La falta de liquidez de las Administraciones provoca retrasos en los pagos a las empresas de atención a la dependencia

Pero también hay Administraciones Públicas que han logrado equilibrar su balanza de gastos e ingresos y pagan a las empresas prestadoras de servicios de atención a la dependencia en el tiempo establecido. Es decir, si bien los actuales problemas de tesorería son consecuencia, en su mayor parte, de la crisis económica en la que se encuentra sumergido el país, no se puede pasar por alto la gestión que cada comunidad autónoma ha realizado de sus recursos. Aquellas regiones que no han hecho bien sus deberes, deberían trabajar en un plan de saneamiento de sus cuentas y presentar a los empresarios del sector un calendario de pagos que incluya líneas de financiación.

El pasado 21 de octubre, la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) celebró una jornada, con el fin de exponer la situación actual en la que se encuentran las distintas patronales autonómicas y plantear propuestas para acabar con los retrasos en los pagos por parte de la Administración.

Destacan las siguientes:

• Reducir el gasto en sectores que no sean necesarios y básicos.
• Modificación del baremo del cuidador informal. “Esta medida supondría un ahorro de 800 millones de euros, lo que permitiría aumentar las prestaciones económicas vinculadas al servicio en 80.000 usuarios y la creación de 40.000 puestos de trabajo en atención directa”, explica el presidente de la FED, Alberto Echevarría. Actualmente, el cuidador informal supone el 56,73% de las prestaciones concedidas (419.787), cuando la Ley lo define como un recurso excepcional. Y del total de personas, sólo 169.307 han suscrito un convenio especial con la Seguridad Social, lo que quiere decir que 250.480 (el 60%) son mayores de 65 años o ya están trabajando.
• No otorgar ninguna prestación al Grado I, mientras no estén atendidos todos los grados ya reconocidos por la Ley.
• Apertura de líneas de financiación modelo confirming con el aval y garantía de la Administración General del Estado.
• La posibilidad de compensar la deuda de la Administración con las empresas con cargo a impuestos y cotizaciones.

En cuanto a las acciones más inmediatas, Echevarría expone las siguientes: “Mientras no nos paguen la deuda, convocaremos periódicamente paros patronales junto a trabajadores, usuarios y sus familias. Asimismo, pondremos en un sitio visible un cartel que ponga: A este centro, la Administración tampoco le paga. Y, finalmente, si la situación persiste, tendremos que solicitar a los familiares que colaboren económicamente con la deuda de la Administración”.

Diferentes escenarios, misma realidad

CASTILLA – LA MANCHA

El presidente de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (ARTECAM), Francisco Núñez, denuncia el retraso sostenido y continuado en los pagos a residencias, centros de día, viviendas de mayores y servicios a domicilio que, en la actualidad, llega a ocho meses; mientras, el pago de las estancias temporales por recuperación y respiro familiar está sin abonar desde enero, es decir, nueve meses. Además, asegura que hay centros de día y viviendas de mayores que tienen facturas pendientes desde el año pasado y que, en este ejercicio, no se les ha pagado nada. «Estimamos que el montante de la deuda está en torno a 90 millones de euros, que afecta a 146 empresas de Artecam, que atienden a más de 5.500 mayores en centros residenciales», afirma Núñez.Por otra parte, más de 7.500 trabajadores también sufren el retraso en los pagos. En este sentido, el presidente de la patronal reconoce que «algunas empresas se han visto obligadas a retrasar el pago de las nóminas de sus trabajadores hasta en tres meses. Además, más del 30% de las empresas del sector están demorando los pagos a la Seguridad Social, inclusive algunos centros han sido objeto de embargo por parte de la Tesorería o por Hacienda al no poder atender al pago de estas obligaciones, que corresponden a facturas impagadas por la propia Administración. De hecho, ya hay empresas que se han visto en la obligación de despedir a trabajadores». No obstante, Núñez destaca el alto nivel de responsabilidad de todos y cada uno de los profesionales de los centros, que siguen atendiendo a los mayores con un alto grado de compromiso y profesionalidad.

