viabilidad del sector sociosanitario

¿Está en riesgo la viabilidad del sector sociosanitario?

El Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aprobado el pasado 29 de junio en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, adolece de falta de consenso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Disenso que se hace extensivo al sector sociosanitario, que lamenta la aprobación de un acuerdo que nace sin memoria económica. Limitación del tamaño máximo de las residencias, unidades de convivencia de hasta 15 personas e incremento de la ratio de personal son algunos de los puntos más controvertidos del nuevo modelo de atención residencial. Medidas que, tal y como aseguran los presidentes de Aeste, Ceaps, FED y Lares, implican una reducción del número de plazas y, como consecuencia, un incremento de su precio. Por otra parte, Asade lamenta el desconocimiento demostrado hacia la prestación de los servicios de atención domiciliaria. En este contexto, la aplicación de las diferentes medidas aprobadas genera incertidumbre entre los operadores e inversores, porque entienden que algunas de ellas ponen en riesgo la sostenibilidad y viabilidad del sector sociosanitario.

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del 29 de junio, presidido por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aprobó el acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La votación estuvo más que ajustada: 10 votos a favor frente a 9 en contra (las comunidades del PP, País Vasco, Cataluña y la socialista Castilla-La Mancha). Un resultado que evidencia una clara falta de consenso.

“El nuevo modelo de acreditación nace muerto, puesto que aprobar unos cambios tan radicales en el sistema de cuidados teniendo en contra a las patronales, los sindicatos, las plataformas ciudadanas y ocho comunidades autónomas más una ciudad autónoma, que representan más del 71 % de la población del país, es un sinsentido que difícilmente se podrá transponer a las normativas de cada comunidad autónoma y, sobre todo, en el contexto económico que vamos a encontrar a la vuelta del verano”, argumenta el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

Por su parte, el presidente de Lares, Juan Vela, tiene sentimientos encontrados. Por una parte, ve positivo un modelo más humanista, “que se aproxime al concepto de Lares”, y, por otra parte, expresa miedo e incertidumbre por cómo hacer frente a un modelo “insuficientemente financiado”, que puede generar dos Españas a diferentes velocidades: los territorios que han aceptado los criterios de acreditación y los que vayan con sus propios criterios.

Igualmente, si bien Ceaps apuesta por la transformación del actual modelo de atención, sobre todo cuando la generación del BabyBoom está muy próxima a entrar en el sistema de cuidados, su presidenta Cinta Pascual también defiende que el nuevo modelo “debe sustentarse en diferentes pilares, como un precio ajustado para garantizar la sostenibilidad del sistema, comenzando con la Prestación Vinculada al Servicio (PEVS) para responder a las necesidades de las personas que requieren atención de forma exprés o en situación de urgencia”.

Asimismo, Pascual defiende que para desarrollar una transformación real de los cuidados se debe llegar al 2 % del PIB para la dependencia (actualmente es del 0,7 %), al igual que destinan otros países de nuestro entorno, “unido al incremento del precio de la plaza concertada entre los 2.030 euros (a razón de 67,6 euros/día) y los 2.700 euros al mes (90 euros/día)”. En definitiva, subraya que un mejor servicio implica necesariamente recibir más recursos, “y estos solo pueden salir de las arcas públicas o directamente de los bolsillos de los ciudadanos”.

Respecto a la financiación, Fernández-Cid también critica que los requerimientos que exige este modelo “son absolutamente arbitrarios sin ninguna memoria económica ni técnica que los respalde”. Por tanto, entiende que el acuerdo de acreditación es “inaplicable”. Desde su experiencia, lamenta que esta reforma lo único que va a conseguir “es frenar radicalmente la inversión en nuevos centros. Y eso que España aún necesita 75.000 camas más para llegar al 5 % recomendado por la OMS”. De hecho, Fernández-Cid manifiesta que, actualmente, hay en promoción y construcción “más de 38.500 plazas en España”. Pero, durante la negociación del acuerdo de acreditación, “ya se ha notado una ralentización en su desarrollo”.

