Ana Belén Álvarez. Consejera de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria

“Cualquier mejora salarial se plasmará en un incremento proporcional en los precios públicos de concertación”

Ana Belén Álvarez

Consejera de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria

La disposición al diálogo social y a la negociación de la consejera Ana Belén Álvarez, que entiende la gestión de lo público desde “la cooperación” y nunca desde “la imposición”, ha permitido dar respuesta a la preocupación de patronales y sindicatos del sector sociosanitario ante el incremento de las tablas salariales en función de la subida del IPC. “Después de escuchar las inquietudes de los distintos actores, no podíamos permanecer impasibles”, afirma Álvarez. Convencida de ello, pasó de las palabras a los hechos e impulsó una iniciativa parlamentaria para garantizar por ley que “cualquier mejora salarial que provenga de la negociación colectiva se plasmará en un incremento proporcional en los precios públicos de concertación de los servicios”. Esta medida pretende también hacer frente a la carencia de profesionales, mejorando las condiciones de trabajo y haciendo más atractivo el sector. Todo ello, repercutirá en una mejor calidad de la atención que reciben las personas mayores y con discapacidad.

¿Qué objetivos se plantea en 2022 en materia de políticas sociales dirigidas a las personas mayores y en situación de dependencia?

Una de las iniciativas más importantes que vamos a poner en marcha este año es el programa para la prevención de la soledad no deseada. En mi opinión, es un problema social de primer orden y, hasta ahora, en Cantabria no se había desarrollado ningún programa específico. La falta de relaciones sociales termina, habitualmente, derivando en problemas de salud, especialmente mental y en patologías como depresión, ansiedad o falta de autoestima. Vamos a iniciar una experiencia piloto en la Comarca de Campoo, que es una de las más envejecidas y con mayor dispersión de Cantabria, y el objetivo es reproducirla posteriormente en el resto del territorio.   

En el ámbito de la dependencia, seguimos la hoja de ruta que nos marcamos al inicio de la legislatura con un objetivo muy claro: avanzar en la profesionalización del sector y caminar hacia niveles de atención que nos acerquen a la excelencia. Esto se traduce en tres pasos muy claros: mejorar las ratios de personal, favorecer unas condiciones laborales adecuadas e impulsar un modelo de atención centrado en la persona, con unidades de convivencia reducidas. 

Por supuesto, también vamos a continuar trabajando en extender la red de plazas concertadas, siguiendo el estudio de necesidades que nos permite una planificación a corto y medio plazo, así como en reducir los tiempos de reconocimiento del grado. Queremos seguir mejorando, si bien en estos dos campos Cantabria se encuentra muy bien posicionada.

¿Cuál es la situación actual en las residencias de personas mayores?

La sexta ola ha tenido una incidencia importante, como era previsible. La experiencia nos ha demostrado que cuando el nivel de contagios se incrementa entre la población en general, el virus termina repercutiendo de igual manera en los centros residenciales. Y así ha sido. Afortunadamente, el grado de vacunación entre los usuarios, que son quienes más expuestos están a sufrir las peores consecuencias de la enfermedad, es altísimo, prácticamente del 100 %, y el índice de mortalidad ha sido bajo. En este sentido, el efecto de la vacuna es irrefutable.  

En cuanto a las restricciones, en Cantabria, salvo en el estallido inicial de la pandemia, abogamos por permitir lo que denominamos “visitas responsables”, siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Consideramos que cerrar a cal y canto los centros durante tantos meses iba a tener repercusiones más graves para la salud de las personas usuarias que el propio virus. El tiempo nos ha dado la razón, pues los índices de letalidad y mortalidad han sido de los menores de España. Y respecto a las plazas vacías, es cierto que al comienzo de la crisis sanitaria, el miedo provocó un rechazo a ingresar en los centros, pero con el paso del tiempo ha desaparecido y se ha normalizado la situación.

 Si bien ya se había empezado a hablar de la necesidad de un cambio de modelo de atención residencial, la pandemia ha acelerado el proceso. ¿Qué modelo de atención defiende Cantabria?

En Cantabria, en la pasada legislatura, ya se había comenzado a trabajar en implantar el modelo de atención centrado en la persona. Cuando asumí la responsabilidad de consejera, tras las elecciones de 2019, la Orden de funcionamiento y acreditación de centros estaba recurrida judicialmente por una parte del sector. Con el objetivo de consensuar una norma tan transcendental, abrimos una negociación y aprovechamos para continuar avanzando en ese modelo.

