Analizar la situación actual de la atención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid y plantear propuestas para fortalecer la colaboración público-privada son los principales objetivos del informe “Colaboración público-privada en el ámbito sociosanitario de la Comunidad de Madrid”, elaborado por CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, a través de su Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.

El informe pretende situar en primera línea de la agenda política la necesidad de articular un modelo eficiente de colaboración público-privada para impulsar el papel empresarial en las políticas sociosanitarias, con el fin de desarrollar un catálogo de servicios y prestaciones adaptado a las nuevas necesidades de atención sociosanitaria de las personas mayores y en situación de dependencia de la región

“Es la primera vez que se publica un documento de estas características. No se trata de un informe parcial, sino general que pone en valor la coordinación de los servicios sociales y sanitarios en un entorno de colaboración público-privada. Apostamos por el camino que permite la convergencia entre ambos sistemas para afrontar el futuro de la atención sociosanitaria”, afirma el vicepresidente de CEIM y presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, Carlos González Bosch.

El informe se divide en siete capítulos que abordan las siguientes cuestiones: elementos económicos que caracterizan la colaboración público-privada, análisis de las formas de gestión de la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, atención a las personas en situación de dependencia, mutualismo laboral, atención farmacéutica, tecnología sanitaria e investigación y envejecimiento de la población. El informe finaliza con las conclusiones extraídas a partir de la información analizada y las propuestas de mejora desde la perspectiva empresarial. Conclusiones que el CEIM trasladará a los responsables políticos competentes en las diferentes materias, así como a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

La realización de este informa no habría sido posible “sin la generosa contribución de los miembros de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales y, en particular, la de un reducido grupo de expertos sectoriales que han enriquecido notablemente este documento: Grupo SENDA, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Farmaindustria, Asociación de Farmacéuticos de la Comunidad de Madrid (Adefarma), Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (Amade), Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y Asociación de Hospitales Privados de Madrid”, afirman desde CEIM.

Colaboración público-privada en el sector sociosanitario

El informe parte de la definición de espacio de atención sociosanitaria que da la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: “Conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social”. Y González Bosch añade que “no hay diferencias tan acusadas entre sanidad y servicios sociales. De hecho, ha habido ministerios y consejerías que han unido ambos espacios en uno. Los usuarios de servicios sociales y sanidad tienen mucho en común”.

Por otra parte, el informe destaca el fortalecimiento del sistema sociosanitario tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, siendo la colaboración público-privada un elemento clave. Asimismo, los autores aseguran que ahora se valora más el carácter esencial de las empresas y trabajadores que desde diversos ámbitos sociosanitarios han contribuido a evitar los contagios, salvar vidas y consolidar un marco de atención de calidad a las personas mayores.

No obstante, la experiencia vivida ha hecho patente la necesidad de contar con un sistema de atención sólido, en el que se considere a las entidades representativas del sector sociosanitario de atención a personas mayores interlocutores necesarios. Para ello, el informe indica que es preciso: 

  1. Sistema de alertas tempranas. Todos los centros residenciales deben tener conocimiento inmediato de los primeros casos de una enfermedad altamente contagiosa, con el fin de evitar una demora en la capacidad de respuesta. 
  2. Test masivo. Resulta imprescindible contar con las pruebas necesarias para realizar test, tanto a residentes como a profesionales, cuando la situación lo requiera. 
  3. Sectorización y sistema de acreditación de todos los centros en función de las posibilidades de cada uno, tanto asistenciales como arquitectónicas, teniendo en cuenta la amplia tipología de centros existentes. Para ello, es necesario un sistema de acreditación porque no todas las residencias son iguales, ni ofrecen los mismos servicios ni con la misma intensidad. Y, por supuesto, no todas las residencias disponen de recursos para hacer frente a situaciones excepcionales de emergencia sanitaria. 
  4. Equipos de protección individual. Si bien su disponibilidad es una competencia de las empresas, ante una situación de saturación como la que se produjo en marzo de 2020, las Administraciones Públicas deben contar con un stock de seguridad que impida el desabastecimiento del mercado. 
  5. Coordinación sociosanitaria. Es evidente que los centros residenciales necesitan apoyo del sistema público de salud para poder ofrecer asistencia sanitaria a las personas mayores. Cada centro debe contar un plan de contingencia individualizado, donde se fije quién va a proporcionar la atención en caso de ser necesario, cómo y cuál será el plazo de respuesta estimado y, sobre todo, un sistema de derivación hospitalaria homogéneo y definido.

A pesar de lo expuesto, González Bosch señala que, actualmente, la colaboración público-privada está marcada por altibajos. “Su eficiencia está más que demostrada y es el motor del cambio necesario para que afloren todas las potencialidades del ámbito sociosanitario. No es razonable que sigan existiendo esos altibajos”, asegura.

Por lo tanto, salvaguardando el sistema sanitario universal, equitativo y de financiación pública, el informe destaca la necesidad de apostar por un ámbito sociosanitario más eficiente, sin generar tensiones ideológicas que solamente perjudican a los ciudadanos. 

Sobre la medicalización de los centros

El informe evidencia que los usuarios de los centros residenciales requieren una asistencia cada vez más sanitaria, con mayor presencia de médicos y personal de enfermería. Por eso, hace hincapié en que resulta clave garantizar una atención sanitaria para todas las personas mayores, asegurando que sus necesidades médicas y sociales estén cubiertas. Por lo tanto, toca rediseñar el modelo de atención del futuro y poner en marcha el espacio sociosanitario…