Si bien el acuerdo afecta, sobre todo, a los centros de nueva construcción, algunas medidas también repercuten en las residencias ya construidas, que tendrán que adaptarse a una nueva normativa que implicará un elevado incremento de los costes que, en la mayoría de las ocasiones, será difícilmente asumible por los centros. De hecho, las patronales consultadas estiman que el cliente privado experimentará un incremento del precio de la plaza en torno al 50 % respecto a las actuales tarifas. Mientras, la administración Pública tendrá que provisionar presupuestariamente el aumento de los costes de las plazas concertadas.

A continuación, profundizamos en las medidas más controvertidas aprobadas en el acuerdo de acreditación, analizadas y valoradas por las patronales del sector de atención a las personas mayores y en situación de dependencia.

Centros residenciales

Las principales medidas aplicadas a los centros residenciales en el acuerdo de acreditación afectan, principalmente, al tamaño de los centros y su organización.

En cuanto a los centros ya construidos, el documento señala que dispondrán, al menos, de un 10 % de las plazas de titularidad pública o de titularidad privada con concierto en habitaciones de uso individual, cuando el centro esté ubicado en zona rural o zona escasamente poblada. Este porcentaje se elevará hasta el 20 % cuando el centro esté ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y hasta el 25 % cuando esté ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas.

Además, un 80 % de las plazas del centro residencial, al menos, deben estar configuradas como unidades de convivencia estables. En estas unidades convivirá un grupo reducido que, en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes, para garantizar un funcionamiento tipo hogar.

Las Administraciones públicas, autonómicas y estatal, promoverán y establecerán medidas de fomento para la adaptación paulatina de todos los centros. Por otra parte, la comunidad autónoma competente en el territorio en el que se ubique el centro podrá expedir, con carácter excepcional, una autorización explícita que acredite la imposibilidad de de hacer frente a alguna de las medidas planteadas.

Una vez entren en vigor las disposiciones normativas en las comunidades que hayan votado a favor, necesarias para dar cumplimiento al acuerdo, los centros residenciales de titularidad y gestión pública cuyo proyecto aún no se haya licitado por parte de las Administraciones Públicas o aquellos de titularidad privada que no dispongan de la licencia de obra, deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Limitación de plazas de los centros residenciales: no podrán superar las 75 plazas residenciales cuando se encuentren ubicados en zonas rurales o escasamente pobladas, las 90 plazas si se encuentran en localidades o zonas de densidad intermedia y las 120 plazas cuando estén ubicados en ciudades o zonas densamente pobladas. No obstante, la comunidad autónoma competente en el territorio en el que se ubique el centro podrá expedir una autorización explícita para que aquellos centros de zonas escasamente pobladas y zonas de densidad de población intermedia, que así lo soliciten expresamente, puedan disponer de un máximo de 120 plazas, siempre que acrediten circunstancias excepcionales de viabilidad económica.
  • Unidades de convivencia. Los centros deberán organizar los espacios correspondientes a la totalidad de sus plazas de titularidad pública o de titularidad privada con concierto en unidades de convivencia estables que, en ningún caso, podrán superar las 15 personas residentes.
  • Habitaciones individuales. Los centros dispondrán de, al menos, el 65 % de las plazas de titularidad pública o de titularidad privada con concierto en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble.

Limitación de plazas residenciales

La presidenta de Ceaps, Cinta Pascual, señala que el tamaño del centro no tiene nada que ver con la calidad que se presta. “Puede tener la misma calidad asistencial, sanitaria y hotelera una residencia de 100 plazas que otra de 25 plazas. El tamaño no importa, lo que sí que importa es el modelo de atención, las herramientas que se utilizan, las medidas de protección y los indicadores de calidad”, insiste Pascual.

En opinión de la presidenta de Aeste, Natalia Roldán, la limitación del número máximo de plazas residenciales, en función de dónde se ubique el centro, es “una limitación más a la libre elección de los ciudadanos. Queremos facilitar que las personas mayores que han vivido toda su vida en una zona rural puedan permanecer en su entorno pero, al mismo tiempo, limitamos las plazas que habrá disponibles”.

De igual manera, Roldán señala la demanda de residencias en zonas urbanas y bien comunicadas para facilitar las visitas de los familiares y la interacción con el entorno, “pero al limitar tanto el número de plazas se producirá un encarecimiento de los precios y, al final, se está trasladando al bolsillo de los mayores una decisión que no se ha consensuado con los principales colectivos de personas mayores”.

