencias asturianas reclaman actualización de precios de las plazas concertadas

La mesa sociosanitaria de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que integra a las asociaciones de residencias Ascege, AARTE y Argas, y a Lares, como invitada, ha reclamado al Gobierno del Principado cobrar impagos, actualizar precios y colaborar ante el nuevo modelo asistencial.

Tras la segunda reunión mantenida con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, en la que también estuvieron presentes Ana Suárez, directora-gerente del ERA, y Paula Álvarez, directora general de Gestión de Derechos Sociales, la mesa ha valorado la propuesta planteada por el Principado de cien nuevas plazas a 1.632 euros como “imposible de afrontar”. 

Para Arsenio Alonso-Collada, presidente de Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege), las cantidades que aporta la Administración para las plazas concertadas “no garantizan ni la dignidad, ni los salarios a largo plazo, ya que impide durante ocho años la subida de un solo euro, impidiendo afrontar nuevos convenios, sistemas de acreditación o subidas de IPC durante este espacio de tiempo, lo que llevará a una insuficiencia de la atención en un corto espacio de tiempo”. 

Es necesaria, además, -puntualiza Alonso-Collada- una “actualización de precios de las plazas concertadas, fijados en 43 euros por día desde 2019, y elevarlos de manera inmediata al precio público actual de 1.470 euros, y modificar a medio plazo al alza ese precio público en consonancia con el servicio que ya se da y se pretende dar”.

La mesa considera que la Administración “lo entiende, pero no actualiza los conciertos antiguos», aunque confían en que el Principado “actúe”, por lo que han planteado “mantener y no renunciar a una renovación inminente de 600 plazas durante ocho meses en lugar de dos años para valorar entonces los pasos concretos que vaya dando la Administración”.

La mesa valora “muy positivamente”, por otro lado, la subida de las PEVS (Prestaciones Vinculadas al Servicio) en las plazas privadas acreditadas, lo que “permitirá una rebaja en el esfuerzo económico de las personas dependientes atendidas en los centros”.

Por parte de Melania Álvarez se espera “normalizar en un corto espacio de tiempo los pagos pendientes de las plazas concertadas” y aboga por la “necesidad de un trabajo conjunto con las empresas”.  “Son varias las líneas de trabajo conjunto y esperemos que en un corto espacio de tiempo podamos tener un panorama a futuro que normalice la situación entre la Administración y las empresas”, señaló la consejera de Derechos Sociales.

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