Este escenario se agrava ante la falta de noticias sobre cuándo la Junta comenzará a pagar las cantidades adeudadas. Más aún si tenemos en cuenta que las líneas de financiación privada están prácticamente agotadas, «ya que la mayoría de las organizaciones no pueden acceder a líneas de crédito por el endurecimiento de las condiciones que imponen los bancos. En la actualidad, son las empresas las que asumen también los intereses de los créditos solicitados, el pago y amortización de los mismos, convirtiéndonos en financieras de la Administración», asegura Núñez.

Por todo ello, los empresarios de Castilla-La Mancha sienten una gran incertidumbre y preocupación por los presupuestos de 2012 y cómo afectarán a los recursos y servicios de atención a la dependencia. Sobre todo, porque el bloqueo financiero hace insostenible el mantenimiento de muchas empresas. De hecho, el presidente de Artecam insiste en que, si la situación continua y no se procede al pago de la deuda, «la atención de los mayores tendrá que ser asumida de manera directa por la Administración; con el cierre de empresas y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo».

En las distintas conversaciones llevadas a cabo entre Artecam y el Gobierno regional, éste ha manifestado el interés por dar prioridad a los pagos pendientes en el momento en el que la tesorería lo permita.

CATALUÑA
En Cataluña, las residencias y centros de día cobraban regularmente, con una demora de 30 días en el caso de los colaboradores y de entre 60 y 90 días en el caso de concierto o gestión. Pero, tal y como explica la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), Cinta Pascual, a finales de septiembre la Dirección General del ICASS «nos convocó para informarnos sobre el plan de choque que les había impuesto el Departamento de Economía de la Generalitat, y que consistía en aplicar restricciones en los pagos a los centros colaboradores, concertados y de gestión. En concreto, la medida aplicada consistía en pagar el 65% a los colaboradores y el 0% a los concertados y de gestión, durante los meses de septiembre y octubre». De esta manera, tal y como indica el vocal presidente del Consejo de Atención a la Dependencia de La Unió-UCH, (Asociación Catalana de Entidades Sanitarias y Sociales), Pedro Cano, «se corría el riesgo de pasar a tener pagos entre 120 y 150 días».

Entonces, todas las organizaciones empresariales y entidades sociales del sector de atención a personas consensuaron el rechazo unitario a las medidas planteadas por el Gobierno Catalán, y consiguieron reducir la demora exclusivamente al mes de septiembre y garantizar el pago mínimo del 50% a todas las entidades. «Las plazas residenciales colaboradoras han recibido un 65% de lo previsto, las concertadas y el módulo social de larga estancia del programa sociosanitario el 50% y las entidades gestoras el total de la factura correspondiente a este período. El consejero de Bienestar, Social y Familia, Josep Lluís Cleries, se comprometió a regularizar esta situación antes de final de año. Respecto a la facturación de octubre y los siguientes meses, el ICASS anunció que realizaría los pagos con normalidad», explica Cano.

Al tratarse, de momento, de una situación puntual, el presidente de La Unió indica que muchas entidades han podido recurrir a sus líneas de financiación (por ejemplo, pólizas de crédito) o a otros elementos de gestión interna. «De todos modos, no deja de ser una situación difícil para muchas entidades. Por ello, esperamos que los impagos afecten únicamente al mes de septiembre. A mediados de octubre aún hay centros que están pendientes de cobrar lo anunciado, pero esperamos que pronto se regularice», subraya Cano.

Por su parte, la presidenta de ACRA exige información. Es decir: «No podemos estar pendientes de si la Administración pagará o no tres días antes de acabar el mes. La situación del impago es igual de grave, pero con conocimiento de la situación real a un mes vista podemos buscar soluciones reales y eficaces». En lo que se refiere a medidas aplicables en aquellos centros que han visto peligrar su sostenibilidad, «hemos informado a las entidades de la posibilidad de solicitar un aplazamiento de sus deudas tributarias (IVA, Impuesto de Sociedades, IRPF…), así como con la Seguridad Social. En este sentido, también planteamos a la Administración que implante un sistema de confirming con las entidades bancarias, lo que nos permitiría prever con tiempo suficiente un nuevo episodio de aplazamiento de los pagos», asevera.

