20 años son demasiados para un baremo que ya hace tiempo que no se ajusta a la realidad de las personas con discapacidad en nuestro país. Este es el tiempo que lleva de retraso el baremo de discapacidad y que, a tenor de las declaraciones del director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, estará operativo el año que viene. Se trata de una herramienta que sí está en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y que, entre otras novedades, contempla las situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica.  

El baremo del grado de discapacidad es la herramienta que se utiliza para medir, para constatar, las dificultades que tiene una persona (con una determinada enfermedad o condición), para desenvolverse en la sociedad en igualdad de condiciones. Es decir, se trata de un instrumento que permite obtener el certificado de discapacidad y que por tanto, le permite a esa persona la entrada al sistema de derechos establecidos en España.

En los últimos 20 años los colectivos y entidades que trabajan con las personas con discapacidad han reclamado encarecidamente la necesidad de modificar ese baremo para ajustarse a las necesidades de este colectivo hoy. El nuevo baremo está adaptado a lo estipulado en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que supone un gran avance teniendo en el punto de mira al actual. El baremo está regulado por un Real Decreto de 1981 que ha ido modificándose a lo largo de los años de forma puntual. 

El director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, ha prometido que ese nuevo baremo de la discapacidad tan demandado por todos los que trabajan con las personas con discapacidad, estará operativo el año que viene en nuestro país y que “podría aprobarse de forma definitiva el primer trimestre de 2022”. Una promesa que realizó en el encuentro organizado por la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe, con el título: Baremo de Discapacidad: la puerta de acceso a los derechos.

Barriga ha reconocido que, como muy tarde el próximo mes de agosto, el Ministerio de Derechos Sociales debería presentar las conclusiones de los documentos técnicos sobre la materia a las diferentes comunidades autónomas. Con esas conclusiones la Conferencia Sectorial podrá aprobar un proyecto de Real Decreto que podría estar operativo “en un plazo de seis u ocho meses”, afirma Barriga.

Estos plazos podrían cumplirse porque, como asegura el responsable del Imserso, “ya existe un gran consenso entre las comunidades autónomas en materia de calidad técnica y en cuanto al contenido del trabajo que ya se ha realizado” sobre el nuevo baremo, una herramienta que llega con 20 año de retraso.

Novedades del nuevo modelo

A la hora de hablar de novedades, hay que empezar centrando el modelo actual, que está lejos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, lo que supone que su enfoque gira en torno al modelo médico-rehabilitador de la discapacidad. O dicho de otro modo, se centra en el individuo y en sus limitaciones, dejando a un lado los efectos e interrelaciones entre el entorno social y su realidad biológica. Por tanto, este nuevo modelo supondrá muchas novedades, siendo la primera, la base de todas, esa adaptación a las directrices internacionales de la citada Convención, mostrándose como un modelo basado en los derechos humanos, centrado en la interacción del individuo con su entorno y en la prestación de apoyos personalizados.

Otra de las novedades principales del nuevo baremo, aplaudida por los expertos en la materia, es el hecho de que se trata de un modelo que contempla tres baremos a “medir”. Uno de ellos se ocupa de fijar las deficiencias en el sentido médico tradicional, otro de ellos se centra en analizar cuáles son las limitaciones de la persona a baremar en cuanto a las actividades a realizar diariamente, y el último de los tres es el que se centra en delimitar las barreras la partición social. “En este último punto, no solo se tendrán en cuenta la información objetiva recogida por los técnicos pertinentes en cuanto a la situación laboral, la facilidad que muestre la persona para acceder a la información, el estado familiar en el que vive, etc.”. Además de estos datos se necesitarán evaluar los problemas reales, esos que la persona se encuentra día a día, a la hora de integrarse socialmente en su comunidad. Así lo explicó en el citado encuentro el director del Centro de Valoración de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Javier Zugasti.

El documento incluye mejoras, también, en el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor, las enfermedades reumatológicas y aquellas que cursan con brote.

Otra novedad de este nuevo modelo son los anexos que incluye en los que se especifica que los datos recogidos deben ser actualizados de forma periódica, de manera que quede constancia de las patologías o nuevas realidades a las que debe enfrentarse la persona con el paso del tiempo.

