Ante el repunte de contagios de COVID-19 en las residencias de mayores, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone algunas medidas urgentes en relación a la investigación, la atención sanitaria y las actuaciones de prevención y contención.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sugiere que Salud Pública realice de forma urgente un estudio inmunológico para constatar el grado de inmunidad que existe actualmente en las residencias de personas mayores. Y si del mismo se dedujera la pérdida de eficacia de la vacuna, vacunar con una tercera dosis a las personas residentes y a las que trabajan en estos centros.
También consideran esencial proporcionar PCR a todos los centros para que realicen pruebas semanales a residentes y trabajadores, así como a toda persona de nueva contratación o a su vuelta de vacaciones.
Aunque su eficacia es más limitada, exigen prueba de antígenos o prueba de vacunación completa (pasaporte COVID) a todas las personas que visiten a los residentes o que deban entrar al centro.
Medidas de confinamiento
Cuando se detecten casos positivos entre residentes o trabajadores en una residencia, las medidas de confinamiento deben limitarse a los contagios de riesgo (personas o espacios determinados), y no a todo el centro. “El confinamiento general de todas las personas residentes puede ser, en ocasiones, más letal que el propio virus”, explican.
Del mismo modo, aconsejan a las personas residentes que en sus salidas con familiares permanezcan en lugares abiertos, evitando espacios cerrados antes de recibir la tercera dosis y dejar pasar 15 días desde la misma.
Atención sanitaria efectiva y presencial
Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales creen conveniente que, siempre que sea necesario, se proporcione una atención médica efectiva y presencial desde los centros de salud y los especialistas a las personas que viven en las residencias. Así lo concretan: “Esperamos que, ante este incremento de casos, los servicios del Sistema Nacional de Salud, y en especial los servicios de Salud Pública en cada comunidad autónoma, actúen de manera proactiva, especialmente desde los centros de salud, con una presencia efectiva en los centros para atender a las personas de su cupo o personas en su área sanitaria”.
Según responsables de la Asociación, “son muchas las residencias de mayores que no han recibido, desde hace meses, la visita de médicos del centro de salud correspondiente, lo que supone una quiebra del derecho de ciudadanía de las personas mayores que viven en estos centros a recibir asistencia sanitaria en el lugar donde viven”.
En la misma línea, denuncian que tampoco se han recibido visitas presenciales de los responsables de epidemiología en cada región sanitaria: “La actuación de los servicios de salud en los centros sanitarios no se puede limitar a exigir datos y dar órdenes sobre lo que deben hacer o dejar de hacer. Las personas que viven en los centros de mayores necesitan, como cualquier ciudadano, cuidados médicos y servicios de salud pública por parte del Sistema Nacional de Salud, no solo inspectores”.
