Las personas con discapacidad auditiva viven, a diario, y en diferentes ámbitos de su vida, sorteando dificultades para poder comunicarse y para acceder a la información en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos. ¿Cuáles son las principales barreras que deben sortear? ¿Cómo se puede facilitar ese acceso a la información y la comunicación de las personas sordas? ¿Hasta qué punto la actual crisis sanitaria ha incrementado la discriminación de este colectivo? Intentamos dar respuesta a estas y otras preguntas, y nos acercamos a las principales adaptaciones con las que hoy cuentan las personas con sordera.

Cuando hablamos de personas con sordera, con discapacidad auditiva, no estamos hablando de un grupo de personas heterogéneas que comparten las mismas características. Se trata más bien de un grupo muy diverso ya que, incluso con el mismo grado de pérdida auditiva, las variables que les diferencias son muchas, desde sus peculiaridades familiares, sociales y educativas, por lo que los expertos consideran que no podemos hablar de un único modelo de persona sorda. Como asegura el secretario General de la Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE, Roberto Suárez, este colectivo es muy diverso y esa diversidad “hay que comprenderla y respetarla”, porque cada persona sorda, independientemente de sus características individuales, “es válida tal y como es. Y aunque haya quienes nos menosprecien e intenten relegarnos a un segundo lugar, las personas sordas tenemos mucho que aportar”, afirma.

Como nos aseguran los expertos de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS, podemos distinguir entre personas sordas que se comunican en lengua oral (más del 97 % de la población con sordera) y las personas sordas que comunican en lengua de signos (en su mayoría no usan prótesis auditivas). Para el primer grupo, las prótesis auditivas son su instrumento básico de interacción y para acceder a otros productos de apoyo y nuevas tecnologías. Gracias a los progresos científicos y tecnológicos de los últimos años, la mayoría de las personas con sordera comunican en lengua oral y se encuentran preparadas para vivir de manera autónoma. Aunque esto no significa que no existan limitaciones en el acceso a la información y a la comunicación. Porque, aun con las facilidades que aporta el progreso, sigue habiendo retos importantes que alcanzar, barreras que destruir.

Una de esas barreras es la consideración social de este colectivo, porque como afirma Suárez sigue existiendo un gran desconocimiento sobre la realidad de las personas sordas “y sobre la lengua de signos y sus beneficios. Continúan vigentes los prejuicios y estereotipos sociales sobre nuestras capacidades” a consecuencia de una información que a veces es sesgada e incompleta.

Roberto Suárez reconoce que en nuestro país tenemos la legislación adecuada para asegurar la accesibilidad real a las personas con discapacidad auditiva. “La tiene, pero no se traslada a la práctica”, afirma. Contamos con leyes como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, norma que obliga a que los entornos, productos y servicios sean accesibles. Pero, en lo que respecta a las personas sordas su aplicación, según Suárez, es insuficiente. “Que en España tengamos que seguir rogando para que las personas sordas podamos acceder sin barreras de comunicación de ningún tipo a la atención sanitaria, a las gestiones con la Agencia Tributaria, al 112, a los teléfonos de atención ciudadana, a la disposición de intérpretes en las aulas y en la formación para el empleo, etc. y que a nadie le sorprenda a pesar de la legislación, dice mucho de la urgencia de una aplicación real y efectiva”. Tras esta aseveración, el secretario General de la CNSE, considera que es imprescindible hacer un seguimiento del cumplimiento de la ley en todas las entidades públicas y privadas que ofrecen servicios públicos, y que hay que utilizar el régimen sancionador recogido en la propia norma para los casos de incumplimientos a los que se enfrentan las personas sordas y sordociegas “para las que la lengua de signos es una necesidad”.

A pesar de que se ha avanzado en materia de legislación, de normalización y de visibilidad de la lengua de signos, “sigue sin garantizarse su uso. Y nadie puede cuestionar que estas lenguas deben tener el mismo estatus que las lenguas orales”. Sí que se asignan algunos recursos pero estos “son insuficientes”. La ley 27/2007 de 23 de octubre por la que se reconocen las lenguas de signos españolas ha sido una ley “largamente reivindicada por el movimiento asociativo de personas sordas en España en la cual, por primera vez, se reconocían la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, garantizándose con ello la libertad para aprenderlas y utilizarlas”. Además de esta ley estatal, Cataluña y Andalucía tienen legislación propia, la Ley catalana 17/2010, de 3 de junio, y la Ley andaluza 11/2011, de 5 de diciembre. Asimismo, las lenguas de signos están incluidas en ocho Estatutos de Autonomía y en variadas leyes y normativas, “están consideradas como patrimonio cultural inmaterial, y desde hace varios años, cuentan con un día nacional, el 14 de junio. Sin embargo, de poco sirve contar con un marco legislativo favorable si los gobiernos no dan apoyo efectivo a estas políticas, con presupuestos suficientes, ni materializan las reivindicaciones a favor de estas lenguas en medidas concretas”.

Suárez se queja de que, a pesar de la igualdad de oportunidades que garantiza la ley, todavía hoy “prevalece la discriminación y la vulneración de nuestros derechos humanos y ciudadanos”. Siguen encontrando barreras en el acceso al empleo, a la educación, a la formación, a la información, etc. «Seguimos sin contar con la interpretación y vedeointerpretación a la lengua de signos en ámbitos tan importantes como el sanitario. Seguimos dependiendo de la buena voluntad. Una situación que se recrudece para las personas sordas que no viven en grandes ciudades”, que es donde suelen encontrarse la mayoría de los recursos.

