Después de la reunión de presidentes autonómicos, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia el anuncio del presidente del Gobierno del nuevo reparto del fondo social, en el que desaparecían los mil millones para servicios sociales. “Esto supone un abandono, con ensañamiento, después de haber comprometido esa financiación para la atención de las personas más vulnerables”, aseguran.

Y añaden que habrá dinero para los tres pilares del bienestar: Sanidad 9.000 millones de euros; Educación, 2.000 millones de euros y Rentas (IMV) 3.000 millones de euros, y para el cuarto pilar, que son los Servicios Sociales, y que atienden a seis millones de personas y antes de final de año atenderá a más de diez millones, lo que determinen las consejerías de hacienda de las comunidades del fondo común que se transfiere.

“Un sistema, el de los Servicios Sociales, disperso y maltratado por los recortes al que no acaba de llegar el apoyo estatal en prestaciones y servicios que eviten los riesgos de exclusión e incluso la quiebra de la cohesión social. Una vez más los gobernantes en este sector hacen caso omiso de los profesionales e investigadores del Sistema, relegando el imprescindible apoyo financiero, además de no mostrar ningún interés por disminuir y mejorar los procedimientos a los que se nos somete para hacer llegar nuestro apoyo a los más vulnerables. Procedimientos que estamos hartos de denunciar que son complejos y que eternizan las soluciones a las situaciones de emergencia social a las que nos enfrentamos habitualmente, ahora aumentadas y agravadas por la situación de emergencia social que estamos viviendo. La consecuencia es palmaria: una bomba de relojería que, de no desactivarse, estallará en un futuro próximo y que pondrá en la encrucijada a una sociedad cada vez con más desigualdad y mayor sufrimiento”, exponen desde la Asociación.

Y continúan: “Señores Sánchez e Iglesias, entérense de una vez. Los servicios sociales son una inversión imprescindible para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país y necesitan, más aún en estos momentos, el apoyo financiero del Estado, porque las comunidades autónomas no pueden más y los ayuntamientos han sobrepasado con creces sus obligaciones con el Sistema aun habiendo sido calificada en algunas ocasiones, su competencia en Servicios Sociales como impropia”.

El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes. De no hacerlo, entienden que serán responsables de contribuir “al sufrimiento y desatención de todas las personas del limbo de la dependencia, especialmente de las 164 personas que fallecen cada día a la espera de prestaciones y servicios a los que tienen reconocido el derecho, de la situación de los diez millones de personas que se encuentran en el precipicio de la exclusión social que es algo más que la pobreza que podrá resolver el Ingreso Mínimo Vital, de las 400.000 personas mayores que viven en las residencias, de otras 43.000 personas con discapacidad en centros residenciales, de las 100.000 más en centros de día, las 450.000 con el servicio de ayuda a domicilio, de las 40.000 personas sin hogar, del millón de personas mayores que viven solas (y sin teleasistencia), de los más de 5.000 niños que sufren violencia en sus hogares (4875 denuncias en 2017 según el Ministerio del Interior) y los casi 50.000 (BEMP Nº 21 2018) en los recursos de protección y sobre los cuales, la futura Ley de Prevención (bienvenida sea) nos adjudica nuevas competencias, además de renovar las que ya tenemos…”

Y concluye: “Confiemos en que los gobernantes autonómicos destinen las cantidades que hubiesen correspondido de haber mantenido el crédito anunciado y eliminado, y que el vicepresidente de Derechos Sociales tenga más autoridad e influencia que la demostrada hasta ahora para defender el cuarto pilar del bienestar del que es competente”.