El compromiso de las empresas es que esta situación no repercuta ni en la atención a los usuarios ni en los trabajadores. «Pero si la situación persiste y no se efectúan las acciones necesarias para evitar nuevos episodios de retrasos, muchos proveedores se quedarían sin cobrar y se pondría en peligro la capacidad de las empresas de hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores, que representan el 70% de los gastos de un centro asistencial. Un extremo al que nadie quiere llegar, ya que nuestros trabajadores no pueden atender con calidad a los usuarios sin cobrar y teniendo el peso de no poder pagar su hipoteca», afirma Pascual.

A corto y medio plazo, el presidente de La Unió teme que el ICASS tendrá que ajustar su capacidad de compra: «No vemos que pueda seguir manteniendo una reducción de las tarifas por la vía de la congelación. Por tanto, se verá afectado el número de plazas que se conciertan, garantizando siempre los servicios para quienes no tengan capacidad económica suficiente. Además, se deberá aprovechar al máximo las posibilidades de la prestación económica vinculada al servicio entre los centros acreditados».

Para la presidenta de ACRA, la verdadera solución a los problemas actuales consiste en la planificación estratégica de los servicios sociales. Desde esta patronal catalana, defienden que las diferentes administraciones tienen la obligación de planificar y concretar cúales son los servicios que se deben prestar, en función de las necesidades reales de la sociedad.

ANDALUCÍA
En Andalucía, la regularidad del pago de las plazas concertadas requiere una distinción en función de los servicios que aglutina la Federación Andaluza de Atención a la Dependencia (FAAD). Asimismo, existen diferencias como consecuencia de la situación geográfica en la que se ubican las diferentes empresas dentro del territorio andaluz.

En el caso de los centros residenciales, los pagos por parte de la Administración se vienen produciendo entre 45 y 60 días. Esta periodicidad se ve alterada en algunas provincias en los meses de vacaciones o al comienzo del ejercicio, pudiendo llegar a alcanzar los 120 días. Por otra parte, Jaén o Cádiz atienden los pagos más tardíamente que Sevilla, Málaga o Granada. En cuanto a las estancias diurnas, la periodicidad en el pago de las plazas concertadas se acorta considerablemente, situándose en un promedio de, aproximadamente, 30 días.

Pero si hablamos de ayuda a domicilio, la situación se agrava enormemente. En municipios de menos de 20.000 habitantes, el pago a las empresas que llevan la gestión indirecta del SAD depende directamente de la Diputación que corresponda. Mientras, en aquellos otros municipios que superan los 20.000 habitantes es la Junta de Andalucía quien abona a cada ayuntamiento para que éste, a su vez, realice el pago a la entidad gestora del SAD. «Como consecuencia, la mayoría de las empresas están viviendo una situación muy delicada, ya que las arcas de los municipio andaluces son deficitarias en su mayoría. De hecho, algunas empresas soportan deuda desde abril y la mayoría sufre una demora en el pago que supera los 90 días. Hablamos de cantidades que van desde los 40.000 euros hasta más de 400.000 euros, lo que hace insostenible la actividad y muchas empresas no pueden asumir el coste de los trabajadores, que se han visto obligados a lanzarse a la calle para reivindicar el pago de sus salarios», explica el presidente de FAAD, Javier Oyarzabal.

Como consecuencia, la liquidez de las empresas está al límite. «El sector necesita créditos y líneas de financiación o avales públicos que permitan la sostenibilidad de las empresas y el mantenimiento del empleo. Más aún cuando el 75% de media del coste de las empresas de nuestro sector son los recursos humanos y algunas están teniendo serios problemas para poder afrontar, no sólo los pagos de salarios, sino también los pagos a la Seguridad Social; y aquí no hacemos distinciones entre las empresas de SAD, centros de día o residencias. A todo ello, hay que sumar el aumento de plazas libres, que coloca a muchas residencias y centros de día en una situación insostenible», continúa el presidente de la patronal andaluza.