Fruto de esa vía de diálogo, a comienzos del año pasado, publicamos la nueva normativa, cuya filosofía es asemejar la estancia y vida de las personas en las residencias a las de un hogar. Para ello, los centros deben organizarse en unidades de convivencia reducidas, zonificar los espacios y contar con planes de calidad que permitan una evaluación y mejora continua. En definitiva, lo que buscamos es que la vida cotidiana se desarrolle de forma familiar, en un ambiente menos masificado, y donde las necesidades e intereses de los residentes se puedan atender de forma más personalizada.

La pandemia también ha convertido los servicios de proximidad, especialmente la ayuda a domicilio y la teleasistencia, en recursos imprescindibles para mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven en su domicilio. ¿Qué lugar ocupan en Cantabria?

Sin suda, siempre lo han sido y en las circunstancias tan difíciles que hemos vivido, con las limitaciones a la movilidad, aún mucho más. La teleasistencia y la ayuda a domicilio son dos servicios esenciales para favorecer la continuidad de las personas dependientes en su vivienda, que suele ser el deseo más habitual: permanecer en el hogar.

Por ello, el año pasado aprobamos una modificación e incrementamos en más de 2 millones de euros el importe del contrato. Eso nos permitió superar el más de medio millón de horas prestadas e incrementar la intensidad del servicio en un 8 %.

Respecto a la teleasistencia, ya recuperamos la gratuidad en el año 2017, dando marcha atrás a los recortes de etapas anteriores. Por lo tanto, es un servicio universal y gratuito para todas las personas dependientes de Cantabria. En estos momentos, estamos trabajando en la implantación de la teleasistencia avanzada, para prestar un mayor apoyo a los usuarios aprovechándonos de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

En este contexto, ¿va a impulsar una coordinación real y efectiva entre sanidad y servicios sociales para responder, realmente, a las necesidades sociosanitarias de las personas?

Durante la pandemia, la coordinación en Cantabria entre los sistemas sanitarios y de servicios sociales ha sido permanente y fluida, aunque no exenta de dificultades. Esta vivencia, también, nos ha permitido conocer mejor las fortalezas y debilidades de cada de uno de los sistemas; nos ha hecho ponernos cada uno en el lado del otro, una cuestión básica para que podamos comprendernos mejor, tejer juntos y comenzar a implementar soluciones a un problema que se arrastra, prácticamente, desde el nacimiento de la dependencia como cuarto pilar del estado de bienestar.

En algunas áreas y zonas básicas de nuestro territorio la coordinación es total y absoluta, mientras que en otras existen carencias. Por lo tanto, el sistema todavía no ha resuelto de forma definitiva las necesidades de ambos. En cualquier caso, bajo mi punto de vista, cualquier medida a implementar, a efectos de la estructura de servicios del sistema de salud, debe partir de la concepción de la residencia como domicilio.

 ¿Cómo es la relación de la Consejería con los actores del sector sociosaniario: patronales de atención a la dependencia y la discapacidad y sindicatos?

Desde el inicio de la legislatura, por parte de la Consejería siempre ha habido disposición al diálogo y a la negociación, y a pesar de que por el camino hemos encontrado muchas dificultades como la pandemia, que ha tensionado el sistema hasta límites insospechados, a día de hoy el espíritu de colaboración por parte de todos sigue intacto.

Seguramente por mi trayectoria personal y profesional, soy una firme defensora del diálogo social y, por ello, no entiendo la política, la gestión de lo público, si no es desde el ánimo de la cooperación y el trabajo junto. Y máxime en un sistema de atención a la dependencia, que en buena parte descansa sobre la concertación del servicio, por lo que no debe gestionarse desde la imposición. Eso tampoco quita para que la Administración tenga la competencia y la capacidad de establecer el camino por el que quiere avanzar.

 ¿Cómo surgió la idea de impulsar una iniciativa parlamentaria para garantizar por ley que las actualizaciones salariales que provengan de la negociación colectiva tengan su repercusión en el precio de las plazas concertadas que abona la Administración Pública para adecuarse al coste real del servicio?

