No es tarea sencilla escribir un artículo de análisis, de cualquier naturaleza, cuando las variables, datos y condiciones cambian a cada segundo y la actualidad supera la ficción. Y más, si cabe, cuando la escalada de noticias sobre el sector de residencias de mayores no cesa, ni cambia significativamente de polaridad, o al menos no lo suficiente para permitir que otros contenidos más sesudos y positivos se escuchen entre tanto ruido de fondo.

Ruth Vázquez. Experta en Comunicación de Crisis y Reputación

Mientras el virus continúa todavía activo, ya se escuchan opiniones sectoriales que recomiendan un cambio en el modelo de atención: voces político-administrativas que hablan de revisión del sistema de explotación, al tiempo que la Fiscalía General del Estado comunica investigaciones penales a más de 100 residencias, por denuncias de familiares y trabajadores. El órgano judicial es competente, además, en un centenar de expedientes civiles en materia de protección de personas vulnerables que también afectan a residencias y personas mayores. Con todo este trasfondo, el interés de los medios de comunicación se vuelca ahora en abrir líneas de investigación, con fijación especial en el negocio privado, su elevada cuota de participación, y en el escrutinio detallado de su composición accionarial, como reclamo de un sistema público de atención a mayores que, actualmente, es claramente insuficiente.

La crisis coyuntural de la COVID-19 ha expuesto ante la opinión pública, de forma cruel, una crisis estructural mucho más profunda que va en cascada desde la infrafinanciación pública, convenios laborales precarios, desigualdad territorial en los servicios, hasta un vago sistema de supervisión.

Según el último Informe de Envejecimiento en Red del CSIC, operan en España un total de 5.300 centros residenciales de mayores, con 373.000 plazas, de las cuales 272.000 (73 %) son de tipología privada y 101.000 (27 %) son públicas. No hace distinción este organismo entre sector privado (sociedades y particulares) y Tercer Sector, que se rige en parte por concertación y en parte por el principio de solidaridad, con un 25 % del total de las plazas; ni menciona las distintas fórmulas concesionales que conviven en el sector: centros públicos de gestión privada (integral o parcial) y concesiones de obra y explotación (no llegaría al 9 % de las plazas totales). Para extractar el mercado puramente privado, haría falta detallar además los distintos modelos de financiación de plazas que las administraciones aplican, bien mediante concertación o con ayudas económicas al usuario, vinculadas a la prestación del servicio en centros residenciales privados acreditados.

En este sentido, el Imserso contabilizaba a finales de 2018 algo más de 391.000 plazas en residencias y viviendas para mayores, de las cuales un 59,4 % eran de financiación pública y un 40,6 % privada. En función de la titularidad de los centros, el organismo público analiza en el estudio 6.240 centros (5.457 residencias), sumando 4.385 inmuebles privados y 1.855 públicos.

Falla la financiación…

La Ley de Dependencia, promulgada hace trece años por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para reconocer el derecho de los mayores a ser atendidos dentro del sistema público, nació con un déficit de financiación estructural. Su desarrollo estaba basado en un teórico reparto de los gastos a partes iguales entre administración central y comunidades autónomas, contando con el copago del usuario según su renta y patrimonio; algo que sería durante años motivo recurrente de disputa entre partidos y distintas administraciones. La crisis iniciada en 2008 y sus recortes presupuestarios se llevaron por delante cualquier posibilidad de ampliación presupuestaria a medio plazo.

Durante años, patronales, sindicatos y otros grupos de interés han reivindicado la necesidad de un cambio en la Ley de Dependencia que dote de un presupuesto y financiación sostenible a las autonomías, con objeto de garantizar la cobertura y costes reales de la cartera de servicios, con criterios de calidad y voluntad de dignificación del sector y de las condiciones de sus trabajadores. Con las competencias de servicios sociales transferidas, el sector corre a 17 velocidades distintas, alguna más si incluimos a las tres diputaciones vascas y las dos ciudades autónomas, provocando desigualdades profundas en cuanto a normativas, inspecciones y regulación, y en la adjudicación y coste de los servicios.

