La sostenibilidad económica del Sistema de Dependencia, mejorar los salarios y reducir las diferencias salariales por género o la excesiva complejidad para acceder al Sistema de Dependencia son algunas de las principales conclusiones del informe de evaluación del Sistema de Dependencia publicado recientemente. Asimismo, el documento destaca el insuficiente desarrollo de los mecanismos de regulación, acreditación, inspección y certificación que permiten avanzar hacia una atención de calidad.
La aprobación del Plan de Choque en Dependencia, el 15 de enero de 2021, con el apoyo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia (CTSSD) y el Diálogo Social, tenía entre sus objetivos la evaluación del SAAD para diagnosticar y mejorar el desarrollo del Sistema de Dependencia. Un trabajo muy demandado tanto por la Administración Pública como por los profesionales del sector, sobre todo teniendo en cuenta que ya han transcurrido más de 15 años desde el inicio de su aplicación.
El presente informe ha sido encargado por el Ministerio de Derechos Sociales a un equipo de investigadores de diversas universidades, capitaneado por Gregorio Rodríguez Cabrero de la Universidad de Alcalá de Henares.
Tras analizar los Cuidados de Larga Duración (CLD) en el ámbito nacional y la Unión Europea, el informe analiza las siguientes dimensiones estructurales:
- Normativa estatal, territorial e internacional que regula el SAAD.
- Gasto público en dependencia, su financiación y coste
- Cuantificación del empleo formal en dependencia, así como las características de la contratación, la calidad del empleo y los salario
- Gestión del SAAD relacionada con el sistema de prestaciones y servicios y los procesos de acceso a la valoración de la situación de dependen
- Estructura de la oferta de servicios de dependencia, así como el impacto macroeconómico del gasto en dependen
- Impacto de las prestaciones desde la perspectiva de lograr la máxima calidad de vida de las personas beneficiarias y la mejora de su autonomía personal.
Este informe analiza también dos dimensiones transversales relevantes en el desarrollo de la LAPAD:
- Perspectiva de género mediante el análisis de la naturaleza del trabajo de cuidados informal y del empleo formal, sobre todo de las mujeres, que son la población cuidadora mayoritar
- Perspectiva de la discapacidad y la promoción de la autonomía personal, mediante un análisis de la aplicación y alcance del SAAD desde el enfoque de las personas con discapacidad en situación de dependencia y su adecuación a los principios y derechos reconocidos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Convención).
Principales conclusiones
- Convergencia relativa entre el SAAD y los modelos de CLD en la Unión. Europea. Los modelos nacionales de protección social más avanzados de la UE han reforzado progresivamente el derecho social de acceso a los CLD y, al mismo tiempo, la doble lógica de la centralidad y autonomía de las personas y de la atención hasta donde sea posible en su domicilio y comunidad. El Plan de Choque en Dependencia, la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización, y las inversiones del Plan de Apoyos y CLD de España asumen esta doble lógica.
- Reforma de la normativa para adecuarse a las necesidades de las personas y al desarrollo de su autonomía. Del análisis se deduce la necesidad de reducir la complejidad normativa. El sistema normativo que regula el SAAD es complejo debido a que en el mismo tienen competencias la AGE, el CTSSD, las CCAA y las entidades locales. Una complejidad cargada de ambigüedades competenciales y con una normativa prolija y desigual.
- El reto de la sostenibilidad económica del SAAD. El gasto de las prestaciones de dependencia en 2021 alcanza casi 10 mil millones de euros y supone un gasto por persona beneficiaria de 8.321 euros año, además de la bonificación de la cuota de la Seguridad Social de algo más de 67 mil personas cuidadoras familiares. Esta inversión social beneficia a mediados de 2022 a casi un millón y medio de personas protegidas en el ámbito del SAAD. Esto supone en 2021 que el gasto público alcance el 0,82 % del PIB, aunque esta cifra queda lejos del objetivo marcado en la memoria económica de la ley, que señalaba el 1 % cuando la LAPAD estuviera completamente desplegada, es decir, en 2015. También, queda lejos de los estándares de los países más desarrollados de la Unión Europea.
- El sostenido crecimiento del empleo de los cuidados profesionales en el sector de la dependencia necesita de la mejora de su estabilidad, calidad y remuneración salarial. Mejorar los salarios y reducir las diferencias salariales por género es una exigencia inaplazable para la mejora de la calidad del empleo.
- El acceso al SAAD en sus diferentes fases y procesos es manifiestamente mejorable. La reducción de los tiempos de espera comprometido en el Plan de Choque de 2021 se debe intensificar. Existen dificultades que complican la gestión eficaz del SAAD que tienen que ver con la agilidad y la flexibilidad. El informe destaca que la complejidad institucional del SAAD es fuente de ineficacias. Con un marco de gobernanza central (la AGE), la responsabilidad principal en manos de las CCAA y una parte significativa de los servicios en manos de diversas entidades locales, se puede afirmar que el SAAD está repartido por la totalidad de los niveles de gobierno. Esto aumenta la complejidad de la gestión y los costes derivados de la coordinación y el intercambio de información entre administraciones.
- El valor añadido económico del SAAD es un hecho consolidado, tanto en la oferta de servicios como en el impacto macroeconómico. Las empresas y organizaciones prestadoras de servicios de atención a la dependencia suponen el 0,21% del total de las empresas españolas, pero tienen una mayor dimensión que estas últimas y presentan un mayor empleo relativo, con especial importancia de aquellas que contratan entre 10 y 49 personas trabajadoras y entre 1 a 9 personas trabajadoras.
- La suficiencia, adecuación y calidad de las prestaciones y servicios es un reto permanente para el desarrollo del bienestar de las personas beneficiarias del SAAD. Los servicios y prestaciones proporcionados por el SAAD no se ajustan suficientemente a las necesidades de las personas en situación de dependencia, debido tanto a la escasa intensidad de la mayoría de ellas, como a sus limitaciones en términos de calidad, además de la propia limitación del catálogo de prestaciones y servicios, definido hace 16 años. Asimismo, el informe destaca que no se han desarrollado suficientemente en España los mecanismos de regulación, acreditación, inspección, certificación, estandarización y evaluación de la atención que permiten avanzar hacia una atención de calidad. Además, considera que la cartera de servicios actual no es suficiente para atender a la demanda y necesidades reales de las personas en situación de dependencia. Es necesario introducir nuevos servicios y prestaciones y fomentar fórmulas más flexibles para la provisión de apoyos diversos en la comunidad.
- Familismo, mercantilización y fuerte feminización de los cuidados en dependencia.
- Aplicar plenamente la Convención, la promoción de la autonomía personal y la mejora de la protección social de colectivos de riesgo. La LAPAD no ha incorporado plenamente la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Sus enfoques son muy diferentes, pues mientras la Convención se inspira en el paradigma de la autonomía personal, la LAPAD aborda el binomio autonomía-dependencia desde un enfoque fundamentalmente asistencialista y gerontológico. En su concreción práctica tiende a restringir la definición de autonomía a la capacidad de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
En el próximo número del periódico BALANCE Sociosanitario concretaremos cada una de estas conclusiones y profundizaremos en las recomendaciones de mejora y perfeccionamiento del SAAD.
