Por Ruth Vázquez

Primer trimestre de 2021. Es la fecha avanzada por el Gobierno español para que se administren las primeras dosis de vacunas contra la enfermedad de COVID-19 en usuarios y personal de residencias de mayores. Si los tiempos se cumplen, y eso pasa porque las farmacéuticas publiquen resultados, las agencias del medicamento den su aprobación y haya dosis suficientes para todos, supondría cortar de inmediato las cadenas de transmisión del virus en los centros. Un paso clave para conseguir la inmunización necesaria que permita abrir las puertas de los centros con seguridad, restablecer la confianza en el sistema e incentivar los nuevos ingresos.

El hecho de que la estrategia de vacunación COVID-19, diseñada por el Gobierno español, priorice a usuarios y personal de las residencias de mayores como candidatos para recibir las primeras dosis de vacunas, supone un paso hacia delante en el proceso de recuperación del sector. Consiguiendo la inmunidad, los centros podrían abrir las puertas a las familias y a nuevos residentes y restablecer la normalidad en actuaciones y cuidados interrumpidos durante la pandemia.

De cumplirse las previsiones -y para ello las farmacéuticas, que aún no han publicado resultados oficiales de sus ensayos (todos en Fase III), deberán obtener el visto bueno necesario e imprescindible de la EMA y la AEMPS (agencias europea y española del medicamento, respectivamente) para su comercialización-, los usuarios y el personal de las residencias podrían empezar a vacunarse, entre enero y marzo de 2021. Unas fechas en las que, según los expertos en la materia, estaríamos lidiando ya con el impacto de una tercera ola de COVID-19, quizás igual o más virulenta que las dos primeras.

Las patronales, entre ellas Aeste, ya proponen que la campaña de vacunación se realice en las residencias, lo que permitiría actuar con mayor celeridad (los centros cuentan con personal sanitario y experiencia con la vacunas de la gripe) y conseguir así que la administración de la primera dosis a toda la población de su red pueda realizarse en pocos días. Evitaría, a su  juicio, la sobresaturación de la red de Atención Primaria y los desplazamientos innecesarios de profesionales y/o usuarios. 

En cualquier caso, los expertos piden cautela. Quedan muchísimas incógnitas por despejar en los procesos a seguir, desde cuál será la vacuna que se podrá administrar, si la elegida tendrá eficacia suficiente en la población mayor, si esa tasa de éxito conseguida a corto plazo se mantendrá en el tiempo, y qué logística de distribución ha de aplicarse para la conservación de cada una de ellas. Teniendo en cuenta, además, que son necesarias dos dosis en un intervalo determinado de tiempo, preocupa especialmente cómo podrá mantenerse la cadena de frío para evitar la degradación de las vacunas, sobre todo, en las basadas en tecnología de ARN mensajero.

Mientras llega la vacuna

Las tres vacunas con mayor probabilidad de llegar a España son las desarrolladas por Moderna, por el tándem de la biotecnológica alemana BioNTech y la empresa estadounidense Pfizer –ambas basadas en ARN-, y la producida por la Universidad de Oxford, junto a la farmacéutica británica AstraZeneca -adenovirus modificado del resfriado de los chimpancés-.

A menos de un mes para fin de año, ninguna de las tres desarrolladoras había publicado datos globales de sus ensayos en revistas científicas; un paso natural y, hasta ahora, previo a la autorización de las agencias del medicamento. Para acelerar los procesos y por emergencia sanitaria, las vacunas están siendo sometidas a un proceso de rolling review, un mecanismo excepcional, por el cual las agencias evalúan los datos conforme se van generando. De esta forma,  asegura la EMA, “se podría emitir un dictamen sobre la autorización de comercialización en unas semanas, que sería favorable siempre y cuando estos datos sean lo suficientemente sólidos y completos para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas”.  A partir de esa autorización condicional y de que las vacunas ya estén en el mercado, se iniciaría la fase habitual de farmacovigilancia, durante la cual las distintas agencias compartirán toda la información que se vaya generando en la vacunación para tomar medidas inmediatas si fuese necesario.

Así las cosas, la Comisión Europea ya contaba a principios de diciembre con contratos de aprovisionamiento para las tres vacunas experimentales mencionadas y acuerdos adicionales con la biotecnológica alemana Curevac, con la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson y con el dúo formado por la multinacional francesa Sanofi y la británica GSK.

Mientras todas estas cuestiones se aclaran, desde el sector de residencias de mayores se advierte de que, aunque la vacuna abre la puerta al optimismo, su llegada no será ni mucho menos la panacea. Llevará bastantes meses recuperar los niveles de ocupación pre-pandémicos para hacer otra vez sostenible el sistema y hasta varios años para conseguir dar solución a toda la problemática endémica del sector, que la infección ha aireado y magnificado. Será un proceso lento, en el que hará falta la unión de fuerzas y un gran esfuerzo para conseguir proyectar la reputación de un sector tan dañado mediáticamente desde el inicio de la pandemia.

El sector ajusta ingresos y personal

El paso de la segunda ola del COVID-19, aun siendo de bastante menos altura que el tsunami de marzo, ha seguido impactando en las residencias de mayores, sobre todo en aquellas con menos inmunidad adquirida o en las ubicadas en zonas que ahora sufren mayor incidencia epidemiológica que en marzo. El conocimiento de la enfermedad, el mejor acceso a EPI y tests, y el expertise en la sectorización y en la aplicación de protocolos, según los gestores consultados, reducen los brotes y prácticamente eliminan los rebrotes, aunque la lista de fallecidos en residencias siga creciendo.