A pesar de todo, «los empresarios somos conscientes de que nuestros usuarios son personas altamente vulnerables y desprotegidos. Por ello, se hace todo lo realmente posible para que los usuarios no se vean afectados. Quienes se resienten en primer lugar son los proveedores y nuestra cuenta de resultados. Sin olvidar el desgaste de nuestros trabajadores, que atienden diariamente a estas personas», reconoce.

En cuanto a las soluciones, Oyarzabal insiste en que es necesario adecuar el mapa de recursos a las necesidades reales de las personas dependientes: «No es de recibo que en estos años de implantación del SAAD, haya resultado como recurso estrella, por delante de la prestación de servicios, la ayuda económica al cuidador informal».

Finalmente, Oyarzabal ve el futuro del sector con mucha cautela, con cierto miedo y preocupación: «Nos inquieta seriamente que los Ayuntamientos no puedan pagar los servicios subcontratados a las empresas de SAD, que los centros de día mantengan un alto porcentaje de sus plazas vacías y la concertación no alcance en mayores porcentajes a los centros residenciales. De hecho, los problemas de liquidez han provocado que en 2011 el concierto de nuevas plazas se haya visto reducido en más de un 70%».

En la Comunidad Valenciana, el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (AERTE), Alberto Giménez, expone que los retrasos de los pagos de la Administración al sector de atención a la dependencia oscilaban entre 30 y 60 días; «pero, en la actualidad, superan el año y parece que el Gobierno valenciano pretende superar este periodo amparándose en la campaña electoral y el cambio de ejercicio, lo que podría llegar a retrasar algunos abonos a marzo o abril de 2012, algo insoportable para el sector». Así, la deuda global del Consell con el sector «asciende a 75 millones de euros desde principios de año, con especial virulencia en las residencias de enfermos mentales y discapacitados, que soportan una deuda de 13 millones de euros, con impagos de algunas partidas desde 2007», asegura Giménez.Recientemente, AERTE y representantes del Consell mantuvieron una reunión para abordar medidas económicas y de gestión, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del Sistema.

Sin embargo, el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, no concretó un calendario de pago de las facturas pendientes.
«La deuda actual ha comprometido la viabilidad de muchas empresas del sector que se podrían ver obligadas al cierre. Como consecuencia, unos 1.300 dependientes se quedarían sin servicios sociosanitarios, se perderían, al menos, 500 puestos de trabajo y desaparecerían un 2% de las empresas del sector. Es decir, supondrá la quiebra de una red asistencial que ha sido un modelo de funcionamiento durante más de dos décadas», asegura el presidente de AERTE.

Para intentar superar esta situación, «hemos solicitado una línea de confirming que supondría una garantía de cobro que, en estos momentos, no se tiene», explica el presidente de la patronal valenciana.

En cuanto a las soluciones a corto y medio plazo, Giménez considera necesario que se realice una reestructuración de las prestaciones económicas: «Fijar un importe máximo para la prestación al cuidador informal equivalente al 50% del máximo destinado a la prestación vinculada al servicio, lo que permitiría disponer de unos 665 millones de euros adicionales que se traducirían en 100.000 personas atendidas y la creación de 50.000 nuevos puestos de trabajo». Asimismo, desde AERTE, se aboga por cambios que favorezcan la equidad, como igualar las tablas de coeficientes reductores por capacidad económica en todas las prestaciones económicas, «una medida que aportaría 10.000 nuevos puesto de trabajo, cerca de 20.000 nuevos dependientes atendidos y un remanente de 120 millones de euros».