La pandemia agrava la discriminación

Desde que el año pasado se decreta el Estado de Alarma, y el consiguiente confinamiento en los domicilios, la falta de accesibilidad a la información se ha visto agravada para este colectivo. Suárez recuerda que la comunicación telefónica pasó a ser la principal forma de acceso a los distintos recursos y servicios surgidos a raíz de la alerta sanitaria, “impidiendo por completo nuestro acceso a la información sobre el coronavirus, a la gestión de ayudas y prestaciones, a la atención sin barreras durante la hospitalización o el seguimiento domiciliario, a la asistencia psicológica, o incluso en el caso de personas mayores o dependientes, a la satisfacción de necesidades básicas como comprar comida o medicamentos”.

En el ámbito educativo, se ha constatado una falta de apoyos y de recursos adaptados a las necesidades educativas del alumnado sordo durante la formación online impuesta por el confinamiento, lo que “colocó a estos estudiantes en una clara situación de desventaja frente al resto. Una situación claramente discriminatoria que en España ningún gobierno ha sabido solucionar de forma eficaz, y que sigue siendo un problema y un motivo de preocupación una vez recuperada la actividad presencial”. 

Tanto en el ámbito educativo como en otros campos, Suárez reconoce que ha quedado claro que “la accesibilidad es una parte integral de los esfuerzos que deben hacerse para combatir la pandemia”. La igualdad de oportunidades de las personas sordas depende de la incorporación de intérpretes de lengua de signos y de servicios de videointerpretación. Depende, también, “de la existencia de mascarillas transparentes debidamente homologadas por parte del organismo público pertinente que reúnan características técnicas y biosanitarias tales como respirabilidad, seguridad, y sostenibilidad, que cuenten con un diseño que facilite tanto la lectura labial como la percepción de la expresión facial en su conjunto, que sean asequibles económicamente para la población, y cuyo uso se priorice en puestos de atención pública”. Además, esa igualdad depende de que se proporcione información esencial en formato de texto en los espacios públicos complementada con ayudas visuales y con un código QR que permita acceder a ella en lengua de signos. Pero, ante todo, “depende de que administraciones públicas, empresas privadas y agentes sociales, educativos y culturales, adopten una actitud proactiva y de cooperación que contribuya a paliar la falta de accesibilidad de muchos de los recursos y servicios disponibles para el conjunto de la ciudadanía”, concluye.

Adaptaciones para garantizar la igualdad

Como nos cuenta Suárez, existen soluciones eficaces para conseguir una comunicación accesible, bien a través de la lengua de signos, bien de textos escritos o bien de la modalidad comunicativa que cada persona requiera. Un ejemplo claro es el servicio de videointerpretación SVisual, presente en el 016, en el teléfono de emergencias 112 de Extremadura así como en otros servicios de atención a los ciudadanos. Un servicio que durante 2020 recibió 174.738 llamadas y que, como argumenta el secretario General de CNSE, “su potencial para asegurar la autonomía e independencia de las personas sordas en escenarios tan importantes como, por ejemplo, el sanitario, la convierte en una herramienta única e imprescindible”.

Otro recurso es la plataforma ALBA, dirigida a informar y asesorar a mujeres sordas víctimas de violencia machista; el servicio Vidasor, servicio de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores sordas; o la plataforma de teleformación Signocampus que “durante la pandemia han contribuido enormemente a paliar el aislamiento, la desinformación, la dependencia y la inseguridad que vienen dadas por las dificultades que encontramos para comunicarnos con el entorno y para acceder a la información”.

También existen aplicaciones móviles como TeCuento, el primer lector digital en lengua de signos para niñas y niños sordos. DILSE, que es un diccionario multimedia de la lengua de signos española elaborado en colaboración con la RAE. Text2Sing, que es un servicio que traduce textos de especial complejidad a la lengua de signos; Alertcops, que está diseñada para alertar de un delito o situación de riesgo mediante el uso de imágenes y chat. Google Translate o Google Live Transcriber, de transcripción instantánea. Zoom para reuniones por videoconferencia. Closed Caption y &ava, para la creación de subtítulos automáticos. O WhatsApp y Telegram de mensajería instantánea.

La asignatura pendiente es “la falta de accesibilidad en los contenidos televisivos. Recordemos que para aquellos grupos de población sorda que ya sea por edad, por motivos socioeconómicos, o por vivir en zonas con una escasa o nula cobertura de Internet, no tienen acceso a otras plataformas menos convencionales, la televisión constituye su principal fuente de noticias”. Por eso exigen que se garantice la presencia de la lengua de signos y el subtitulado en las diferentes cadenas y que se haga en condiciones de calidad.

Como aseguraba Suárez, aún queda mucho por hacer. Para conseguir la accesibilidad auditiva y la comunicación oral, desde FIAPAS se propone tomar algunas medidas en diferentes ámbitos. Así, por ejemplo, en los espacios públicos, la accesibilidad acústica para por el empleo de materiales de construcción que no provoquen interferencias con los bucles de inducción magnética, por preinstalaciones eléctricas que faciliten la incorporación de rótulos, sistemas de alertas luminosos, y  por instalaciones soterradas de bucle magnético.

En los recintos culturales, auditorios y polideportivos, FIAPAS recomienda que la instalación disponga de bucle magnético, que esté señalizado, para proporcionar accesibilidad a la información y a la comunicación a las personas sordas usuarias de prótesis auditivas. En cuanto a los ascensores, especifica que deberían estar provistos de puertas con zonas acristaladas para facilitar el contacto visual con el exterior. Además, la cabina debe contar con indicador sonoro y visual de parada y de número de planta, y con sistema de interfono accesible.

FIAPAS reconoce que los servicios telefónicos relacionados con la asistencia sanitaria y con la seguridad ciudadana han de ser accesibles para todas las personas, incorporando la posibilidad de chats, mensajería instantánea y videollamadas que permitan la comunicación en tiempo real, mediante voz, texto, subtitulado e imagen.