La Consejería de Bienestar Social de Asturias será la primera región en unificar el marco legal vigente, impulsando un único sistema de precios públicos
Asturias está a punto de convertirse en la primera comunidad autónoma que regule el copago de los servicios y prestaciones reconocidas por la Ley de Dependencia. Cuando la Consejería de Economía y Hacienda le dé el visto bueno al Decreto elaborado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, tendrá que ser aprobado por el Consejo de Gobierno para, a continuación, entrar en vigor de forma inmediata. Se trata de un Decreto que ha sido presentado a los representantes de los usuarios y a los empresarios del sector, con quienes la Consejería de Bienestar Social ha mantenido diferentes reuniones durante los últimos meses. Por otra parte, el próximo mes de enero de 2011 entrará en vigor en la Comunidad Valenciana la nueva normativa que agilizará los trámites para atender a las personas dependientes y, entre las medidas que contempla el documento, se encuentra el Decreto sobre la aportación económica de los usuarios. Dos experiencias que servirán al resto de comunidades autónomas para avanzar en la regulación del copago.
Allá por noviembre de 2008, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron en el Consejo Territorial correspondiente los criterios de cofinanciación. Es decir, la cuantía que deberá pagar el beneficiario de los servicios y prestaciones definidos en la Ley de Dependencia, en función de su renta y patrimonio. Un copago cuyos mínimos y máximos debían establecer las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias.
Dos años después, la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de Asturias se convierte en la primera comunidad autónoma en regular el copago de los servicios de atención a la dependencia, diseñando una normativa lo más justa posible socialmente y coherente con la realidad asturiana. El proyecto de Decreto regula, por tanto, los precios públicos de los servicios sociales, residencias, centros de día y alojamientos tutelados, así como la contribución de los usuarios a su financiación. Uno de los principales objetivos es poner fin a la dispersión y unificar las disposiciones reguladoras que existen en la actualidad: la Ley del Anciano del Principado de Asturias, la Ley de Dependencia y otras normas.
Una de las novedades de este Decreto es que regulará, por primera vez, la participación de los usuarios que accedan a los servicios sociales especializados destinados a personas con discapacidad, que hasta la fecha carecían de regulación. En concreto, los servicios de alojamiento (centros residenciales y viviendas tuteladas para personas con discapacidad), centros de apoyo a la integración y servicios de apoyo en el entorno (servicio de ayuda a domicilio específico para el colectivo de personas con discapacidad).
Porcentajes y condiciones
La Ley de Dependencia establece el mecanismo de copago por parte de los usuarios de los servicios vinculados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de la siguiente manera: las personas beneficiarias del SAAD participarán en el coste del servicio de acuerdo con su capacidad económica de tal forma que nunca podrán asumir el coste íntegro de la plaza. Así lo establece el acuerdo del Consejo Territorial cuando establece que la cantidad máxima que un beneficiario del SAAD abonará por su estancia en un establecimiento residencial será del 90% del indicador de referencia (precio público en este proyecto de Decreto), porcentaje que se reduce al 65% en el caso de servicios distintos a los de alojamiento.
El decreto asturiano permitirá que los nuevos usuarios puedan beneficiarse del copago desde su ingreso en el centro, es decir, se favorecerán de las mismas condiciones que disfrutarían si fueran beneficiarios del SAAD. Se reducen así los efectos de la complejidad del proceso de valoración y reconocimiento de la Ley de Dependencia, ya que un número importante de nuevos usuarios de los servicios son a la vez solicitantes de las prestaciones que aún no han accedido a la condición de beneficiario del SAAD. Hasta el momento, a estas personas se les aplicaba el marco derivado de la Ley del Anciano y, en cuanto se les reconocía el nivel y grado de dependencia, pasaban a ser usuarios de la Ley de Dependencia. A partir de ahora, todos tendrán el mismo marco legal.
La aplicación de la normativa asturiana introduce cambios sustanciales a la básica estatal en cuanto a la determinación del importe de los precios públicos; el cálculo de la capacidad económica, que ha de tomar en consideración necesariamente el patrimonio de la persona usuaria; y el régimen de participación en el coste de los servicios, donde se introduce un principio de progresividad mediante la aplicación de porcentajes de copago en función de los tramos de capacidad económica, así como límites máximos a la participación en el coste.
Además, los precios públicos se establecerán en función del grado de dependencia de los usuarios. Esto obedece a que el coste de explotación del servicio varía en función del grado de dependencia de las personas usuarias con que cuente el centro.
Concretamente, el precio de las plazas públicas se fijará, atendiendo al grado de autonomía, entre 1.241 y 1.400 euros, de los que el usuario pagará entre el 20 y el 90%. Por servicios, el Decreto va más allá:
• Residencias
El precio mensual de una plaza residencial, que hasta ahora era de 1.241 euros, se fijará atendiendo al grado de dependencia de los usuarios. Seguirán pagándose a 1.241 euros las plazas para personas no dependientes o con dependencia en grado I –que aún no pueden beneficiarse de la aplicación de la Ley de Dependencia– . A partir de ahí, el precio irá incrementándose: las plazas para dependientes de grado II se pagarán a 1.300 euros y las de grado III a 1.400 euros.