MURCIA
Aunque no disponen de datos exactos, el presidente de la Asociación de la Dependencia de la Región de Murcia (ADERMUR), José Miguel Marín, estima que la deuda total a causa del retraso en los pagos de los servicios concertados por parte de la Administración, que oscila entre 45 y 60 días, asciende a 750.000 euros, de los cuales 595.000 euros corresponden a residencias y 155.000 euros a centros de día y ayuda a domicilio.
Para enfrentarse a esta delicada situación, «los empresarios recurren, sobre todo, al factoring y pólizas de crédito, incluso con garantía personal», explica Marín. Y las repercusiones para el usuario son inmediatas, «ya que muchos empresarios han adquirido compromisos en función de esos ingresos que ahora no podrán atender».

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Para el presidente de Adermur, la solución a corto y medio plazo pasa por conocer la previsión de la Comunidad y actuar en consecuencia. El futuro se presenta incierto: «Hay que racionalizar los recursos, suprimir otros y, ante todo, la Administración debe dejar claro de forma definitiva los objetivos a cubrir y no generar la incertidumbre en el sector más débil y que más protección necesita».

COMUNIDAD DE MADRID

La última factura de las plazas concertadas en residencias y centros de día que la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (AMADE) ha cobrado es la correspondiente a junio. «Los empresarios están acostumbrados a que la Administración pague a tres meses desde que se presta el servicio, si bien la Ley de Contrataciones Públicas indica que debería pagar a 60 días. De hecho, la situación ha mejorado, ya que hemos llegado a estar casi siete meses sin cobrar las plazas residenciales. En 2011, se espera que haya aún menos presupuesto y, aunque somos conscientes de que es muy probable que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales reduzca conciertos, asegura que pagará», explica la directora general de la Asociación, Pilar Ramos. No obstante, la prestación de la ayuda a domicilio es el servicio que está viviendo una situación trágica, ya que suma una deuda de más de 3 millones de euros.A todo ello, hay que sumar que la Administración regional ha rebajado en un 5% el precio de concertación de los servicios de atención a la dependencia. Ante esta situación, Ramos explica que la búsqueda de soluciones pasa «por el diálogo para unir esfuerzos y encontrar puntos en común. Hemos mantenido diversas reuniones con la Dirección General del Mayor de la Consejería con el fin de realizar una propuesta realista y equilibrada a la nueva situación que se nos plantea. Entendemos que si hay una rebaja en el precio de concertación, también debe rebajarse en la misma proporción las condiciones de los pliegos, concretamente las que se refieren a los ratios de personal».

Asimismo, la directora general de la patronal considera necesario valorar diferentes vías de financiación, además de las líneas privadas o pólizas, como el endoso de facturas y el factoring. «Las empresas podemos recurrir a los préstamos ICO, pero ser deudores de la Administración es un lastre, porque los bancos nos niegan las líneas de financiación», afirma.

Ahora bien, si en el futuro se aumenta la demora en los pagos, «supondría el cierre de muchas empresas y cientos de trabajadores acabarían en el paro. No podemos llegar a esa situación. Por tanto, nos tenemos que plantear que, si la Administración no abona las facturas, y queremos que los mayores continúen recibiendo la atención de calidad que se merecen, las familias se tendrán que implicar. Recurrir a una residencia no es un lujo, sino una necesidad», concluye la directora general de AMADE.

CASTILLA Y LEÓN
En Castilla y León, los pagos se han ido haciendo puntualmente hasta hace tres meses, cuando la Administración comienza a adeudar a algunas provincias entre dos y tres meses. «Sin embargo, a fecha de hoy, se han pagado las facturas pendientes de julio y se están abonando las correspondientes al mes de agosto. En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, la situación es más crítica», explica Ángel Guerra, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Residencias de Castilla y León (ACALERTE).

A la hora de enfrentarse a los pagos, cada residencia adopta las medidas que considera necesarias, desde buscar líneas de financiación hasta retrasar los pagos a proveedores. Como soluciones a corto y medio plazo, «la Junta de Castilla y León ha manifestado que ya hay crédito liberado. Pero no sabemos lo que podrá ocurrir en el siguiente», afirma Guerra. De momento, los usuarios no están sufriendo ningún tipo de repercusiones; pero, mientras no se resuelva esta situación de crisis, «el futuro del sector es muy complicado a causa de la falta de liquidez de la Administración y el aumento de las plazas privadas vacías», indica.

