Por Ruth Vázquez

A mediados de marzo, España afrontaba el reto de ajustar en un Plan global de país los 17 planes esbozados por las comunidades autónomas, para participar en la convocatoria de los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea. Hasta entonces, pocas regiones habían detallado públicamente su batería de proyectos, más allá de avanzar una serie de presupuestos generales por capítulos o palancas tractoras, que obviamente deberán pasar la criba de Moncloa antes de ser evaluados por la Comisión. Pese a la información facilitada a cuentagotas, en general, las comunidades han apostado por la digitalización de la salud, la integración de las historias clínica y sociosanitaria, o incluso la social, y por la innovación en los cuidados de larga duración y en los servicios asistenciales para la España despoblada y rural.

El 30 de abril es la fecha tope fijada por la Comisión Europea para la recepción de los planes particulares de recuperación de todos sus estados miembros. A partir de ahí, se abre una fase de otros dos meses para la evaluación positiva y un mes adicional para la aprobación individual de cada plan. Los analistas más optimistas avanzan ya que las autorizaciones no empezarán a oficializarse hasta finales del verano y que los fondos NextGenerationEU no llegarían, como pronto, hasta septiembre. Mientras tanto, las comunidades autónomas siguen su particular carrera de obstáculos para, entre otras cuestiones de importancia, aligerar sus procedimientos de contratación con la publicación de decretos leyes, que permitan cumplir con los plazos ajustadísimos previstos para la recepción y ejecución de los fondos y, a la vez, establecer los mecanismos de control y salvaguarda necesarios para la justificación del gasto que exige Europa.

Como es sabido, este fondo de recuperación europeo permitirá a España obtener financiación global cercana a los 140.000 millones de euros, a través de dos instrumentos principales: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) y REACT-EU.

Los fondos MRR concentran el grueso de los recursos, con una asignación de 69.528 millones de euros mediante transferencias no reembolsables y posibilidad de acceder a 70.000 millones más en préstamos (a devolver hasta 31 de diciembre de 2.058). Como regla general, estos fondos se dedicarán a gastos no recurrentes que supongan un cambio estructural y tengan un impacto duradero sobre la resiliencia económica y social, la sostenibilidad, la competitividad a largo plazo y el empleo. Abarca un amplio abanico de inversiones en capital humano (educación, formación, salud, protección social, etc.), fijo (infraestructuras, I+D+i, etc.) y natural (fuentes de energía renovable natural, protección y restauración del medio ambiente, mitigación o adaptación al cambio climático, etc.). Todas estas inversiones pueden canalizarse a través de instrumentos financieros, esquemas de ayudas, subsidios u otros mecanismos. El 70 % de los fondos MRR se recibiría en 2021-2022 –una vez aprobado el Plan, España podría obtener un adelanto de prefinanciación del 20 %-; el 30 % a finales de 2023; y podrán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

El fondo de recuperación europeo permitirá a España obtener financiación global cercana a los 140.000 millones de euros, a través de dos instrumentos principales: el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) y REACT-EU

En cuanto a los recursos REACT-EU, se dispone de una asignación de 12.436 millones de euros, de los cuales 2.436 millones se han reservado para la compra de vacunas y otros 10.000 millones (8.000 en 2021 y otros 2.000 millones en 2022) se han repartido ya a comunidades autónomas, en el marco de la Política de Cohesión y en base a determinados criterios, para afrontar la pandemia, especialmente en el ámbito sanitario y educativo, y para preparar la recuperación y la transición digital y ecológica de la economía. Dichos fondos se ejecutan a través de Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y FSE (Fondo Social Europeo), dentro de los programas operativos ya existentes del Estado y de las comunidades autónomas. Andalucía, por ejemplo, aprobaba a mediados de marzo de 2021 aumentar en 30 millones de eruos el presupuesto para la atención a la dependencia, con cargo a estos recursos extraordinarios REACT-EU; destinados en concreto al servicio de ayuda a domicilio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y el servicio de atención residencial.

