En Castilla y León casi 178.000 personas padecen algún tipo de discapacidad, lo que representa el 8 % de la población. De ahí la importancia de la Ley de Garantías de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida, que se aprobará en los próximos meses. Su objetivo es garantizar que las personas con discapacidad de la región puedan participar y decidir sobre su propia vida, fomentando la autodeterminación. Para ello, se establece un servicio de apoyo técnico para que, una vez que fallezcan sus progenitores o cuidadores, sigan recibiendo la atención que precisan.

El anteproyecto de Ley de Garantías de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida, norma que se aprobará en las Cortes este año, ha sido consensuado con Cermi Castilla y León y pretende avanzar de manera efectiva en la defensa y promoción de los derechos de las casi 178.000 personas con discapacidad que residen en la comunidad: más del 57 % padece discapacidad física, el 17 % mental, el 11,5 % intelectual, el 7,5 % visual y el 7 % auditiva.

Esta Ley novedosa y pionera, respecto al resto de normas actuales en España, consolida el Modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), apostando por la promoción del derecho de las personas con discapacidad a participar en la toma de decisiones de su propio proyecto de vida, y que piensa en el presente y futuro de las personas con discapacidad.

Asimismo, nace del compromiso de la Junta de Castilla y León por hacer posible el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente y su plena inclusión en la sociedad, ya que su objeto es garantizar la atención continua especializada de las personas con discapacidad durante todas las etapas de su ciclo vital o posibles situaciones de especial vulnerabilidad en que se puedan encontrar, contando para ello con los apoyos necesarios adatados a sus capacidades y situación. De acuerdo siempre con sus deseos y preferencias, contenidos en el proyecto de vida y evitando figuras limitadoras de sus derechos. Además, la Ley es fruto del diálogo y del consenso con el sector de la discapacidad.

La Ley incluye varios aspectos: la atención centrada en la persona, la continuidad de apoyos, la promoción de la autonomía personal y la ética como base del modelo de atención primando el reconocimiento de la dignidad de la persona y sus valores, así como el derecho que debe tener toda persona con discapacidad a tomar decisiones sobre su propia vida.

Garantiza la atención continua especializada de las personas con discapacidad durante todas las etapas de su ciclo vital o posibles situaciones de especial vulnerabilidad

Modelo de atención para toda la vida

Se establece un sistema de apoyos planificado y de futuro, que seguirá vigente incluso cuando falten sus familiares o tutores, y que se elaborará con el asesoramiento de un profesional de referencia contando con la familia, conforme a los deseos y preferencias de la personas con discapacidad. Finalmente, se plasmará en un itinerario vital denominado Proyecto de Vida, que serán declaraciones de voluntad de las personas con discapacidad y de sus familias, y una hoja de ruta con una planificación de apoyos y adaptaciones personales, que guíe a los profesionales en su atención cuando los apoyos familiares falten, garantizando que su voluntad y preferencias sean tenidas en cuenta en ese momento futuro. Además, se desarrollarán servicios de apoyo a las personas, familias y cuidadores para la activación del proyecto de vida.

Los apoyos pueden proceder de personas, como la figura del asistente personal; de servicios de tecnología, como el apoyo a través de sillas de ruedas, audífonos, dispositivos de ayuda visual, equipos y programas informáticos especializados o incluso de servicios de estimulación, fisioterapia, promoción de la autonomía o formación.

Con esta Ley se promoverá siempre la figura menos limitadora de sus derechos, procurando que la persona con discapacidad pueda tomar su propia decisión, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias.

En el Título I de la Ley, se reflejan los apoyos en las transiciones a lo largo de la vida de las persona con discapacidad, apostando siempre por la investigación, innovación tecnológica y la formación de los profesionales para la mejora continua de estos apoyos, entre los que destacarían:

  • Durante los primeros años de vida, la atención temprana es la prestación de acceso universal en Castilla y León.
  • Al pasar de la etapa educativa a la laboral y vida adulta, supone el derecho a la atención en centro de día que garantice, con continuidad a la del sistema educativo, el proceso de integración social y laboral de las personas con discapacidad una vez culminados los ciclos educativos a los que puedan acceder para que puedan desempeñar un trabajo adecuado a su evolución y seguir disfrutando de un ocio según sus intereses.
  • En la transición del trabajo a la jubilación, con el desarrollo de actividades de envejecimiento activo para que con el paso de los años y aunque falten sus familiares, las personas con discapacidad puedan envejecer de forma saludable sin perder la autonomía alcanzada a lo largo de su vida. De esta manera, se pretende que puedan seguir viviendo donde ellas deseen o permanezcan en el entorno donde han desarrollado su trayectoria vital evitando el desarraigo y la soledad.
  • En las transiciones vitales profundas que generen situaciones de desamparo personal por la desaparición o merma significativa de los apoyos familiares a causa del envejecimiento del entorno o por otras situaciones sociales, tendrán prioridad en el acceso de las prestaciones esenciales como el alojamiento (atención residencial y otros modelos de vivienda) y otros apoyos sociales que precise.

Inclusión de las personas con discapacidad en la Administración

El pasado 25 de enero se publicó en Gobierno Abierto del portal de la Junta de Castilla y León para su consulta previa, la propuesta de modificación del Decreto por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León. En esta tarea colaborarán las Consejerías de la Presidencia y de Familia e Igualdad de Oportunidades, junto a las entidades del Tercer Sector.

El objetivo que se pretende alcanzar con esta modificación reside en la progresiva reducción de la brecha en el acceso al empleo público entre el turno libre y el de discapacidad. La modificación aprovechará para actualizar la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, mediante la norma que regula la cobertura de personal temporal en la Administración en Castilla y León, a la par que actualizará las referencias al Estatuto Básico del Empleado Público y a la Ley de Función Pública. Esto implica una puesta al día de los requisitos complementarios de acreditación que vienen exigiéndose a estas personas para superar los procesos selectivos.

En este sentido, se incluyen algunas de las modificaciones que se proponen en el texto, y que suponen una novedad en el mismo, como es el caso del grado reconocido de discapacidad, que pasará a ser del 65 %, en vez del 75 % actual; las pruebas selectivas contemplarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo; y especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un plan de incorporación específico para facilitar su ingreso.

Esta modificación del decreto supone un nuevo impulso que se suma a la labor de la Junta en la búsqueda de la modernización, estabilización y mejora de la Función Pública, con el objetivo de retener y atraer talento para que la Administración siga siendo una seña de identidad en la prestación de unos servicios públicos de calidad ampliamente acreditados. Por ello, quiere sumar el talento de las personas con discapacidad, que están demostrando ser un auténtico valor añadido para la Junta, con una capacidad de trabajo y resultados más que satisfactorios.

Asimismo, la Administración se marca como reto continuar avanzando en la igualdad de oportunidades y en la inserción social, a través del empleo, de las personas con discapacidad. Al respecto, destacar la exitosa experiencia del primer concurso-oposición en la Administración autonómica, convocado en 2017, que permitió la incorporación y ejemplar integración de cinco personas con discapacidad intelectual a distintos centros de la Gerencia de Servicios Sociales.