Unidades de convivencia

Los profesionales del sector de los cuidados están de acuerdo en la necesidad de convertir los centros en hogares y, para ello, las unidades de convivencia son una excelente opción. “Pero,  ¿por qué de 15 personas?”, se pregunta Natalia Roldán, presidenta de Aeste. A este respecto, afirma “que estamos a la espera de que se presente un informe científico que justifique esa decisión. Lo lógico sería marcar una horquilla que podría oscilar entre 15 y 25 plazas. Hay que fijar indicadores de calidad objetivos y escuchar lo que dicen las personas mayores”. En su opinión, es peligroso someter el futuro del sector y la sostenibilidad del sistema “a idearios políticos con intenciones cortoplacistas en un ámbito que requiere una visión a medio-largo plazo de corresponsabilidad y compromiso”.

Por su parte, Juan Vela de Lares tampoco comprende el criterio que ha llevado a decidir que 15 plazas es mejor que 12 o 18. “Entiendo que el documento lo que deja es un espacio abierto a que lo importante y lo esencial es que este modelo de atención implemente valores como las unidades de convivencia, que los mayores convivan en espacios más reducidos”, asegura Vela.

Ignacio Fernández-Cid de la FED va más allá y afirma que las unidades de convivencia con un máximo de 15 personas “es inviable económicamente en nuestro actual modelo. En países de nuestro entorno, como Alemania, este máximo se eleva a 25 personas y el precio de la plaza es de 3.000 euros de media. La duda es si las personas mayores españolas, con una pensión media de 1.070 euros, podrá pagar esos importes”.

Habitaciones individuales

Aunque puede parecer un avance significativo que el documento establezca que, al menos, un 65 % de las habitaciones sean individuales, la presidenta de Aeste reclama la necesidad de escuchar a las personas mayores. “Todos queremos tener nuestra habitación individual cuando estamos en plenitud de nuestras facultades, pero quizás para una persona que no reciba visitas con frecuencia compartir habitación puede aportar sensación de compañía”, explica Roldán. De la misma manera, añade que matrimonios, hermanos o padres de 90 años con hijos 65 años también son usuarios de los centros residenciales. En cualquier caso, considera que es una buena medida que, inevitablemente, “impactará de nuevo en los precios finales de las plazas”.

Desde la FED, Fernández-Cid coincide en apostar por la mejora continua y, para ello, es necesario evolucionar con las necesidades y demandas de la sociedad. “Los nuevos centros no tienen nada que ver con aquellos de los años ochenta y tampoco tienen nada que envidiar a los que se encontramos actualmente en los países más desarrollados de Europa. Por eso, el incremento de habitaciones individuales seguirá siendo una tendencia y una apuesta clara del sector privado”, afirma.

Lares también valora positivamente que haya más habitaciones individuales, “pero hay que combinar lo deseable y lo que es posible. Habrá centros ya construidos que tengan la posibilidad de tener estas habitaciones individuales y las administraciones que así lo exigen la financiación suficiente. Pero no entendemos que sea impedimento para poder seguir prestando un servicio de calidad”, explica Juan Vela.

Ratio de profesionales

Respecto al personal, el documento del acuerdo de acreditación concreta que los requisitos y estándares irán dirigidos a garantizar la adecuada prestación del servicio respecto a: número de profesionales, cualificación, formación y actualización para el desempeño del puesto de trabajo. Además, las comunidades autónomas que así lo consideren podrán incrementar y mejorar la ratio mínima establecida.

El personal en los centros de atención residencial se subdivide en tres grupos:

  1. Personal de atención directa de primer nivel (Ad1N), que es el personal técnico cuidador, auxiliar o gerocultor. Preferentemente, estará asignado a una unidad de convivencia de forma estable.

El cálculo se realizará considerando en el numerador el número de jornadas completas equivalentes según corresponda en función del convenio o normativa laboral que sea de aplicación y en el denominador el número de plazas ocupadas en el centro residencial, que no podrá ser inferior al 80 % de plazas acreditadas.

Las administraciones competentes podrán autorizar excepcionalmente la disminución de estas ratios previa acreditación por parte del centro residencial de que la ocupación del centro se realiza por personas que no están en situación de dependencia y/o personas en situación de dependencia moderada (Grado I) en más de un 40 % de las plazas.

