El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) confía en que el Gobierno impulse este año la legislación de la figura del asistente personal de personas con discapacidad y en situación de dependencia.

Así lo aseguró la plataforma de la discapacidad tras su participación en la presentación virtual de la investigación “La formación del asistente personal”, un trabajo impulsado por ECOM (entidad de ámbito estatal que aglutina a más de 120 entidades de personas con discapacidad física y/u orgánica de toda España) y la Plataforma Estatal Representativa de la Discapacidad Física (Predif), de la que forma parte.

En el encuentro, participaron, además, el director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, y el director general de Políticas de Discapacidad, Jesús Celada.

Acuerdo de mínimos

Para el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, “es una paradoja que las personas que necesitan más apoyo” sean “las menos numerosas con diferencia en las estadísticas de los sistemas de atención”.

Por ello, pidió a los directores generales “un acuerdo de mínimos” y advirtió de que hay cuestiones que concurren para que la asistencia personal “despegue o sigua absolutamente restringida”, como causas regulatorias, sobre qué personas son las “idóneas” para esos servicios, los requisitos de acceso, contenidos de suficiencia económica, o “en qué consiste y qué intensidades tiene” la asistencia personal.

De hecho, el Cermi asegura que existe una herencia del modelo asistencialista y hay cuestiones de desconocimiento por parte de las asociaciones y de no insistencia de las personas con discapacidad, lo que hace que, para el presidente del CERMI “esta figura no tenga el desarrollo que debería”.

Regulación para este año

En este sentido, tanto el director general del Imserso como el director general de Políticas de Discapacidad, se comprometieron a llegar a un consenso sobre la asistencia personal durante este año. La regulación de la asistencia personal “ha sido insistente demandada entre las medidas que se están estudiando dentro del plan de choque de dependencia”, afirmó Barriga.

“Llevamos años debatiendo sobre la asistencia personal, pero tendría que estar más definida en la legislación porque su aplicación en la vida de las personas con discapacidad que han estado confinadas tras la irrupción de la COVID-19 “hubiera contribuido a que su calidad de vida hubiera sido mejor”, lamentó Celada.