Frente al aumento sostenido de los costes en materiales de prevención, limpiezas y desinfecciones extraordinarias, test y personal de refuerzo, etc., los niveles de ocupación continúan bajando desde marzo. El sector registra ingresos nuevos a cuentagotas y, en muchos casos, asume incluso fugas de plaza privada a pública (menos gravoso para las concertadas, que mantienen al usuario con su plaza adjudicada aunque se reduzca el precio).

Con las cuentas en la mano, algunos expertos aseguran que “si los costes siguen escalando y las administraciones no responden, subiendo sus presupuestos y los precios de las concertaciones, el momento es complicado. Muchas residencias ya han ajustado plantillas para acomodar ratios a ocupaciones, porque la opción de subida de precios no existe en este sector. Los gastos de personal en residencias de mayores absorben de media en torno a un 59% de los ingresos”.

Según explica Jaime Fernández-Martos, socio de FML Abogados, “si no se recuperan los niveles de ocupación de los centros, podríamos empezar a ver una nueva ola, pero esta vez de expedientes de regulación de empleo, temporales o extintivos. El artículo 1 del Real Decreto de marzo que obligaba a mantener el empleo en los centros de mayores por su carácter esencial perdió su vigencia al finalizar el primer estado de alarma, con lo cual actualmente no existe impedimento legal para este tipo de ajustes”. 

De todas formas, para evitar recortes traumáticos de empleo -difíciles de entender por la sociedad en momentos de pandemia-, apunta Fernández-Martos, existen otras alternativas legales a las que pueden acogerse las organizaciones. El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores permite la modificación sustancial de las condiciones de trabajo por causas objetivas justificadas. Se trata de una solución también delicada, porque requiere además el entendimiento, generosidad e interés mutuo de las partes para garantizar la supervivencia de la actividad de la organización.

Hasta ahora, salvando algunos casos puntuales en residencias individuales en las que se han planteado ERTE o ERE –con bastante revuelo sindical, por cierto-, la mayoría de los grupos ha aguantado plantillas o las ha ajustado a sus nuevas ratios, esquivando las regulaciones de empleo, aunque con muchísima dificultad, por miedo a la posibilidad de que se produzcan nuevos brotes. La experiencia de marzo, acudiendo a protocolos de trasvase de trabajadores internos para cubrir bajas, al intercambio de funciones internas o incluso a la intermediación de empresas de contratación temporal, está ayudando en la segunda ola, “aunque sigan faltando enfermeros/as y médicos”. 

Desequilibrio financiero en las prestaciones

En la cuenta de gastos fijos también preocupan los arrendamientos de edificios –por la posibilidad de morosidad en el pago de alquileres firmados a largo plazo-  y los desequilibrios de prestaciones (costes extra no repercutidos), que se están produciendo en muchos contratos públicos de servicios a mayores. Se habla de la posible aplicación de un mecanismo legal de construcción jurisprudencial, muy de moda durante la crisis de 2008 y años siguientes: el principio “rebus sic stantibus” (“estando así las cosas”). Esta cláusula permite la modificación de los términos del contrato, en los casos de imposibilidad sobrevenida de su cumplimiento, cuando se produce un cambio imprevisible de circunstancias (y una pandemia lo es), que produzca una desproporción exorbitante entre prestaciones y obligaciones de ambas partes.

En el apartado de servicios, la filial de ACS, Clece, acaba precisamente de interponer un recurso contencioso-administrativo contra varias administraciones públicas que se han negado a pagar los sobrecostes generados por la pandemia en sus contratos concesionales de servicios a mayores. La compañía había aludido a la ruptura económica de algunos de sus contratos de gestión geriátrica, por sobrecostes en material de protección, personal de refuerzo o incluso en mejoras estructurales que ha debido implementar en infraestructuras (calidad del aire o tecnológicas) y en la compra de equipos de limpieza profesional y desinfección.

En esta línea, la Federación Española de la Dependencia (FED) estima que la pandemia ha agravado los problemas de sobrecoste sanitario que ya venía asumiendo el sector, por lo que la patronal demanda que las consejerías de Sanidad y de Asuntos Sociales sean corresponsables del coste sanitario de los usuarios dependientes. Sugiere la FED, entre otras cuestiones, que se refuerce el personal de los CAP para atender a las residencias y/o se integre a médicos de la sanidad pública directamente en los centros o, por el contrario, se aprueben pagos complementarios a los precios de los conciertos que cubran esos servicios prestados por las residencias.

En realidad, la práctica totalidad del sector de residencias de mayores exige a las distintas administraciones un ejercicio de reflexión para la revisión de sus contrataciones futuras. “Subir el precio de las plazas y cuadrar ese presupuesto con servicios razonables, para que las personas mayores estén mejor atendidas. Pliegos serios, basados en aspectos técnicos y de calidad  y no en subastas de precios”, apunta el responsable de uno de los mayores grupos de residencias del país. La recomendación es clara: los precios públicos de los conciertos deben alinearse con los costes, para garantizar una mínima rentabilidad a operadores y facilitar la entrada de nuevos inversores que favorezca la sostenibilidad del sistema.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se trabaja en una actualización del Acuerdo Marco para la gestión de las plazas concertadas en centros residenciales (el contrato vigente caduca en junio de 2021). La administración regional ha anunciado que ampliará la aportación por plaza desde los 56,69 actuales hasta los 80 euros, pero exigirá aumentar las plantillas de personal de atención directa (más médicos, enfermeros, gerocultores, etc.), subiendo la ratio desde 0,42 a 0,55. Sobre la mesa figura también la creación de unidades de atención específica, con un coordinador de enfermería 24 horas/día, como enlace entre residencia y médico de Atención Primaria o geriatra de referencia.