Los sindicatos CCOO, UGT y las patronales Aeste y Asade han consensuado un documento que evalúa la situación actual del Sistema de Dependencia y plantea un Plan de Choque en residencias y servicios de proximidad ante un posible rebrote de COVID-19, en el que destacan tres puntos: una adecuada coordinación sociosanitaria, una financiación suficiente y la dignificación de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.

Carlos Bravo, secretario Confederal de CCOO; Adela Carrió, secretaria Confederal de UGT; Jesús Cubero, secretario general de Aeste, y Valeriano López, portavoz de ASADE, ofrecieron esta mañana una rueda de prensa para exponer que la crisis provocada por el COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de evaluar la aplicación y el desarrollo de la Ley de Dependencia y definir medidas urgentes ante un posible rebrote.

Previo a la rueda de prensa, sindicatos y patronales mantuvieron una reunión con el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, a quien expusieron el documento y le solicitaron la constitución, de manera inmediata, de una mesa de diálogo social. “Su respuesta ha sido positiva y como primer resultado, el Ministerio nos convocará para abordar las cuestiones de carácter urgente y contemplar, más adelante, aquellas de carácter más estructural, que tienen que ver con la dotación de recursos”, explicó Carlos Bravo de CCOO.

El documento suscrito tiene un doble objetivo. En primer lugar, y como acción inmediata, proponer un plan de choque, en colaboración con los agentes sociales, para garantizar una respuesta eficaz frente a un posible rebrote de COVID que, tal y como expuso Bravo, “se ha cobrado la vida de 14.000 personas en residencias y 8.000 en domicilios particulares”. Y, en segundo lugar, a medio plazo, abordar de manera efectiva el modelo de coordinación sociosanitaria previsto en la Ley de Dependencia.

Pero la propuesta del plan de choque es mucho más ambiciosa y pretende abordar el SAAD. En este sentido, Bravo denunció “la infrafinanciación que se concentra en el Estado, ya que desde 2012 vemos decrecer su aportación”. Esta falta de una financiación adecuada impacta en la calidad del servicio “y en la precariedad laboral de un sector altamente feminizado. Necesitamos calidad y estabilidad en el empleo para atraer a los mejores profesionales”. En este punto, destacó la importancia de trabajar junto con las patronales en el convenio colectivo del sector.

Por su parte, Adela Carrió de UGT recordó la situación tan complicada por la que han pasado los profesionales del sector de atención a la dependencia. “No son sanitarios, y no tenían los EPI adecuados que, por otra parte, tampoco sabían utilizar”, señaló. Asimismo, subrayó la necesidad de revisar las ratios de los profesionales: “No deben establecerse a nivel global, sino por especialidad o categoría profesional para cubrir las necesidades reales y no aquellas genéricas”. Carrió también defendió las inspecciones de trabajo “y la realización de auditorías para diagnosticar la situación y atajar malas prácticas con medidas contundentes”. Para contribuir a mejorar la calidad de los cuidados, la responsable de UGT puso en valor la coordinación sociosanitaria y, sobre todo, la dignificación de las trabajadoras, a través de formación y mejoras salariales.

Por parte de las patronales, Jesús Cubero de Aeste también subrayó la necesidad de definir medidas que incidan en una mayor calidad del servicio como, por ejemplo, la profesionalización del sector “para dignificar social y económicamente la profesión del cuidador. Pero, para ello, es necesaria una financiación suficiente que nos permita implementar medidas y mejorar los salarios”.

Respecto a una mayor calidad asistencial, Cubero también defendió la necesidad de crear un sistema de acreditación, “porque no todos los centros están preparados para atender a todos los grados de dependencia. Además, el perfil de los residentes ha cambiado. Estamos hablando de personas que tienen 84 años de media, polimedicadas y con graves situaciones de dependencia, que necesitan un incremento de la atención sanitaria que tienen que llegar del sistema público de salud”.