Fórmulas de colaboración público-privada

En su totalidad, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, diseñado por el Gobierno español, se estructura en torno a diez políticas palanca urgentes sobre la actividad y el empleo para la modernización de la economía y la sociedad española, siendo la octava palanca del mismo (“Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo”, dotada con el 5,7 % de los fondos en tres años), la que concentraría los proyectos destinados al sector asistencial de mayores. Sin embargo, algunos proyectos compartidos entre lo social y lo sanitario irán asignados en la sexta palanca tractora: “Pacto por la ciencia y la innovación, refuerzo del Sistema Nacional de Salud”.

Para favorecer la colaboración público-privada, el Real Decreto-ley 36/2020 del 30 de diciembre estableció la nueva figura del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), para proyectos tractores con implicación de administraciones, empresas (grandes, pymes y startups, etc.) y centros de investigación. Paralelamente, distintos ministerios han ido convocando las conocidas como manifestaciones de interés como ejercicio participativo para la identificación de grandes proyectos con potencial. Se ha habilitado, además, una ventanilla única para facilitar los trámites y solicitudes como punto de relación con la Administración.

Para distintos analistas, la cuestión es si este es el modelo de colaboración público privada más adecuado, “pues no parte de criterios, sino del tú propón, en el que las administraciones están siendo reactivas”. El principal hándicap está siendo para otros “la parálisis por el análisis; se va haciendo lo que se va pidiendo, pero nadie quiere avanzar más hasta que llegue la financiación; se necesita una contratación eficiente y escuchar al sector privado, porque no todos los proyectos pueden partir de cero, como alguna comunidad pretende; se trata de que los fondos permitan avanzar rápido en la recuperación”. Insisten además, las mismas fuentes, en “la enorme competencia existente entre comunidades, incluso del mismo signo político, que está frenando la colaboración activa deseable para gestionar a tiempo la llegada de los fondos”.

Falta de detalle y poca comunicación pública

No obstante, resulta llamativo que, muy avanzado el mes de marzo de 2021 (fecha de edición de este artículo), se conozcan solo las líneas generales (número de proyectos asociados a determinadas palancas tractoras y el volumen de inversión global) de los proyectos particulares presentados por las comunidades autónomas al Gobierno central y pocos detalles de los mismos. La mayoría ha redactado líneas estratégicas de actuación, pero no ha comunicado listados desglosados, que permitan analizar cuáles son los proyectos relacionados con la atención a mayores, cuáles son sus promotores o, simplemente, cuáles son las actuaciones previstas que nos permita hacer un análisis de conjunto. Tampoco especifican la implicación del sector privado en los proyectos, aunque todos los planes aseguran esa colaboración como clave para la generación de riqueza y empleo en el país.

En general, todas las regiones están incluyendo en sus listados el desarrollo de la historia social única y la historia sanitaria y sociosanitaria, además de trabajar en proyectos de salud digital, monitorización remota, teleasistencia avanzada y hospitalización domiciliaria, entre otros. Se dedica, además, especial atención a la innovación en los cuidados de larga duración, a servicios para la España despoblada y al envejecimiento activo en áreas rurales.

Hasta mediados de marzo, seguía destacando el listado de proyectos del País Vasco, por su nivel de detalle, mientras muchas comunidades apenas habían comunicado esbozos de sus planes generales (aunque la mayoría de ellos o, al menos su versión preliminar, bien podrían estar siendo supervisados por Moncloa sin previa presentación mediática). Como se recordará, el Plan Euskadi Next 21-26 incluía un listado provisional de 188 proyectos para los que el Gobierno vasco quiere movilizar unos 13.135 millones de euros hasta 2026, aunando recursos propios de sus administraciones, inversiones privadas y unos 5.700 millones de euros de los fondos MRR. En concreto, 27 de ellos están centrados en el ámbito de la salud y cuidado de las personas, con un volumen de inversión de 1.215,7 millones de euros, de los cuales 786,4 millones procederían de fondos europeos MRR.