• Centros de día
La plaza diurna costará 900 euros al mes para dependientes de grado III y II y 700 euros para los de grado I.
• Apartamentos
Los precios de los apartamentos residenciales serán de 379 euros, los individuales, y 358 euros, los dobles.
La persona pagará de forma progresiva en función de sus ingresos y patrimonio, como obliga la normativa estatal. Para ello, se calculará en función de tramos de renta y con una escala de precios progresiva. De esta manera, se pretende beneficiar a las personas con menos recursos que pagarán menos. No obstante, nadie se quedará sin servicio por falta de recursos económicos.
Un camino seguido por la Comunidad Valenciana
El próximo mes de enero de 2011, entrará en vigor en la Comunidad Valenciana la nueva normativa que agilizará los trámites para atender a las personas dependientes. Se trata de un conjunto de normas también consensuadas con los representantes de los potenciales usuarios.
Exactamente, entrará en vigor el Decreto sobre la aportación económica de los usuarios (copago), así como la norma que modifica los procedimientos administrativos de gestión de la dependencia, que simplificará y agilizará la tramitación de los expedientes y la norma por la que se desarrollará la figura del asistente personal. Asimismo, se modificará la orden que autoriza la compatibilidad de determinados servicios como el centro de atención diurna con unas horas del servicio de atención a la dependencia.
Si bien las comunidades autónomas están realizando un gran esfuerzo en definir la norma que regule el copago, finalmente nos encontraremos con 17 modelos distintos de aplicación normativa dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Acuerdos que garantizarán las prestaciones y servicios de calidad de acuerdo con la capacidad económica de las personas dependientes, pero que no será unitario en todo el territorio nacional. La Ley de Dependencia avanza de manera heterogénea en las distintas comunidades autónomas, un factor que ha provocado diferencias importantes en la solicitud, valoración, etc. Una situación que parece que continuará ahora con la entrada en vigor del copago.
El copago en Sanidad,¿es posible?
El copago en el Sistema Nacional de Salud (SNS) es un asunto que también está de plena actualidad, sobre todo cuando se vincula a la sostenibilidad del Sistema. Un tema al que, precisamente, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) dedicó dos mesas redondas en su 32 Congreso Nacional, celebrado recientemente en Gran Canaria.
Según datos aportados por el vicesecretario de la Junta Directiva de SEMERGEN, el doctor Ignacio Cantero, el sistema sanitario español es uno de los principales sectores productivos de la economía española: “Es sintomático que, si bien sólo el sector público supone más del 5% del PIB, el déficit de financiación acumulado por Sanidad entre 2003 y 2007 supusiera 11.000 millones de euros (un 20% de su presupuesto total en 2007)”. En este sentido, el doctor Cantero habló del “colapso” del SNS, motivado fundamentalmente por dos factores: el imparable incremento de la demanda de servicios sanitarios y la insuficiencia de los recursos sanitarios bajo el actual modelo.
“Para asegurar la sostenibilidad del SNS es imprescindible aumentar la responsabilidad de sus principales agentes”, señaló el doctor Cantero. Así, por un lado, es necesaria una “mayor conciencia de los usuarios sobre su propia salud y sobre la excesiva utilización que hacen del sistema sanitario”, explicó. A este respecto, el experto aportó un dato significativo: cada español acudió al médico más de ocho veces al año, lo que supone un 40% más que la media de los países de la Unión Europea. Por otro lado, insistió en que “los profesionales tienen que ser los catalizadores del cambio, aunque se parte de una situación en la que la mitad de ellos no se sienten valorados”. Además, gestores y administradores deben hacer una utilización “más eficiente y equitativa de los recursos públicos”.
Como consecuencia, SEMERGEN propone tres grandes bloques de medidas para contribuir a la sostenibilidad del SNS: la gestión activa de la demanda, la optimización de la calidad y del coste de la oferta, y la consolidación de la estructura del sistema sanitario y de un nuevo modelo de financiación. Entre las medidas más urgentes, el doctor Cantero apuntó la implantación del copago por consulta, día de hospitalización o asistencia a urgencias, quedando excluidas las personas con pocos recursos y los enfermos crónicos. Igualmente, se refirió al establecimiento de un sistema de pago farmacéutico en base a la situación económica del ciudadano y al fomento de la autonomía de gestión e incentivos. Una serie de medidas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de abordar el copago de la Ley de Dependencia. Más aún cuando la coordinación socio-sanitaria está cada vez más presente en el Sistema Público de Salud y en los Servicios Sociales.