Nace de la preocupación que, desde finales del año pasado, distintas entidades y organizaciones sindicales me venían trasladando acerca de las dificultades para hacer efectiva una realidad que está plasmada en un convenio en vigor, y que no es otra que el incremento de las tablas salariales de las personas trabajadoras en el sector de la dependencia y la discapacidad acorde a la subida del IPC.

Después de escuchar las inquietudes de los distintos actores en diversas reuniones, entendí que desde la Consejería no podíamos permanecer impasibles y, aunque no estamos obligados a ello, debíamos velar para que esa mejora de las condiciones laborales se lleve a término. Es habitual escuchar a todos los implicados en este sector, desde patronal hasta sindicados pasando por responsables políticos, que es necesario dignificar y profesionalizar el sector. Pues bien, eso pasa indiscutiblemente porque las personas trabajadoras tengan una remuneración decente y acorde al papel que desempeñan.

Convencidos de ello, decidimos pasar de las palabras a los hechos, y lo hacemos con una medida que no solo plantea una solución al problema de la inflación actual, sino que pretende dar estabilidad y garantía para futuros acuerdos, garantizando por ley que cualquier mejora salarial que provenga de la negociación colectiva se plasmará en un incremento proporcional en los precios públicos de concertación. Así se lo planteamos a todo el sector, que ha acogido esta iniciativa con los brazos abiertos.    

 ¿En qué consiste esa iniciativa parlamentaria? Explique los puntos más importantes.

Consiste en la modificación de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, para introducir en la disposición adicional quinta un artículo en el que recogemos que un eventual incremento de los costes de personal comportará necesaria y automáticamente un incremento proporcional de los precios públicos de los servicios afectados. Con este artículo damos a las empresas prestadoras de los servicios una garantía para que afronten la mejora salarial establecida en el actual convenio y, al mismo tiempo, abrimos la puerta a futuras mejoras.

Lo que hemos querido también es que esta iniciativa de la Consejería, acordada con el sector, sea respaldada por todos los grupos parlamentarios del Parlamento por dos motivos. El primero, porque si va firmada por unanimidad, como así ha sido, la tramitación de la modificación de la ley es muchísimo más ágil al tramitarse con carácter de urgencia y lectura única. Lo contrario nos habría llevado meses, mientras que con este camino quedará aprobada en unas semanas. En este sentido, hay que recordar que, en Cantabria, el Gobierno no tiene la capacidad de aprobar decretos-ley y, por lo tanto, cualquier modificación legislativa ha de pasar necesariamente por el Parlamento. Y segundo, porque también, de alguna forma, dejamos constancia del compromiso que asumen todos los partidos políticos, tratando de evitar que a futuro vuelvan a producirse etapas de recortes como las vividas en el pasado.

Esta iniciativa viene a dignificar también el trabajo de los profesionales, tanto a nivel retributivo como social. ¿Cree que logrará, además, paliar el grave problema de la falta de profesionales?

Desde luego. Ese es el objetivo primordial. La carencia de profesionales en el sector es un hecho conocido y que se ha puesto de manifiesto con mayor intensidad con motivo de la pandemia, debido a que las condiciones laborales no son atractivas, fundamentalmente, porque los salarios son bajos y la carga de trabajo elevada. Si estas dos premisas no varían, el resultado tampoco lo hará. Por eso, desde la Consejería hemos decidido ser valientes y dar un paso al frente, porque creemos firmemente que mejorar las condiciones de trabajo es indispensable para profesionalizar el sector, para contar con profesionales especializados en la atención, que no huyan a otros sectores a la mínima oportunidad y, con ello, dar estabilidad a las plantillas. La Administración no participa en la negociación colectiva, que está en manos de patronal y sindicatos, pero tampoco queremos ser un freno para incrementar las tablas salariales. De ahí que esa iniciativa que hemos comentado, abre un nuevo escenario.

Por otro lado, desde hace meses venimos trabajando, también de la mano del sector, en una mejora de las ratios actuales. Ya hemos dado un primer paso con un incremento del personal en el turno de noche y, antes de acabar este año, el reto es poner en marcha un plan a corto plazo, a varios años, de mejora continua de las ratios.

Si somos capaces de sacar adelante ambas iniciativas y de implementarlas con efectividad, no tengo dudas de que se producirá un antes y un después en la profesionalización del sector y que eso tendrá importantísimos beneficios en la calidad de la atención que reciben las personas dependientes y con discapacidad. No debemos olvidar que los trabajadores son la pieza clave en un sector centrado en el cuidado y la atención directa.

