El «Informe final del grupo de trabajo COVID-19 y residencias», elaborado por el grupo de trabajo creado en el seno de la Comisión Delegada del Consejo Territorial con aportaciones de los agentes sociales, ha sido presentado, el pasado 2 de diciembre, en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Este informe desvela datos de gran interés sobre la evolución del COVID-19 en las residencias de personas mayores como, por ejemplo, el fallecimiento de 20.268 personas mayores, de las cuales 10.364 son casos confirmados y 9.904 con síntomas compatibles.
El último reporte de datos por parte de las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad (de 23 de junio) presentaba un total acumulado de 18.883 defunciones. Este dato ha sido contrastado, depurado y corregido posteriormente por el Imserso hasta los 20.268, de los cuales el 51 % estaba confirmado mediante prueba, análisis serológico, etc. (10.364 fallecimientos), mientras que 9.904 fallecimientos se notificaron como “con síntomas compatibles” con el COVID-19, es decir, sin confirmación (hay que recordar que inicialmente no se disponía de pruebas diagnósticas precisas).
Este informe es fruto de la importante labor llevada a cabo por parte del grupo de trabajo creado en el seno de la Comisión Delegada del Consejo Territorial, que además ha contado con la participación de los agentes sociales (centrales sindicales y patronales del ámbito de las residencias) y territoriales (municipios y provincias) representados en el Comité Consultivo. Asimismo, se han tenido en consideración las aportaciones realizadas por parte de los actores sociales y sociedades científicas.
Diferencias entre la primera y segunda ola
Si acudimos a los datos de fallecimientos por COVID-19 o a los excesos de mortalidad observada sobre la esperada, el informe confirma que es obvia la mayor afectación de las personas mayores.
Para el periodo de primera oleada, el sistema de vigilancia MoMo, gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), determinó un exceso de fallecimientos en España por todas las causas de 44.593 personas (entre el 10 de marzo y el 9 de mayo se registraron 111.253 fallecimientos, frente a los 66.660 esperados para ese periodo de tiempo), con un incremento del 66,9 %. Para ese mismo periodo y en el segmento de edad de 75 años en adelante, la mortalidad excesiva ascendió a 37.227 fallecimientos (85.042 observados frente a los 47.815 esperados) con un incremento del 77,9 %, sensiblemente mayor al incremento global.
Comparativamente, para esta fase inicial de segunda oleada, entre el 10 de julio y el 29 de octubre, y para las personas mayores de 74 años, el exceso de mortalidad fue de 12.391 (90.031 defunciones observadas sobre 77.640 esperadas) con un incremento de la mortalidad del 16 %, es decir, casi cinco veces menor que en la fase inicial de la pandemia.
Por qué disminuyó la mortalidad
La disminución de los excesos de mortalidad entre personas mayores respecto a la primera fase tiene entre uno de sus factores explicativos más obvios la reducción en los contagios producidos. Por otra parte, es evidente la mejora de las capacidades diagnósticas, el avance en el conocimiento de la clínica de la enfermedad en las personas mayores junto a una mayor capacidad de respuesta, lo que incidiría en una menor letalidad. También habrán contribuido sin duda muchos factores entre los que seguro están la mayor conciencia de riesgo y la responsabilidad en el comportamiento de las personas mayores y de sus allegados, así como las medidas de control de la pandemia en instalaciones críticas como son los centros residenciales.
Esto se debe sin duda a que, tal y como expone el informe, a partir de junio los contagios se trasladaron mayoritariamente a los ámbitos de reunión y contacto social, familiar y laboral en forma de brotes controlados, «si bien las peculiaridades de cada contexto (por ámbitos geográficos concretos) tiene que llevarnos a no bajar en ningún momento la guardia, adoptando especiales precauciones relacionadas con los colectivos vinculados a centros residenciales».
Aspectos muy importantes como la mayor o menor concentración del patógeno en espacios cerrados o abiertos y los tiempos de exposición al mismo han de ser observados como muy importantes por ser inherentes a la actividad residencial.
«Por lo tanto, la gravedad de lo acaecido entre marzo y mayo es la evidencia palmaria de que la protección a las personas que están en centros residenciales, por su vulnerabilidad frente a la infección, debe ser considerada absolutamente prioritaria en la gestión global de la pandemia», explica el informe.
Lecciones aprendidas
Además de recopilar las lecciones aprendidas en el ámbito de la atención residencial durante la primera ola de la pandemia, el informe recopila en anexos algunos trabajos que se fueron desarrollando en los meses anteriores en conjunto con las comunidades autónomas:
- Marco común para la aplicación en el ámbito de los servicios sociales del Plan de Respuesta Temprana.
- Lista de verificación común para los planes de contingencia.
- Una recopilación y sistematización de las medidas adoptadas para asegurar la coordinación sociosanitaria en los diferentes territorios autonómicos.
- Propuesta de sistematización de información y adecuación al European Center for Disease Prevention and Control (ECDC).
El informe tiene carácter dinámico y está sometido a revisiones: Covid-19 y servicios sociales.