Finalmente, el portavoz de las entidades de ayuda a domicilio, Valeriano López, subrayó la necesidad de estandarizar los servicios, a través de modelos de certificación de calidad, con el objetivo de que la prestación del servicio tenga unos mínimos que sean iguales en todo el Estado. “Todas las empresas deben cumplir con los estándares de calidad y si bien las inspecciones de trabajo son una herramienta útil, la Administración debe crear un  organismo de inspección para sacar del mercado a las empresas que no cumplan con la calidad”, manifestó contundente López.

Asimismo, compartió con sus compañeros de mesa la necesaria profesionalización del sector y una mayor financiación, “que no es el coste del servicio. La financiación  es lo que cuesta la prestación de un servicio”. Todo ello, redundará en una mejora de la calidad del servicio y en la dignificación de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.

 

Plan de Choque

El Plan de Choque que restituya la calidad y la suficiencia de las prestaciones del Sistema de Dependencia se resume en los siguientes puntos:

1º) Recuperar la calidad de la atención como eje articulador y objetivo prioritario del Sistema de Dependencia, así como la mejora de la calidad en el empleo, imprescindible para prestar una atención de calidad.

2º) Liderar y hacer un seguimiento desde el gobierno central del proceso, que marcará la agenda de trabajo con el resto de administraciones y actores implicados, garantizando su cumplimiento y recuperando el nivel de financiación vinculado a los compromisos de dicha agenda.

3º) Evaluar el proceso de implantación del SAAD con la participación del conjunto de administraciones y actores implicados y realizar una auditoría para conocer los efectos de la crisis sanitaria en el sistema y la respuesta que se ha dado desde los distintos centros y servicios que lo conforman.

4º) Revertir los recortes impuestos durante la crisis anterior mejorando la financiación del SAAD y revisar tanto el catálogo de prestaciones como los requisitos para la acreditación. Entre estos requisitos están la adecuación de las ratios profesionales, desglosadas por categorías profesionales, a los cuidados que precisan los usuarios tanto en volumen como en calidad de los mismos. Una mayor financiación debe mejorar ostensiblemente las retribuciones del personal que trabaja en el sector, ante la escasez de profesionales que está empezando a dificultar prestar una adecuada atención a las personas dependientes. La mejora tanto de las retribuciones como de las condiciones laborales hará que es sector sea más atractivo, algo imprescindible ante la escasez de profesionales que está empezando a dificultar prestar una adecuada atención a las personas dependientes.

5º) Agilizar la modificación de los grados de dependencia que contribuirá a garantizar la calidad de la atención en los términos planteados por la Ley de Dependencia.

6º) Revisar  los instrumentos que  garantizan el control público de la calidad en los servicios, y articular los mecanismos efectivos de intervención, entre ellos la inspección, es uno de los mecanismos a implementar porque permite garantizar la calidad en las prestaciones .

7º) Establecimiento de un modelo de coordinación socio-sanitaria bajo la coordinación y supervisión de los servicios públicos de salud.

8º) Reorganización de los centros de atención de personas dependientes, en función de los grados de dependencia de los usuarios y del volumen de usuarios de los diferentes grados, y teniendo en cuenta determinados perfiles de atención sanitaria de las personas dependientes, sobre todo los relacionados con el deterioro cognitivo y patologías y secuelas neurológicas. A este fin, se creará un sistema de acreditación de centros residenciales por niveles, que permita atender a todas las personas mayores en función de sus necesidades de atención social y sanitaria.

9º) Creación de sistema público centralizado de información que permita disponer en tiempo real de la situación en todos y cada uno de los centros residenciales. Este sistema posibilitará disponer de un censo real de centros residenciales y potenciar la transparencia hacia la sociedad en la gestión de todos los servicios incluidos en el SAAD.

10º) Potenciar los servicios de promoción de la autonomía personal para posibilitar que la persona mayor pueda vivir con las garantías suficientes en su hogar el mayor tiempo posible. Para ello, se potenciarán los servicios de Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Centros de Día/Noche.

11º) Atribución a la jurisdicción social de los litigios en materia de Dependencia.

12º) Restablecimiento del Diálogo Social, fundamental para abordar y consensuar las soluciones y decisiones, que deben ser tomadas en el menor tiempo posible.

 

Propuesta Final SAAD ASADE AESTE CCOO UGT