 Actualmente, ¿cuál es el precio/plaza?¿Cuentan con una dotación presupuestaria para hacer frente a esa subida?

En la atención residencial 24 horas de personas mayores el precio por usuario y día es de 60 euros, mientras que en el caso de la atención a personas con discapacidad el precio oscila entre los 52 y los 137 euros usuario/día en función de la tipología del centro. Los precios que actualmente abona la Administración cubren los costes fijos y de personal y dejan un cierto margen al beneficio empresarial, como es lógico. ¿Cuál deberían ser? Pues el precio siempre deberá ir acorde a las exigencias que se determinen de requisitos estructurales y de funcionamiento de los centros. Si como es nuestro caso que queremos llevar a cabo un incremento de las ratios, eso evidentemente también tiene que tener su repercusión en el precio público que abona el Gobierno.

El impacto presupuestario que puede tener el incremento de las tablas salariales, en una primera estimación, puede rondar los 5 millones de euros y beneficiará a más de 6.000 personas trabajadoras. En el presupuesto inicial para este año 2022 no estaba contemplado pero, gracias al compromiso que está demostrando el Gobierno de Pedro Sánchez con la dependencia vía incremento de la financiación estatal, esperamos contar con fondos adicionales que nos aporten un balón de oxígeno. Soy consciente de que me he autoimpuesto una tremenda responsabilidad y que se han puesto unas expectativas grandes en esta iniciativa, pero también creo que es tiempo de demostrar con hechos que la atención a las personas dependientes y la profesionalización del sector es una prioridad como Administración Pública y como sociedad.

¿En qué situación se encuentra la iniciativa: próximos pasos? ¿Cuándo entrará en vigor?

La Mesa del Parlamento autonómico ya ha suscrito la iniciativa por unanimidad y el Consejo de Gobierno ya ha tomado en consideración la propuesta. Antes de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, los partidos políticos deberán respaldar la iniciativa en sesión plenaria, con lo cual esperamos que en estos primeros días de marzo esta modificación legislativa quede definitivamente aprobada. Esto, sin duda, será un hito y aportará tranquilidad al sector. A partir de ahí, desde la Consejería iniciaremos la tramitación de una modificación de la Orden de precios públicos, para lo cual deberemos contar con la pertinente memoria y los informes jurídicos y presupuestarios. Más allá de la fecha en la que queden resueltos ambos trámites, hay que tener en cuenta que tendrá efectos retroactivos.

Respecto a los Fondos Europeos dirigidos a políticas sociales: ¿cuánto dinero han recibido o recibirán? ¿Qué proyectos e inversiones acometerá su departamento para mejorar los servicios prestados a las personas mayores y en situación de dependencia?

Tal y como recoge el convenio bilateral que hemos firmado con el Ministerio de Derechos Sociales, Cantabria recibirá este año 23,5 millones de euros del Mecanismos de Recuperación y Resilencia. Y quiero aprovechar para reconocer la sensibilidad demostrada por el Ministerio, y especialmente la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, para acordar unos criterios de distribución que han tenido en cuenta las peculiaridades de comunidades autónomas como la nuestra, con una tasa de envejecimiento y una dispersión geográfica elevada, lo que encarece los costes de los servicios.

En cuanto a los proyectos, lo cierto es que estos fondos, junto al Plan de Choque de Dependencia impulsado por el Gobierno de España, nos van a permitir a las comunidades autónomas dar un impulso al modelo de atención en los cuidados de larga duración, con la implantación de la teleasistencia avanzada, una línea de ayudas a las entidades del sector para adaptarse a esa atención centrada en la persona con unidades de convivencia reducidas o la creación de una red de atención de proximidad con la puesta en marcha de mini-centros.

Como proyectos más singulares de Cantabria, cabría destacar la puesta en marcha de un centro especializado, que aspira a ser referencia, en la atención a personas con demencia. Pero estos fondos no solo van a servir para avanzar en la atención a las personas dependientes o con discapacidad, también en el ámbito de los servicios sociales nos van a permitir afrontar una de las rémoras que tenía la Administración regional, como la implantación de la Historial Social Única, el programa de prevención de la soledad no deseada que señalaba anteriormente, o en el ámbito de infancia el pilotaje del modelo Barnahus.