  1. Personal de atención directa de segundo nivel (Ad2N), que es el personal profesional generalmente de las ramas sanitaria y social que cuenta con titulación de grado universitario o equivalente.

La tipología (terapia ocupacional, atención social, atención psicológica y/o pedagógica, fisioterapéutica, rehabilitadora, atención a la salud, etc.), número y requerimiento se podrá determinar por cada administración competente en su ámbito territorial, en función de las características y necesidades de las personas residentes.

Cuando un centro de atención residencial supere las 30 plazas acreditadas, deberá contar, al menos, con una persona a media jornada que realice las funciones de coordinación y enlace con el sistema sanitario público y supervisión de las pautas de cuidados, ampliándose su número por cada 30 personas residentes o fracción.

El cálculo se realizará considerando en el numerador el número de jornadas completas equivalentes según corresponda en función del convenio o normativa laboral que sea de aplicación y en el denominador el número de plazas ocupadas en el centro residencial, que no podrá ser inferior al 80 % de plazas acreditadas. No computa para el cálculo el personal de atención indirecta (AI).

  1. Personal de atención indirecta (AI), que es el resto del personal del centro dedicado a todo tipo de procesos y tareas de soporte necesarios para su correcto funcionamiento. Comprende personal de limpieza, cocina, lavandería, transporte, mantenimiento, etc., así como los servicios administrativos necesarios.

Estas medidas se traducen en un trabajador por cada dos personas atendidas. Si bien hay un proceso de adaptación, las patronales advierten de que el aumento de la ratio de personal se suma al actual problema de falta de profesionales y al incremento de los costes.

Desde Ceaps, Cinta Pascual muestra su acuerdo con el incremento de las ratios globales de profesionales, “siempre que vaya ligada a un aumento de financiación y vinculado a un presupuesto finalista año a año. Los incrementos de ratios globales están muy bien, pero no solo para las plazas públicas. Deben ser para todas”.

Para la presidenta de Aeste, la ausencia de una memoria económica que haga viable este cambio de modelo y la falta de profesionales de enfermería, medicina o auxiliares “es otro ejemplo más de la imposibilidad actual de convertir en realidad este modelo de cuidados”. Por ello, Roldán demanda la necesidad de un informe diagnóstico para conocer los problemas actuales del modelo de atención, un plan ordenado para reducir y eliminar las listas de espera y una comisión de coordinación interministerial para determinar el número de profesionales que se necesitarán durante los próximos años para garantizar la atención a todos los mayores.

Por su parte, el presidente de Lares, Juan Vela, defiende que para conseguir más profesionales, Administración Pública y entidades deben implicarse para hacer atractivo el sector de los cuidados y captar a nuevos profesionales que, sobre todo, decidan quedarse. “Para ello, las condiciones laborales tienen que mejorar, mediante programas de formación específica, tanto dirigidos al personal actual como el que venga, sobre el nuevo modelo de atención residencial. Dignificar el sector y mejorar su imagen es imprescindible para atraer a profesionales hacia el sector sociosanitario”, detalla Vela.

Desde la FED, Ignacio Fernández-Cid reivindica soluciones realistas a corto y medio plazo para la actual falta de profesionales. “Así se lo hemos comunicado a los responsables de las diversas áreas del Gobierno y de las comunidades autónomas implicadas, a quienes hemos ofrecido soluciones concretas. Obviar esta situación y exigir el cumplimento de determinados requerimientos adicionales es darle la espalda a la realidad”, explica Fernández-Cid. Por ejemplo, asegura que es imprescindible que el sistema público sanitario “colabore activamente con nuestros centros y complete la atención sanitaria que prestamos a nuestros dependientes”.

Atención libre de sujeciones

El acuerdo de acreditación aprobado subraya que todas las personas atendidas en el ámbito del SAAD tienen derecho a recibir una atención libre de sujeciones, ya sean físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, y también libre de coerciones. El reconocimiento de la dignidad y la promoción de la autonomía de la persona debe ser el eje vertebrador de la atención a todas las personas.

