En el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas acordaron ayer la modificación del Real Decreto 1051/2013, que regula las prestaciones del Sistema de Dependencia. Aumento de las cuantías máximas de las prestaciones económicas, incremento de la intensidad horaria de la ayuda a domicilio y acceso a la atención residencial a las personas dependientes con grado I son algunas de las medidas acordadas.
La modificación, que tendrá que ser aprobada por el Consejo de Ministros después de los trámites preceptivos, se enmarca dentro del Plan de Choque en Dependencia que está implementando el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el cual ha incrementado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, 2022 y 2023, 1.800 millones (600 millones anuales) de su presupuesto para mejorar las prestaciones, reducir las listas de espera y mejorar los apoyos y la atención a las personas en situación de dependencia.
«Agradecemos el trabajo continuado y el compromiso de las comunidades autónomas en materia de dependencia. La colaboración de todas nuestras administraciones es fundamental para mejorar la vida de las personas en situación de dependencia de nuestro país», indicó el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
El Ministerio de Derechos Sociales explica, a través de una nota de prensa, que las modificaciones del Real Decreto, junto a la inversión llevada a cabo por el Gobierno de coalición, “permiten no sólo revertir los recortes en dependencia, sino mejorar la calidad de las prestaciones. Y es que, en apenas tres años, entre la aportación del Estado al SAAD y la apuesta del Gobierno por el cambio de modelo de cuidados gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la inversión total en este ámbito alcanzará los 4.600 millones de euros, una cifra absolutamente histórica en nuestro país, que demuestra el compromiso central del Gobierno por la mejora de los servicios públicos de apoyos y cuidados”.
Reformas más relevantes
Concretamente, las reformas más relevantes del Real Decreto que transformarán y mejorarán el Sistema de Dependencia son:
- La atención residencial se incluye en el catálogo para personas con grado I. Se elimina la limitación de acceso a la atención residencial a los grados II y III que se produjo en 2013. A partir de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto las personas con grado I de dependencia que lo deseen, podrán incorporarse al servicio residencial, dentro del catálogo.
- Acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. El requisito de parentesco y de acreditación de cuidados previos (un año antes de presentar la solicitud) ya no serán obligatorios. La eliminación de estas barreras de acceso se realiza en coherencia con un modelo de cuidados que pone en el centro las preferencias y la voluntad de las personas, su capacidad de elegir cómo y dónde quieren vivir.
Asimismo, se podrán considerar como servicios aquellas prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (PECEF) que lleven aparejadas un servicio de apoyo al hogar de la persona dependiente de forma que se descargue a las personas cuidadoras.
- Incremento de las cuantías máximas de las prestaciones económicas. Tanto las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, como las vinculadas al servicio y para asistencia personal, se verán incrementadas, dejando atrás los recortes que se dieron en 2012, e incluso superando las cuantías que habían antes de ellos.
En el caso de las primeras, se incrementan en un 17,65 %, lo cual absorbe el recorte del 14,9 %. Así, las cuantías máximas mensuales pasarán de los 153 euros a los 180 en el caso del grado I de dependencia; de los 268,79 euros a 315,90 en el caso del grado II y de 387,64 euros a los 455,40 en el caso del grado III.
En cuanto a las prestaciones económicas vinculadas al servicio, se incrementan con carácter general un 4,5 %. Además, en el caso de la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial, se equipará la cuantía máxima del grado II a la que corresponde al grado III (747,25 euros) y en la prestación económica vinculada al servicio de centro de día, se iguala la cuantía máxima del grado I a la que corresponde al grado II (445,30 euros).
También se incrementan en un 4,5 % prestaciones económicas para asistencia personal, pero la cuantía del grado II se iguala a la correspondiente al grado III, quedando de la siguiente manera: el grado I pasará de los 300 euros a los 313,50; el grado II de los 426,12 euros a los 747,25 y el grado III, de los 715,07 euros a los 747,25.
Según los últimos datos disponibles, a 31 de octubre, estas medidas de aplicarse hoy, impactarían de forma directa en más de 700.000 personas que verían incrementadas sus prestaciones.
