En los dos últimos Consejos de Ministros del pasado mes de abril, el Gobierno aprobó, de un lado, la distribución territorial de los créditos previstos para financiar proyectos de inversión del componente 22, el conocido como la «Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social», del Plan España Puede, y de otro, una semana después, la totalidad de dicho Plan, para su envío inmediato a Bruselas. La inversión total de estos fondos hasta 2023 será de 2.600 millones, de los que las comunidades autónomas destinarán un 70 % a mejorar los sistemas de apoyos y cuidados de larga duración.

 Por Ruth Vázquez

 Como es sabido, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia nacional  recibe el nombre de “España Puede” y es el instrumento que desarrollará los fondos europeos de recuperación Next Generation EU, para movilizar casi 70.000 millones de euros durante 2021-2023 en transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Dicho Plan, recibió la aprobación del Consejo de Ministros, el pasado 27 de abril, apenas tres días antes de su envío formal a Bruselas, quien supervisa su ajuste a los criterios previamente establecidos.

Una semana antes, el Consejo de Ministros acordó la distribución territorial de los créditos para la financiación de proyectos de inversión del componente 22 «Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión social» del Plan, para el ejercicio de 2021. Del total de fondos adscritos a ese componente 22 (“España Puede” desgrana hasta 30 componentes), el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 gestionará 3.156 millones de euros en todo el periodo, de los cuales 910 millones se ejecutarán en 2021, siendo una parte atribución directa de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y otra de las administraciones territoriales, con participación, además, de entidades locales.

Más de 400 proyectos

En concreto, la inversión total de estos fondos, destinados según el Ministerio “a reformar el sistema de los cuidados”, será de 2.600 millones hasta 2023. Las comunidades autónomas destinarán:

  • El 70 % a mejorar los sistemas de apoyos y cuidados de larga duración: reformar las infraestructuras de residencias y adaptarlas al modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP) que se quiere impulsar, centros de día, teleasistencia y otros recursos de atención en la proximidad alternativos a las residencias.
  • El 26 % se dedicará a la modernización de los servicios sociales: innovación tecnológica y digitalización, formación de profesionales, proyectos piloto de innovación, infraestructuras de atención a la infancia y cambio de su modelo.
  • El 4 % a temas de accesibilidad en todos los ámbitos: espacios y servicios de la administración, transportes, educación, etc.

Las comunidades autónomas, a las que están transferidas muchas competencias asistenciales, entre ellas las de mayores, ejecutarán 730,8 millones en 2021, con carácter finalista, de los cuales 482,4 millones se centrarán en fomentar un modelo de atención a las personas dependientes en su domicilio, otros 216,9 millones serán para reformar el modelo de atención a la infancia, y 31,5 millones se destinarán a la mejora de la accesibilidad universal (incluyendo la cognitiva).

Tras su aprobación definitiva en el Consejo Territorial, celebrado el pasado 30 de abril, estaba previsto la firma de  los convenios entre Ministerio y comunidades autónomas para recoger los proyectos concretos, su coste y los hitos y objetivos comprometidos –se establecería un mecanismo de coordinación permanente y de evaluación semestral entre administraciones, para asegurar que se alcanzan los objetivos de transformación social que exige ese componente 22-.

Este adelanto de financiación (las comunidades autónomas recibirán el importe completo de los fondos del año) se hará incluso antes de que la Unión Europea formalice el primer ingreso, gracias a la decisión previa del Gobierno de incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con cargo a recursos propios. De esta forma, se podrá activar la inversión de forma inmediata en los más de 400 proyectos que han propuesto las comunidades autónomas para todo el periodo, en torno a este componente 22, para la modernización del conjunto de los servicios sociales, sobre todo, del modelo de cuidados de larga duración.

Según desveló el Ministerio, tras la celebración del citado Consejo Territorial, en 2021 Andalucía, Cataluña y Madrid serán las regiones que recibirán las mayores cuantías con asignaciones de 124,97 millones (17,1 % del total de los 730,8 millones aprobados), 110,30 millones (15,09 %) y 94,11 (12,88 %), respectivamente. A continuación, la Comunidad Valenciana absorberá 72,5 millones (9,92 %), Galicia otros 45,61 (6,24 %) y Castilla y León hasta 41,87 millones (5,73 %).

Este mismo proceso de distribución de fondos se repetirá cada año, aplicando los mismos criterios que en 2021, y los proyectos que se ejecutarán en todo el periodo serán en buena parte plurianuales, lo que aumentará su impacto, según señalaba el Ministerio.