Además, el nuevo baremo incrementa en cinco minutos y medio cada valoración, con respecto al baremo actual, gracias a la aplicación BareDi. Así se refiere en el Informe de los tiempos de implementación del nuevo baremo de discapacidad, gracias a la aplicación informática que se utiliza para la evaluación. Entre los beneficios que se desprenden de la valoración con la aplicación, la mayoría de las comunidades autónomas que han participado en el pilotaje (Andalucía, Castilla y León, Aragón, Madrid, Valencia, Islas Baleares, y las direcciones territoriales de Ceuta y Melilla) aseguran que ésta permite la homologación a estándares internacionales y que facilita la homogeneidad de las puntuaciones de los diferentes valoradores en los diferentes territorios.

El pilotaje de BareDi se puso en marcha el 3 de febrero de 2020 para estimar los tiempos de aplicación. La intención era que esas pruebas durasen dos meses pero la pandemia paralizó las valoraciones que, finalmente, se han llevado a cabo entre los meses de enero y febrero de este año.

Los técnicos implicados en las pruebas, aseguran que Baredi podría también aplicarse a la dependencia, y que esto supondría una reducción en las listas de espera del SAAD.

El nuevo baremo está adaptado a la nueva definición de discapacidad propuesta por la OMS, que «permitirá valorar a la persona interesada de una forma más completa, con una definición mucho más precisa de la discapacidad y con una nomenclatura compatible a nivel internacional», apuntan desde el Imserso.

A través del BLA (Baremo de Limitación de la Actividad) el nuevo baremo facilitará «valorar conjuntamente las situaciones de discapacidad y dependencia», lo que reducirá cargas administrativas para los ciudadanos y probablemente disminuirá las listas de espera». Y permitirá una homogeneización de las valoraciones en todo el territorio del Estado e impulsar «una nueva regulación mucho más efectiva de los traslados entre comunidades».

Urgencia en su implantación

Desde Cocemfe se reclama la puesta en marcha del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad de forma urgente, porque como asegura su presidente, Anxo Queiruga, “no podemos esperar más. Es necesario y urgente que se agilicen todos los trámites para que el nuevo baremo se ponga en marcha lo antes posible”.

Cocemfe considera que el actual baremo se ha quedado obsoleto y los criterios que utiliza para valorar la discapacidad se han quedado desfasados, ya que hay situaciones y condiciones que no están siendo reconocidas y que afectan sobre todo a la discapacidad orgánica. Por ejemplo, es el caso de situaciones como la fatiga o el dolor, los efectos de la carga del tratamiento, enfermedades reumatológicas y enfermedades que cursan con brote, impidiendo que estas personas obtengan la valoración del grado de discapacidad que les debería corresponder y dificultando todavía más su inclusión y participación activa en la sociedad.

Para la Confederación, no obtener el certificado de discapacidad se traduce en complicaciones en varios ámbitos como en la falta de adaptación curricular en la educación, en dificultades de acceso y mantenimiento del empleo, en no poder acceder a plazas específicas para personas con discapacidad en las oposiciones, o en dificultades para acceder a ciertas prestaciones económicas. También en la pérdida de amistades y relaciones por la dificultad de relacionarse con el entorno y en la aparición de otro tipo de patologías por el no reconocimiento de ciertos síntomas provocados por patologías no incluidas en el baremo.

El nuevo baremo, que ha sido consensuado por el Gobierno, las comunidades autónomas y diferentes entidades como Cocemfe, sí contempla el reconocimiento de las situaciones que están vinculadas a la discapacidad orgánica. Aunque la Confederación considera que este documento “no es ideal”, sí que urge a su puesta en marcha “para poder avanzar, ya que es un trabajo que se consensuó en 2017 por todas las partes y ya se han realizado pilotajes con resultados satisfactorios en varios territorios”.

“Las personas más vulnerables necesitamos respuestas más rápidas y ágiles de nuestras administraciones”, afirma Queiruga. Por ello, Cocemfe y su Movimiento Asociativo reclaman a las diferentes administraciones implicadas en los últimos trámites para su aprobación definitiva, que agilicen todo el proceso y para que las personas tengan una valoración adecuada de su discapacidad, que les permita acceder a los derechos y beneficios que implica y que tratan de compensar la falta de igualdad de oportunidades y el sobrecoste de tener una discapacidad.