Administraciones que cumplen y empresarios que cobran

NAVARRA
La Agencia Navarra para la Dependencia estableció, a través del Programa Concerdep, unas tarifas en función de los niveles de dependencia de las personas beneficiarias de los servicios y los ratios de trabajadores para los centros que voluntariamente quisieron adscribirse. «En la actualidad, estamos recibiendo los pagos por parte de la Administración dentro de los plazos establecidos», explica el presidente de la Federación Navarra, José Luis Santamaría.

No obstante, las dificultades a las que a diario se enfrentan los empresarios y profesionales del sector son evidentes: «Cada vez estamos recibiendo en los centros a personas con niveles más altos de dependencia y, en muchos casos, mayores que, además de tener diagnosticada demencia, tienen asociada una patología psiquiátrica. De esta manera, las tarifas no están acorde con el servicio que precisan estas personas. Más aún teniendo que asumir una plantilla de técnicos y un número de trabajadores por encima del que marca la normativa, con el fin de proporcionar un servicio digno y de calidad, adaptado a las diferentes necesidades».

Como consecuencia, continúa Santamaría, «esta situación conlleva una pérdida de beneficio en la cuenta de explotación, lo que provoca que nuestros profesionales reciban unos salarios, en muchos de los casos, que no se corresponden con el tipo de trabajo que desarrollan, ni con su responsabilidad».
Cuando se producen retrasos en los pagos de la Administración, los empresarios navarros disponen de unas líneas de factoring con las instituciones financieras que, a pesar de ser cantidades garantizadas por las Administraciones, tienen que ser avaladas por los socios de las empresas. «Esta dinámica nos dificulta otras operaciones crediticias, al figurar como prestatarios de esas cantidades», afirma.

En opinión de Santamaría, el futuro del sector, si las comunidades autónomas continúan con los recortes y no actualizan las tarifas, «es francamente preocupante».

PAíS VASCO
Por su parte, el presidente de REGEPRIS, Francisco Solórzano, afirma que en el País Vasco, allí donde existe concierto de prestación de servicios con la Administración, es decir, en Bizkaia y Gipuzkoa, «no se han producido retrasos. De hecho, los pagos se mantienen en el tiempo de demora media, que oscila entre 30 y 50 días». No obstante, aunque el futuro del sector en el País Vasco se mantiene estable, «debemos estar todos coordinados e informados de lo que se está produciendo en cada comunidad autónoma», indica Solórzano.

CANTABRIA
De igual manera, el presidente de la Asociación Cántabra Empresarial de Servicios a Personas Dependientes (ACESDE), Rubén Otero, reconoce que «en nuestra comunidad no nos vemos afectados por el retraso en los pagos por parte de la Administración. Cobramos a 45 días fecha factura desde hace unos años, una realidad que, por el momento, no ha variado. Además, aunque la situación económica del país no es buena, el Gobierno de Cantabria no disminuirá la dotación económica del sector y espera poder incrementarla». Es más, con el fin de ayudar a las empresas con problemas, el Gobierno regional ha aprobado que se pueda tomar razón notarialmente a favor de terceras personas.

Si bien en Cantabria cobran puntualmente, el presidente de ACESDE asegura que, mientras haya comunidades con problemas de cobro, «el sector no está bien. La atención a la dependencia debería estar dotada con más recursos económicos ya que, por ejemplo, el precio por plaza privada y día ronda los 50 euros, mientras que una plaza pública asciende a 200 euros. Hoy por hoy, somos uno de los pocos sectores que en España está generando retornos económicos para la Administración y creando empleo estable y no deslocalizado».

Aunque Otero ve el futuro del sector con muy buenas perspectivas, es consciente de que «para poder crecer y seguir siendo productivos, necesitamos que la Administración nos facilite los trámites para construir y emprender nuevos proyectos. Cuantos más centros haya, más personas dependientes podrán ser atendidas y más gente dejará de cobrar la prestación económica por desempleo».