Además, concreta que las residencias y centros de día deben tener un compromiso formal respecto a la atención libre de sujeciones y coerciones, que se acreditará mediante un Plan de Atención Libre de Sujeciones que contemplará la supresión total y segura de las sujeciones. Únicamente será posible su utilización de manera excepcional y de urgente necesidad cuando exista un peligro inminente que ponga en riesgo la seguridad física de la persona usuaria, de las personas cuidadoras o de terceras personas y que, además, hayan fracasado otras medidas alternativas. La utilización de estas sujeciones tendrá siempre carácter temporal y proporcional.

Este Plan deberá ser aprobado por Inspección, teniendo la entidad prestadora del servicio que asegurar su completa y efectiva implantación antes del 30 de junio de 2025.

Para que sea posible, se proporcionará formación al personal de atención directa.

Asimismo, cualquier sujeción estará sometida a un procedimiento documentado que contará con prescripción médica, supervisión técnica y con consentimiento informado a la familia. También será obligatoria la comunicación al Ministerio Fiscal.

Sobre esta cuestión, la presidenta de Aeste asegura que en todos y cada uno de los centros y servicios orientados a personas en situación de vulnerabilidad se vela por su dignidad. “Se trabaja sobre proyectos de intervención y planes de cuidado con objeto de potenciar, recuperar y preservar, durante el mayor tiempo posible, la capacidad de independencia y de autonomía de las personas atendidas, Por ello, cualquier avance que se pueda dar en este sentido es bienvenido. La pauta profesional sobre el uso de sujeciones requiere de unos procesos férreos (valoración, cumplimentación de documentación específica…) a los que, si se llega, se realiza bajo estricta pauta facultativa, porque preservar la integridad de las personas conlleva, también, evitar riesgos mayores”, subraya Roldán.

Para Lares, también es una parte más de la ACP. “Nos parece una línea bastante acertada sobre la que ya estábamos  trabajando. El documento no avanza mucho más de lo que por ley ya debemos hacer y hacemos”, detalla Juan Vela.

Igualmente, Ignacio Fernández-Cid de la FED subraya que la eliminación de sujeciones es un tema en el que el sector lleva trabajando años. Sin embargo, en su opinión, “sería deseable que se definan mejor todos los conceptos previamente por parte de las Administraciones Públicas y las judiciales, y podamos seguir formando a nuestro personal y concienciando a los familiares para que todos actuemos de una forma coordinada en la eliminación progresiva de toda clase de sujeción, y en el bienestar del dependiente”.

La eliminación de las sujeciones es, por tanto, una de las cuestiones que mayor aceptación tiene entre los profesionales sociosanitarios.

Aumento de costes

Todas las medidas expuestas, evidentemente, implica un aumento de los costes actuales.

“Las comunidades autónomas que han votado favorablemente a este cambio de modelo, tendrán que asumir un incremento importante de los costes en todos y cada de los servicios que ofrecen a las personas mayores. Pero el Gobierno no ha tenido en cuenta que, al mismo tiempo, las comunidades autónomas incrementarán su deuda o quitarán el dinero de otros servicios que actualmente ofrecen a los ciudadanos”, explica la presidenta de Aeste. Un impacto económico que, tal y como recuerda Roldán, también experimentarán las familias que se encuentran a la espera de recibir una plaza o servicio público y que decidan optar por una plaza privada.

Por ello, Aeste invita a reflexionar sobre la red actual del sistema público, “parte de ella basada en las inversiones privadas sobre las cuales se procede a concertar servicios o plazas públicas. Esta manera de trabajar nos ha permitido avanzar como país y generar opciones para los ciudadanos”. Y lo más preocupante: “La insostenibilidad nos aboca al colapso del sistema en el corto-medio plazo con repercusión directa en las personas que precisan de cuidados y sus familias”.

Igualmente, el presidente de Lares entiende que “se duplicará el coste de la plaza o este modelo quedará en agua de borrajas. Nos preocupan aquellos centros que no tienen plazas concertadas y tampoco financiación pública, y que están atendiendo a colectivos en riesgo de exclusión social, porque deberán adaptarse a las medidas aprobadas en el acuerdo de acreditación. Pero los residentes y sus familias no lo pueden pagar. Y, una vez más, queda en manos de las entidades del Tercer Sector, lo que no nos parece justo”. La Ley de Dependencia prioriza a las personas por su situación de dependencia y no por su condición social.

