La accesibilidad de las personas sordas al sistema sociosanitario

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2008), en España hay 1.064.000 personas con distintos grados de sordera, lo que supone el 2 % de la población y el 28 % del total de personas con discapacidad. Un colectivo numeroso que debe ser escuchado, más aún si hablamos de la accesibilidad en el ámbito sociosanitario. Las personas sordas tienen derecho a ser atendidas en igualdad de condiciones y, por tanto, hay que evitar situaciones que generen confusión o ansiedad, así como diagnósticos o tratamientos erróneos. Si bien las personas sordas tienen derecho a contar con un intérprete de lengua de signos para comunicarse con el personal sanitario, en demasiadas ocasiones se ven en la necesidad de recurrir al lápiz y papel o a intentar leer los labios. Para mejorar la comunicación en entornos sociosanitarios, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) propone, por ejemplo, pantallas luminosas que complementen a la acústica, servicio inmediato de interpretación, videointerpretación y, sobre todo, una mayor voluntad de la sociedad para entender y compartir sus necesidades.

 

Las personas con discapacidad auditiva tienen que superar a diario diferentes barreras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos. En este sentido, la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Concha Díaz, señala que la existencia de barreras de comunicación dificulta “el acceso a la información y, por consiguiente, merma nuestra plena participación en la sociedad. Por otro lado, están los prejuicios y los estereotipos que aún existen sobre nosotros y que, indudablemente, nos restan oportunidades”.
En España, existe una legislación estatal y autonómica bastante avanzada en lo que respecta a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, “pero no se aplica como debería. Se proclaman derechos, pero no se establecen los cauces para que puedan ejercitarse. Vivimos en un mundo donde sufrimos fuertes discriminaciones por ser sordas en la educación, en el empleo, en el uso de la lengua de signos, en el acceso a los servicios sociosanitarios, a la justicia, en los medios de comunicación, en el disfrute de la cultura, en el acceso a las ayudas técnicas y tantos otros”, lamenta Díaz. A pesar de los avances, las personas sordas todavía “no somos iguales en derechos”. Una situación que, además, puede agravarse en función del lugar donde resida.

Comunicación en el sistema sociosanitario

La falta de accesibilidad a la información y a la comunicación en el ámbito sociosanitario, implica serias dificultades para las personas sordas. “No recibimos atención accesible en los servicios sociales y de salud. La información nos llega incompleta en la red de hospitales públicos, Atención Primaria, centros de especialidades, casas de acogida, centros de mayores, etc.”, asegura la presidenta de la  CNSE.
Gracias a la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos en España y regula los medios de apoyo a la comunicación oral, las personas sordas tienen el derecho a contar con la presencia de un intérprete de lengua de signos para comunicarse con el personal sanitario en igualdad de condiciones que cualquier otro paciente. “Sin embargo, en muchas ocasiones, especialmente si acudimos a los servicios de urgencias, nos vemos obligados a recurrir al papel y lápiz, o a intentar leer los labios de nuestro interlocutor, con lo cual  se nos escapa casi toda la información que recibimos”, afirma Díaz.
Resumiendo… En teoría, la Ley garantiza el derecho de las personas sordas a contar con intérpretes de lengua de signos “en el ejercicio de nuestros derechos básicos”, así como con los recursos de apoyo a la comunicación oral que precisen. Pero, en la práctica, “es necesario la universalización y ampliación de dicho servicio, especialmente en ámbitos como el sanitario, porque a menudo está sujeto a imprevistos y situaciones de urgencia que no permiten una planificación por parte del paciente”. Por ello, la CNSE está trabajando con la Administración para fomentar la incorporación de servicios de videointerpretación como SVisual en la red de hospitales públicos, Atención Primaria y centros de especialidades.

 

La falta de información accesible nos convierte en un colectivo especialmente vulnerable en casos de emergencia, tanto social como sanitaria

Otros recursos que ayudarían a mejorar la comunicación pasan por la necesaria formación, tanto de las propias personas sordas como de los profesionales del ámbito sanitario. En 2015, la CNSE puso en marcha un programa a cargo del 0,7 % del IRPF para la promoción accesible de hábitos saludables, que se concretó en un ciclo de conferencias que se imparten por todo el territorio español sobre la salud integral de las mujeres sordas y la elaboración de un folleto informativo (www.cnse.es/uploaded/publicaciones/04032015092332_4201.pdf) para que los profesionales de la salud conozcan cuáles son las necesidades de estas mujeres y con qué recursos pueden tener una comunicación accesible.

Por otra parte, Concha Díaz destaca que es necesario adaptar los servicios de aviso de los centros sanitarios e incorporar en las salas de espera pantallas o letreros luminosos para que cuando llamen a consulta a una persona sorda, ésta pueda enterarse. “Recientemente, un paciente sordo de Almería pasó siete horas en urgencias por esta falta de accesibilidad”, añadió.

Asimismo, deben adoptarse las medidas necesarias para que las campañas informativas y preventivas en materia de salud sean accesibles “e incorporen subtítulos y lengua de signos española, con especial atención a las situaciones de alarma sanitaria. Las personas sordas tenemos la misma necesidad que cualquier otro ciudadano de conocer qué sucede en nuestro país. Además, la falta de información accesible nos convierte en un colectivo especialmente vulnerable en casos de emergencia”, insiste Díaz.

 

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