Falta de profesionales: un problema que requiere una solución urgente

Falta de profesionales: un problema que requiere una solución urgente

La falta de profesionales en el sector sociosanitario, sobre todo en centros residenciales, se ha convertido en un problema común a todas las comunidades autónomas.

Médicos y enfermeras prefieren trabajar en la sanidad pública, donde tienen mejores sueldos y su labor está más reconocida. Además, el incremento de las bajas por cuarentena de los profesionales ha empeorado la situación. Y es que la pandemia ha evidenciado y agravado un problema que requiere soluciones de manera urgente para que el sector de atención a las personas mayores y en situación de dependencia pueda seguir prestando una atención de calidad. En este reportaje, patronales nacionales y autonómicas expresan su preocupación y exponen algunas medidas que consideran esenciales para paliar e, incluso, acabar con el problema de la falta de profesionales en el sector como, por ejemplo, una financiación  pública suficiente que permita aumentar los salarios y mejorar sus condiciones laborales, la contratación en origen, agilizar la homologación de los títulos de trabajadores extranjeros, el acceso al mundo laboral de enfermeras en el último año de carrera, etc.

Lo que siempre ha sido una prioridad, en tiempos de COVID-19 se ha convertido en una necesidad urgente. Desde hace años, el sector de atención a las personas mayores y en situación de dependencia tiene problemas para contratar profesionales cualificados. Pero ahora, la sanidad pública se ha convertido en un competidor implacable que, con la crisis sanitaria generada por el coronavirus, también necesita más trabajadores. Una mayor retribución y el reconocimiento social pesan más que la vocación, y la fuga de profesionales hacia la sanidad pública es una constante que está haciendo peligrar la prestación de una atención de calidad, sobre todo en las residencias.

En este sentido, el secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), Jesús Cubero, incide en que “la gran escasez de profesionales podría llegar a dificultar la adecuada atención a las personas dependientes de este país”. Por lo tanto, considera prioritario la búsqueda de soluciones. La propuesta de Aeste es la siguiente:

  • Debe vertebrase un plan para mejorar la calidad del empleo de los trabajadores del sector, con el fin de incrementar la calidad del sistema de cuidados español.
  • Financiación adecuada que permita mejorar sensiblemente las retribuciones del personal para que la atención a las personas mayores y en situación de dependencia se convierta en un sector atractivo que, más allá de su componente vocacional, implique el mismo o semejante reconocimiento social que se presupone a los trabajadores sanitarios.
  • Apostar por una mayor profesionalización del sector. “Para ello, es necesario buscar vías de formación que faciliten la entrada de trabajadores. El sector genera empleo estable, eminentemente feminizado y localizable, lo que contribuye a la tan dañada economía de este país”, explica Cubero.
  • Crear de una bolsa de trabajadores a la que el sector pueda acudir en los momentos más complicados, sobre todo donde puedan encontrarse profesionales sanitarios.
  • Agilizar la homologación de títulos que, tal y como explica Cubero, “dificulta muchísimo la contratación de personal que podría incorporarse a nuestros centros”.

En la misma línea, el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, asegura que, actualmente, no existen suficientes profesionales de enfermería para cubrir el relevo generacional que se está dando, es decir, no entran suficientes nuevos enfermeros para cubrir las bajas que se producen por jubilación. Por eso, FED reclama que se creen nuevas plazas universitarias para enfermería y medicina.

Otras propuestas de la patronal que detalla Fernández-Cid pasan por que “se agilicen los procedimientos administrativos para homologar y convalidar las titulaciones de los profesionales extra comunitarios que ya están en nuestro país (la demora llega hasta 24 meses) y que se cree un nuevo perfil profesional: Técnico en enfermería geriátrica”. Este nuevo perfil profesional, añade el presidente de la FED, debe provenir de formación profesional superior, de tres años de duración: “Complementaría a los DUE y se ocuparía de las labores administrativas. Tendría menos conocimientos técnicos, pero podría ocuparse de tomar la temperatura y la tensión, distribuir la medicación y gestionar interconsultas, recetas, farmacia, etc. Este perfil profesional ya existe en Alemania y está reconocido por las instituciones europeas”.

FED entiende que se deben introducir muchos más cambios estructurales para poder hacer frente al futuro más inmediato. “¿Cómo es posible que en un país con tan baja natalidad y con un envejecimiento progresivo de su población, en el plan MIR 2020 existan para toda España 464 plazas de Pediatría y tan solo 96 para Geriatría?”, se pregunta Fernández-Cid.

Por su parte, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps) reclama que se suministren test de antígenos a los centros para poder controlar los contagios entre el personal, y también entre los residentes, y evitar así bajas que comprometan el funcionamiento de los centros.

La presidenta de la patronal, Cinta Pascual, explica que el problema está centrado en los profesionales sanitarios. Actualmente, según la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG), solo hay 7.000 enfermeras especialistas en Geriatría “y todas ellas trabajan el área y hacen falta más, sobre todo desde que las bolsas de enfermería de la Sanidad Pública están agotadas debido a las bajas laborales provocadas por la pandemia”.

Además, Pascual apunta que el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida conllevarán mayor necesidad de profesionales de la enfermería, tanto en lo social como en lo sanitario. “Las respuestas que demos ahora repercutirán en una mejora de los servicios de un futuro que ya está aquí”, explica.

Y añade: “No se puede perder el tiempo, hay que tomar medidas urgentes. A las personas mayores les preocupa su salud, no quién presta los servicios. Las más de 5.400 residencias públicas, privadas o del denominado sector social que existen en España viven situaciones muy diversas, pero todas tienen una necesidad común: profesionales valorados, respetados y dotados de medios”. Por eso, Pascual subraya que hay que proteger a todo el sector “y a las más de 200.000 personas que trabajan en él”. 

Para Lares, la falta de profesionales también supone una gran preocupación. “Lo expresamos en marzo, antes de que se declarara el estado de alarma, y las decisiones que se tomaron de apoyo normativo e institucional llegaron demasiado tarde. No es suficiente hacer una previsión de medidas y medios en los planes de contingencia. Hace falta implicación de las autoridades nacionales y autonómicas para resolver este problema, tanto respecto al personal sanitario como gerocultor”, afirma el secretario general de Lares, Juan José García Ferrer. Y pide que se pongan en marcha las siguientes medidas:

  • Prohibición, mediante norma jurídica, de la contratación por parte de la sanidad pública del personal sanitario de las residencias mientras dure la pandemia, se garanticen sus derechos en las bolsas de empleo públicas y se le concedan los mismos puntos de méritos que a quienes hacen frente al coronavirus desde el ámbito sanitario.
  • Desarrollo de procesos eficientes de homologación de titulaciones sanitarias.
  • Todas las comunidades autónomas deben poner en marcha programas de capacitación urgente de personal de atención directa sin título profesional.
  • Las consejerías de empleo y educación de cada comunidad autónoma deben colaborar con las de servicios sociales y sanidad en la resolución de este problema.
  • “Desgraciadamente, nos llegan referencias de Ertes realizados por residencias en toda España ante el gran aumento de plazas vacías. Estas personas pueden ser una garantía para minimizar el impacto de la falta de profesionales de atención directa en algunos casos. Sin embargo, no nos gusta que la solución tenga que venir por esta vía”, concluye García Ferrer.
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