Resulta paradójico, según denuncian fuentes del sector, que “las administraciones concierten plazas a una media de 50-52 euros plaza/día en centros privados, mientras asumen costes internos de 200 euros/plaza en sus centros de gestión directa; precios sin incluir el porcentaje de copago del usuario”. Se trata de un tema de gestión de fondos, que ninguna administración ha querido retocar ni ampliar en años, dejando que la iniciativa privada desarrollase la red mediante fórmulas concesionales, a priori más ventajosas, para la estabilidad de déficit público y subastando las plazas de concertación a precio, en detrimento en muchos casos, no en todos, de los criterios de calidad.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la pandemia llegó con un proceso abierto para revertir la adjudicación de varias concesiones de gestión de servicios, a causa de determinadas irregularidades en el cumplimento de los pliegos de condiciones. El gobierno regional estudiaba paliar la situación con una fórmula concesional de mayor calado, que le permitiese descargar en la iniciativa privada las inversiones necesarias para la puesta a punto de estos centros puntuales, señalados por distintos colectivos como deficientes durante años.

…Y siguen faltando camas

Es evidente que, con la estructura actual y una ratio de poco más de 4 camas por cada 100 mayores de 65 años, por debajo de las 5 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sistema público no puede asumir en solitario el coste de atender directamente y de manera universal a todos los mayores dependientes. Actualmente, 9 millones de españoles son mayores de 65 años (algo más del 19 % del total de la población) y 2,9 millones superan los 80 años. En apenas cuatro años empezará a jubilarse la generación del baby boom y las proyecciones del INE estiman que en 2068 la población mayor de 65 superará ya los 14 millones, con una media de esperanza de vida que podría escalar desde los 83 a los 85,8 años en solo veinte años.

A corto o medio plazo no hay más vía que la de apoyarse como hasta ahora en la colaboración público-privada, eso sí, incrementando la financiación y endureciendo el sistema de vigilancia en los centros (“el que no cumpla, que pague, revise o cierre”, avisan desde el sector), para dar capacidad real a las familias de elegir el dónde y con quién dejan a sus mayores. Lo cierto es que, y en esto sí hay consenso, independientemente de quién preste el servicio, las administraciones deben velar por el cumplimiento de los derechos de las personas vulnerables, con unos servicios de calidad y con personal formado y remunerado acorde a su cualificación.

Impacto desigual

Los datos están ahí y, hasta el momento, el 95 % de las víctimas mortales por COVID-19 en España tenían más de 60 años y el mayor porcentaje se sitúa a partir de los 80 años, con un 60 % de los fallecidos. Para algunos, la rotura del dique natural de contención de las residencias de mayores, que ya hacía aguas y saturaba urgencias con una simple epidemia estacional de gripe, podría haber sido uno de tantos factores decisivos en el colapso del sistema sanitario en las primeras semanas de pandemia.

En cualquier caso, todas las variables han de ser tenidas en cuenta, y el colapso ha ido por barrios. La infección no ha impactado por igual en todas las comunidades, ni ha actuado con idéntica virulencia dentro de una misma región y tampoco el nivel de saturación ha sido el mismo en todos los hospitales de determinadas áreas urbanas.

Salvando esa pequeña parte del parque residencial, con actuaciones dudosas sobre las que deberán responder legalmente cuando toque, los centros residenciales de mayores se han visto expuestos a la COVID-19 de manera desigual y con más o menos incidencia, por muy diversos factores, además de los comunes a todas: espacios de convivencia y cuidados, que no sanitarios, con una población de máximo riesgo de contagio y letalidad. La ubicación en epicentros de la pandemia, como Madrid o Cataluña, unida a la falta de anticipación de sus administraciones competentes, llevó a la priorización del sistema sanitario por encima del residencial de mayores en todos los aspectos clave para una sectorización preventiva (EPI, test y personal sanitario de refuerzo).

En aquellas residencias con menor impacto letal por COVID-19, algunos relacionan el control del contagio con la toma de medidas preventivas con anticipación, la existencia de espacios viables para sectorización y habitaciones individuales; estar integradas en un grupo empresarial con recursos suficientes para proveerse de EPI antes del desabastecimiento del mercado; y poder contar con unidades de medicalización y personal de sustitución con cierta premura. También hubo, cómo no, un componente azaroso, por el que, en algunos centros de grandes organizaciones, la infección fue más letal que en otros de su red, con idénticos recursos y protocolos.