Para Vela, por tanto, la sostenibilidad del sector que está asociada a lo público debe venir a través del incremento de los Presupuestos Generales del Estado pero, actualmente, “para dependencia solo se está aplicando el 0,7 %. Debemos sensibilizar, una vez más, a la Administración Pública que priorice las necesidades de los ciudadanos”.

Personas mayores y sus familiares

En este entramado, no podemos olvidar las repercusiones que tendrá para las personas mayores y sus familiares. Indudablemente, convertir las residencias en hogares donde se preste una Atención Centrada en la Persona (ACP) es lo deseable y necesario. Sin embargo, tiene un coste que no parece estar contemplado.

En este sentido, el presidente de la FED lo tiene claro: “Los principales perjudicados del modelo aprobado serán los propios dependientes y sus familias (más de 180.000 residentes privados), que se encontrarán sin la oferta necesaria para recibir la atención que requieren y a unos precios en torno a un 50 % superiores a los actuales”.

En la misma línea, para la presidenta de Ceaps, Cinta Pascual, el problema son las 180.000 personas usuarias que están, actualmente, en centros residenciales y los 33.000 que acuden a un centro de día de manera privada, “porque siguen a la espera de que las administraciones les aporten las ayudas que les corresponde por derecho”. Por ello, reclama prestaciones vinculadas al servicio (PEVS) para que las personas usuarias “puedan pagar el servicio que necesitan y que desean”. E insiste: “El nuevo modelo no puede costar ni un euro más a las personas usuarias para que puedan continuar en los centros residenciales”.

Igualmente, la presidenta de Aeste tiene claras las repercusiones para las personas usuarias y sus familias: “Encarecimiento de los servicios y plazas residenciales, incremento de las listas de espera, mayores impuestos… El Ministerio no ha tenido en cuenta a los mayores y sus familiares a la hora de tomar ciertas decisiones. La atención a la dependencia es el sector económico que, probablemente, más crecerá en los próximos años y las decisiones se deben abordar con calma y teniendo en cuenta a los ciudadanos”. Por eso, Roldán lamenta la falta de consenso en la aprobación del acuerdo de acreditación, “que afecta al sector con mayor capacidad de generación de empleo y con mayor transversalidad (educación, sanidad, empleo, mujer, políticas migratorias, etc.)”. En su opinión, los esfuerzos deberían centrarse en la medición de la calidad prestada y en la generación de recursos suficientes, eficientes y adecuados para atender a las personas mayores y en situación de dependencia.

Además de las repercusiones positivas relacionadas con convertir los centros en hogares, Juan Vela de Lares también aduce a las económicas: “Con las economías tan limitadas que tienen muchas familias será difícil que puedan hacer frente a un aumento del coste de la plaza residencial. Se convertirá en un problema. Y si parte de la financiación tiene que ir, una vez más, por parte de la iniciativa social, caeremos en una situación injusta y será un verdadero fracaso del sistema”.

Atención domiciliaria

La demanda de la atención domiciliaria experimentará un incremento exponencial durante los próximos años, porque las personas desean permanecer en su domicilio el máximo tiempo posible. Para ello, el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas deben asumir el reto de incrementar las horas de atención domiciliaria que ofrecen, actualmente, a los ciudadanos.

A este respecto, Ignacio Fernández-Cid de la FED muestra su preocupación porque la propuesta que recoge el Gobierno en el documento de acreditación defiende “que los grandes dependientes vivan en su casa con una ayuda domiciliaria de 90 horas al mes en su máxima intensidad, lo que supone unas 3 horas al día; algo que, evidentemente, resulta insuficiente. Nos inquieta profundamente sobre quién recaerá el peso del cuidado del dependiente las otras 21 horas restantes del día”.

