Las patronales de la dependencia, integradas por Cecua, Lares Andalucía, FADE y Faecta, celebraron el 19 de noviembre un encuentro telemático con sus asociados para consensuar las movilizaciones que se pondrán en marcha a corto plazo para denunciar la inacción de la Junta de Andalucía.
En esta sesión de trabajo, los representantes de estas patronales analizaron las causas que están llevando a una situación límite el servicio de atención a las personas dependientes en Andalucía, aprobando el desarrollo de las acciones que van a llevar a cabo para denunciar la inacción de la Junta de Andalucía.
Según apuntan, “el Gobierno andaluz no ha sido capaz de dar una respuesta digna y responsable que permita garantizar la sostenibilidad del sistema de dependencia en nuestra comunidad, limitándose de forma unilateral a brindar al sector propuestas vacías que son, además de un despropósito, una falta de respeto tanto para las personas usuarias como para las trabajadoras del sector”.
Asimismo, las patronales del sector de la dependencia anuncian que, tras no ser escuchadas y ante los múltiples intentos de entablar negociaciones con los máximos representantes de la Junta de Andalucía, entre quienes está Juan Manuel Moreno y Juan Marín, presidente y vicepresidente del ejecutivo andaluz, se ven abocados a iniciar una serie de movilizaciones públicas para visibilizar el abandono del sector y el riesgo que supone para los 1,2 millones de personas con más de 65 años que viven en Andalucía.
Estas acciones están enfocadas a concienciar a la ciudadanía ante la dejación que sufren centros residenciales, centros de día y servicios de ayuda a domicilio en Andalucía sin atisbo de mejora, “debido a la falta de voluntad del Gobierno. Ha quedado demostrado que entre sus prioridades no está garantizar un servicio esencial para la ciudadanía, como es el de los cuidados a las personas mayores y en situación de dependencia”.
Resolver la infrafinanciación del sector
Cecua, Lares Andalucía, FADE y Faecta han presentado a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación una propuesta avalada por estudios de mercado en la que exponen la fijación progresiva a 3 años de unas tarifas concertadas, que garanticen la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la cobertura del servicio que prestan a las personas dependientes, al tiempo que plantean la necesidad de ocupar las plazas vacías para reducir la lista de espera.
Además, exigen a la Junta de Andalucía que haga una apuesta real por la atención a las personas dependientes, con el fin de acabar con la “insultante infrafinanciación a la que está sometido este servicio. La ausencia de una financiación justa coloca a Andalucía en el vagón de cola del sector sociosanitario y provocará la quiebra del sistema de dependencia andaluz”.
Asimismo, solicitan la equiparación de Andalucía a otras comunidades autónomas donde sí se ha producido desde el diálogo y consenso un acuerdo sectorial. Destaca el caso de Madrid, donde la subida pactada ha sido del 37% y no del 2,6% como ha dictado la Junta de Andalucía de manera unilateral.
Para las patronales, esta diferencia en las tarifas provoca una brecha entre comunidades que se traduce en una vulneración de un derecho ciudadano que discrimina negativamente a los andaluces, no garantiza la sostenibilidad del sistema y no dignifica el trabajo de los y las profesionales del sector.
En este sentido, destacan que las residencias de mayores de Madrid reciben casi 20 euros más por cada plaza concertada y cada día de ocupación, con un incremento del 37% llegando hasta los 74,88 euros. En Andalucía, sin embargo, el incremento es de 2,60%, 491,38 euros al año. “La Junta de Andalucía, no apuesta por la calidad de los servicios”, aseguran.
Propuesta del sector
Desde Cecua, Lares Andalucía, FADE y Faecta han solicitado en varias ocasiones la adopción de una serie de medidas orientadas a la mejora del sistema de dependencia andaluz. Entre ellas, está la adopción de mecanismos más flexibles que permitan la reducción de la lista de espera, un plan de choque que mejore la tasa de reposición que conlleve el aumento de valoradores/as y personal técnico, tanto a nivel de Servicios Sociales comunitarios, Delegaciones Territoriales y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA).
También apuntan que es necesario un sistema automatizado, similar al que emplea la Consejería de Educación y Deporte con las plazas de escuelas infantiles o de primaria, para reducir la ardua burocracia ya que, desafortunadamente, en muchos casos, cuando se finaliza el proceso de solicitud y valoración, ya no son necesarios los cuidados demandados y el usuario comienza un nuevo procedimiento desde cero.