- Establecimiento de cuantías mínimas en las prestaciones económicas. Actualmente, en la normativa estatal no se establecen cuantías mínimas para las prestaciones económicas del SAAD. Esto supone que las prestaciones económicas pueden ser muy reducidas, incluso cercana a cero euros. Con fecha del 31 de octubre de 2022, en el conjunto de las comunidades autónomas, del total de las 703.000 personas que reciben prestaciones económicas hay 61.400 expedientes en los que la cuantía que se percibe es inferior a 100 euros al mes y 27.750 casos en los que se reciben entre 0 y 50 euros al mes.
Para revertir esta situación se propone que tanto para las prestaciones económicas relativas a los cuidados familiares, vinculadas al servicio, como las de asistencia personal cuenten con una cuantía mínima de 100 euros en el caso del grado I de dependencia; 150 euros para el grado II y 200 euros para el grado III.
- Incremento de la intensidad de las horas mínimas de la ayuda a domicilio. Las actuales intensidades en muchos casos no ofrecen una respuesta suficiente a las personas en situación de dependencia, por lo que se plantean los siguientes cambios: en el caso del grado I, pasar de un máximo de 20 horas mensuales a una horquilla de entre 20 y 37 horas; en el caso del grado II, de entre 21 a 45 horas a entre 38 y 64 horas y para el caso del grado III, un aumento de entre 65 a 94 horas, desde las 46 a 70 horas actuales.
Asimismo, se plantean otras modificaciones de menor calado, y que en algunos casos vienen motivadas por mejoras técnicas, como la adaptación a la normativa de protección de datos; actualizar la normativa de baremo de valoración de la discapacidad; indicar la teleasistencia como servicio complementario o la especificación de que los máximos de intensidad del SAD son ampliables por las comunidades autónomas.
Otras modificaciones de interés
En cuanto a los otros puntos del día tratados por el Consejo Territorial, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha acordado la creación de un grupo de trabajo para abordar la situación derivada de la falta de profesionales con formación en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la finalización de la estadística semanal de residencias y COVID-19, y ha presentado al órgano la “Estrategia de Desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad.
El Acuerdo recoge los siguientes compromisos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas: la contribución al diseño, la implementación y la consecución de los objetivos marcados por la Estrategia Nacional; la creación de instrumentos y mecanismos de coordinación y cooperación entre los servicios sociales y los departamentos de vivienda; el desarrollo de un sistema de prevención orientado a la detección, la atención temprana y la reducción de las consecuencias del sinhogarismo; la asignación de suficientes recursos económicos a la transformación del sistema y fomentar el acceso a una vivienda asequible y de calidad para personas en situación de sinhogarismo y otros perfiles en riesgo, mediante el impulso de la vivienda social y de promoción pública y generar conocimiento sobre la realidad del sinhogarismo e incorporar los aprendizajes obtenidos de la innovación y los proyectos experimentales en las políticas públicas en cada territorio.
Estrategia de desinstitucionalización
Por último, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 presentó a las comunidades autónomas la “Estrategia de desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad”, un proyecto que articula las recomendaciones a España desde la Comisión Europea en materia de modelo de cuidados. Además, esta Estrategia es un compromiso que el Gobierno de España ha adquirido con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
Este proyecto, que se encuentra en sus primeras fases, sigue las orientaciones de las normativas internacionales que promueven que las personas puedan vivir en los entornos comunitarios con los apoyos y cuidados que necesiten, y responde al deseo y aspiraciones de muchas personas que expresan su deseo a elegir cómo quieren vivir. Para ello, se inspira en las recomendaciones de distintos estudios e investigaciones y en la experiencia y aprendizajes de los países que más han avanzado en las políticas de cuidados.
Según se explicó en el Consejo Territorial, la voluntad del Gobierno es elaborar la Estrategia en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en servicios sociales, además de una amplia participación personas con necesidades de apoyos, ciudadanía, órganos consultivos, profesionales del sector, entidades del tercer sector, entidades y empresas prestadoras de servicios, agentes sociales, personal investigador y de la academia. En este sentido, el Gobierno informará a las autonomías de los pasos que se van dando, así como sobre los resultados que serán sometidos a consulta con objeto de recabar el consenso.
Se trata, según el Ministerio de Derechos Sociales, de una “fantástica oportunidad” para seguir impulsando el cambio de modelo en los cuidados de larga duración e impulsar el desarrollo de nuevas modalidades de servicios de proximidad.