El la misma línea, Natalia Roldán de Aeste subraya que, tristemente, no se hace un replanteamiento del modelo: “Hay que incrementar la intensidad de este servicio y hacerlo compatible e integrarlo con los de teleasistencia y centros de día”. Asimismo, apunta que las Administraciones Públicas deben mejorar notablemente las tarifas “para que podamos trasladar esos incrementos a los salarios de las trabajadoras y contar con el personal profesional que necesitan las personas mayores que viven en sus domicilios. Hablar de modelo de servicio y no de horas de prestación permitiría realizar planteamientos integrales, más sostenibles, de mayor alcance y con mayor calidad percibida para personas atendidas, familias y profesionales. Pero para ello hay que contar con la experiencia del sector”.

viabilidad del sector sociosanitarioEn este sentido, la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) viene reclamando de forma continua que la atención domiciliaria tenga una autonomía propia, tanto en el ámbito empresarial como regulatorio. En este punto, el secretario general Javier Sigüenza lamenta que exista un importante grado de desconocimiento del funcionamiento real del servicio de atención a domicilio.

“Los servicios son licitados mayoritariamente por entidades locales y diputaciones, que tienen unas particularidades que, muchas veces, los organismos centrales de los ministerios ignoran. Ello hace que determinadas consideraciones contempladas en el documento puedan ser calificadas de idílicas, pero irreales”, destaca Sigüenza.

Por ejemplo, el documento de acreditación dice textualmente: “El servicio de ayuda a domicilio se adaptará a las preferencias y voluntad de las personas usuarias y a sus circunstancias, así como a su proyecto y estilo de vida en cuanto a los horarios, rutinas, días de la semana y tipología de las tareas que se realizan”. Una medida que, para el responsable de Asade, demuestra un total desconocimiento: “Lo normal es que todas las personas tengan unas preferencias y voluntades semejantes en cuanto a horarios y rutinas, lo que significa que habría que realizar la misma prestación a todos los usuarios a la misma hora. ¿Cómo podemos gestionar este compromiso? y ¿cómo compatibilizar esta prestación del servicio con la necesidad de tender a jornadas completas?”. Por tanto, asegura que no es una medida viable sin tener en cuenta las necesidades propias del servicio, sobre todo en el ámbito rural. En la misma línea, establecer porcentajes comunes y fijos para dedicar a labores de coordinación supone, igualmente, desconocer las particularidades del servicio, “porque los porcentajes en el entorno rural son muy distintos de los aplicados en el ámbito urbano”.

Respecto al aumento de la ratio de profesionales, Javier Sigüenza advierte, igualmente, de que será un problema que conllevará un importante incremento de costes. Pero va más allá y hace una llamada de atención: “El porcentaje de contratos con jornada ordinaria a tiempo completo de personal de atención directa en el caso del servicio de ayuda a domicilio, que se fija en un 50 %, es físicamente imposible de cumplir con el sistema de prestación establecido, ya que en la mayoría de los casos estamos hablando de servicios a tiempo parcial demandantes de las propias necesidades del servicio, sobre todo en ámbitos rurales”. “Es imposible alcanzar dicho porcentaje”, insiste.

Por otra parte, Asade ha recibido con interés las propuestas contempladas respecto al incremento de los controles de calidad, que serán transparentes, públicos y publicados. “Siempre hemos propuesto y defendido un sistema de control de calidad centralizado y abierto, tomando como base el sistema de la Care Quality Commision Inglesa que, además, nos parece un paradigma de trasparencia”, subraya este experto.

Por todo lo expuesto, Sigüenza defiende que la sostenibilidad económica en la atención a domicilio se presenta muy complicada. Y lo explica así: “Nuestro sector tiene como principales clientes a las Administraciones Públicas titulares de los servicios, administraciones que deberían tener en cuenta en sus licitaciones todos estos costes. Pero nuestra experiencia demuestra que muchas de ellas no lo hacen y sirva como ejemplo que las administraciones, en su mayoría, no están trasladando el coste del IPC a sus licitaciones. Adicionalmente, tenemos la losa de la no revisión de precios de los contratos públicos, lo que supone una dificultad adicional”. Por todo ello, Asade reclama una memoria económica que establezca cómo van a trasladarse a las licitaciones públicas los incrementos de costes y las adaptaciones de servicios que impondrá este acuerdo.

Coordinación sociosanitaria

El documento del acuerdo de acreditación es muy claro al respecto. La atención sanitaria es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud, que garantizará el mismo nivel de acceso a la cartera de servicios para las personas en situación de dependencia que para el resto de la población, independientemente de que residan en domicilios particulares o colectivos.