Tres niveles de actuación

Volviendo al Plan global, tras su aprobación en Consejo de Ministros del pasado 27 de abril, el Gobierno disponía de un plazo de tres días, hasta el 30 de abril, para su envío a Bruselas. Esa era la fecha tope fijada por la Comisión Europea para la recepción de los planes particulares de recuperación de todos sus estados miembros. A partir de ahí, se abría una fase de otros dos meses para la evaluación positiva y un mes adicional para la aprobación individual de cada plan. Algunos analistas establecían la previsión de que a partir de mayo podrían empezar a lanzarse las primeras convocatorias de ayudas y subvenciones –con cargo, incluso, al adelanto previsto por el Gobierno de los fondos con recursos propios, antes mencionado- y que en junio/julio de 2021 se pudiese producir el primer pago previsto por parte de la Unión Europea.

La Comisión ejerce una función de evaluación y supervisión sobre el Plan de España, en cuanto a su adecuación a las líneas diseñadas previamente desde Bruselas, en reformas estructurales de políticas públicas y en grandes líneas de inversión, que se distribuyen en tres niveles en cascada. En un primer nivel, se incluyen los 30 componentes, que concentrarían el dinero que se recibiría de Europa, entre ellos, el relativo a los nuevos cuidados. En un segundo nivel, se reflejan cada una de las líneas de inversión previstas en cada componente y, en un tercer nivel, estarían los proyectos, ya con nombre y apellido. Convendría señalar que Bruselas solo aprobaría los dos primeros niveles, y nunca el tercero, que a mediados de abril estaba todavía en construcción.

Además de las transferencias de 70.000 millones de euros, se irían movilizando desde el segundo año los créditos previstos para instrumentos financieros (a partir de 2022) y para reforzar la financiación del conjunto de programas de inversiones (2023). Según apunta el Gobierno, los fondos Next Generation EU “movilizarán inversiones públicas que servirán de palanca para inversiones privadas adicionales por valor de 500.000 millones en los próximos seis años”.

“España Puede” pivota en torno a cuatro pilares (Transición Ecológica, Transformación Digital, Igualdad de Género y Cohesión social y territorial), diez políticas palancas (la 8 es la relativa a la Economía de los Cuidados), con los 30 componentes de inversión ya mencionados.

A su vez, cada componente tiene unos retos y objetivos globales y sendos apartados de reformas e inversiones. El 22 (Economía de los cuidados) plantea reformas para mejorar el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), simplificar procedimientos y reducir las listas de espera, con el objetivo de reforzar la calidad de los servicios profesionales, las condiciones laborales y aumentar la cobertura de las prestaciones. Las inversiones se centran en la desinstitucionalización, equipamientos y tecnología. Se financiarán nuevos equipamientos públicos en los centros residenciales, con características adecuadas para el cambio de modelo que se quiere impulsar, y centros de día que permitan apoyos y cuidados en la proximidad del domicilio y en áreas rurales, además de equipamientos domiciliarios para la promoción de la autonomía personal.

Pero, ¿cómo se canalizarán los fondos una vez lleguen en España?

Según explican los expertos, habrá una serie de instrumentos legales, entre los que figura la vía de concurrencia competitiva, mediante la licitación de contratos públicos y con la convocatoria de ayudas o subvenciones, dirigidas estas a cofinanciar proyectos de inversión (en torno a una media del 30 %, pero que podría llegar en algunos hasta el 70 % del importe). Una segunda vía se basará en la colaboración público-privada directa, mediante convenios, consorcios público-privados y sociedades de economía mixta; y los recién creados PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), para proyectos tractores con implicación de administraciones y centros de investigación.

En cualquier caso, se espera que los procedimientos de contratación se vean agilizados en gran manera, tras la publicación del Real Decreto 36/2020 del pasado diciembre, por el que se aprobaban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, de cara a la ejecución del Plan. Establecía, además, mecanismos para el control y la salvaguarda necesarios para justificar la solicitud de reembolsos y la absorción de los fondos que exige Europa. Para ello, menciona dicho Decreto, “era necesario revisar los obstáculos y cuellos de botella existentes en la normativa y en los procedimientos de contratación”.

Entre otros instrumentos utilizados por las Administraciones Públicas figuran las Manifestaciones de Interés, que funcionarían como una especie de concurso de ideas para, entre otros objetivos, demostrar a Europa que se ha involucrado a la iniciativa privada en el Plan y para testear las necesidades de las empresas, de cara a orientar las futuras convocatorias.

En cuanto a la gestión y a quién hay que acercarse para recibir financiación, se utilizarán instrumentos y agentes operativos que ya existen, como pueden ser Red.es, SEPI o ICO, con la pretensión de agilizar la ejecución de las convocatorias.

En los ámbitos que sean competencia de las autonomías, como Sanidad o Dependencia, serán las administraciones regionales las que canalizarán los contratos, absorbiendo en torno a un 50 % de los fondos, y dejando el 45 % para el Gobierno central y sus distintos Ministerios, y el 5 % para las entidades locales.

Los expertos en la materia recomiendan, además, a las empresas interesadas la importancia de trabajar en proyectos que puedan ejecutarse en el corto plazo y que vayan en línea con los objetivos del Plan de Resiliencia, siendo además necesario, por tanto, trabajar y mantener una relación fluida con las administraciones.