Las administraciones competentes establecerán instrumentos permanentes de coordinación sociosanitaria en cada comunidad y ciudad autónoma, con el objetivo de garantizar la necesaria cooperación entre el ámbito social y sanitario para responder de forma integral, coordinada y eficiente a las necesidades de atención de las personas en situación de dependencia.

En lo relativo a las personas usuarias de centros residenciales se establece lo siguiente:

  • Sanidad considerará el centro residencial el domicilio habitual de las personas atendidas.
  • Se articularán las medidas necesarias para que ambos sistemas, social y sanitario, intercambien información y tengan acceso compartido a la historia clínica, entre otros procesos.
  • La atención sanitaria pública se prestará desde Atención Primaria, especializada y hospitalaria, con la colaboración de los profesionales sanitarios de los centros residenciales.
  • Las administraciones autonómicas asegurarán que cada centro residencial acreditado disponga de un plan funcional de coordinación, que elaborará conjuntamente con el sistema sanitario público.

Los centros residenciales de más de 30 plazas contarán con un profesional de enlace, preferentemente sanitario, para la coordinación funcional de la atención.

Respecto al resto de servicios de la Ley de Dependencia (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, promoción de la autonomía, etc.) se asegurarán igualmente cauces de coordinación entre los servicios sociales y los servicios de salud.

Inspección y control públicos

Los centros y servicios acreditados serán sometidos a inspección, control y seguimiento. Para ello, las administraciones competentes contarán con servicios públicos de inspección suficientemente dotados, que harán públicos los planes anuales de inspección de centros y servicios. Además, comunicarán de forma periódica y accesible las inspecciones realizadas, indicando, entre otros datos, la identificación del centro o servicio inspeccionado, titularidad y gestión, fecha, motivo de la inspección, resultado de la misma y, en su caso, medidas adoptadas.

Creación de nuevas titulaciones o revisión de las existentes

Teniendo en cuenta el problema de la falta de profesionales, el documento aprobado concreta que, en el marco de la Mesa de Diálogo Social estatal para la autonomía personal y la atención a la dependencia, y con el concurso del Consejo Territorial, se abrirá un proceso junto con el resto de ministerios competentes, especialmente Educación y Formación Profesional, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Trabajo y Economía Social, para abordar de forma coordinada el desafío que constituye la imperiosa necesidad del incremento de personal cualificado para el sector de los cuidados. En particular, se abordará la creación de nuevas titulaciones o revisión de las existentes para dar respuesta a las necesidades de profesionales del sector.

¿Cuándo serán efectivas estas medidas?

Las comunidades autónomas que han votado a favor del acuerdo de acreditación tienen que hacer una trasposición de dicho acuerdo a su normativa autonómica, en el plazo máximo de nueve meses desde su aprobación. Ceaps está preparando una guía que pueda servir de soporte a los diferentes territorios para poder llevar a cabo las trasposiciones de una manera igualitaria en todo el territorio.

Las normas de acreditación aprobadas contemplan un calendario de adecuación paulatina de los centros y servicios, estableciéndose como fecha límite para su cumplimiento el 31 de diciembre de 2029.

Los centros ya construidos, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de las disposiciones normativas en la comunidad donde se ubique, tendrán que presentar un plan de transición o adecuación e informes anuales que expliquen y acrediten las actuaciones y mejoras realizadas para la transición progresiva hacia el nuevo modelo de atención.

Sin embargo, los requisitos serán exigibles para los nuevos centros y servicios desde la fecha de entrada en vigor de las disposiciones normativas.

De forma paralela, explica la presidenta de Aeste, Natalia Roldán, las comunidades autónomas tendrán que cuantificar el impacto económico que estas medidas van a suponer “e incrementar los precios de todos los servicios públicos”. Todo ello, apunta Roldán, siempre y cuando no se plantee ninguna cuestión que deje en suspenso la legalidad del acuerdo o que, dada la enorme división generada entre las comunidades autónomas, “se vuelva a promover un nuevo documento de acreditación que contenga un estudio de necesidades, un consenso social más amplio y una memoria económica para que el Ministerio incremente la dotación económica a las comunidades autónomas para que puedan adecuarse a las nuevas tarifas”.

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