Luis Alberto Barriga
Director general del Imsero
Un mes después de llegar al Imserso, Luis Alberto Barriga tuvo que enfrentarse a la pandemia que paralizó el mundo. “A pesar de haber sido un periodo muy intenso, el balance es muy satisfactorio”, asegura. En primer lugar, Barriga subraya que se ha logrado dotar al Sistema de Dependencia de una financiación suficiente para poder acometer cambios necesarios planteados en el Plan de Choque en Dependencia, entre los que destaca: reducir la lista de espera, mejorar los servicios y prestaciones y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
El acuerdo sobre Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del Sistema de Dependencia contribuye a avanzar hacia el nuevo modelo de cuidados, que está directamente relacionado con la Estrategia de Desinstitucionalización. En este punto, Barriga aclara: “Desinstitucionalizar no es sacar a las personas de las residencias, sino que es acabar con la rigidez vital que impone una institución e individualizar y personalizar más la atención. Se trata de avanzar hacia una auténtica atención centrada en la persona”.
El Plan de Choque en Dependencia, aprobado en enero de 2021, supuso un impulso para el desarrollo de la Ley de Dependencia. ¿Cuál es su grado de cumplimiento?
De las 12 actuaciones o reformas que planteaba el Plan de Choque en Dependencia, ya se han cumplido más del 80 %.
La primera cuestión que había que acometer era reactivar la financiación estatal del Sistema de Dependencia. Hemos más que duplicado la financiación existente en 2020 con 1.800 millones de euros extra, lo que nos lleva a 3.200 millones de euros en este momento para la atención a la dependencia que se transfieren a las comunidades autónomas. Esto ha permitido abordar el resto de cambios fundamentales: reducir la lista de espera, mejorar los servicios y prestaciones y mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
Relacionado también con la financiación, recientemente el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 celebró el pasado 12 de mayo el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el que aprobamos el reparto de más de 783 millones de euros para la financiación del nivel acordado, que ya fue autorizado por el Consejo de Ministros el 3 de mayo. Se trata de una financiación histórica de la dependencia, con 300 millones más que el año pasado. Debemos recordar que esta partida, que se suprimió en 2012, pudimos recuperarla en 2021 con la misma cuantía de entonces: 283 millones de euros. En 2022 la incrementamos 200 millones más hasta los 483 y, ahora, la hemos subido otros 300 millones más hasta alcanzar 783 millones de euros en 2023.
¿Cómo se distribuye la financiación del nivel acordado?
Esta financiación histórica, que el Ministerio de Derechos Sociales pacta con cada comunidad autónoma por la vía de convenios, está enfocada a seguir agilizando la gestión del Sistema de Dependencia, mejorar las condiciones laborales del sector y facilitar la transición hacia un modelo de cuidados que centre la atención en la persona.
Los 783 millones del nivel acordado se distribuyen en dos partidas: la primera de 583 millones se repartirá en base a los criterios de cumplimiento del Plan de Choque, con 100 millones de euros más que el año pasado, y la segunda de 200 millones tiene como objetivo el apoyo al despliegue del Acuerdo sobre Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del SAAD, con la implantación del modelo de atención centrada en la persona, basado en la desinstitucionalización e incidiendo en la autonomía personal para que pueda mantener su proyecto vital hasta el final de vida con los apoyos necesarios.
¿Qué mejoras ha permitido ese aumento de la financiación del nivel acordado?
Con la financiación del nivel acordado, se ha podido abordar la reducción de las listas de espera. Cada comunidad autónoma diagnosticó sus problemas y presentó unas medidas o actuaciones concretas para resolverlos. En general, se ha logrado incrementar la atención a más de 200.000 personas, incluso durante la pandemia. En este sentido, tenemos el objetivo de reducir sensiblemente los tiempos de gestión de expedientes para que en un máximo de seis meses desde que se presenta la solicitud la persona esté recibiendo el servicio o prestación. Hemos llegado a tener 520 días de tiempo de espera (más de 17 meses), lo que era una salvajada de promedio. Actualmente, nos estamos moviendo en torno a 200 días (más de 6 meses) y queremos reducirlo otros 100 días.
Cada año se reducen más las listas de espera y estamos muy satisfechos con las medidas adoptadas por las comunidades autónomas, que son de diferente calado. Algunas tienen impacto en el corto plazo y otras a un plazo más largo, porque implican un cambio de sistema. Hay que pensar que, si incorporamos más dependientes al Sistema de Dependencia, debemos tener capacidad de atenderlos. Por eso, los plazos son importantes.
La mejora de los servicios y prestaciones también se financia con el nivel acordado, que tiene que ver con el aumento de las intensidades y una mayor flexibilidad en la prestación de los servicios. Pero también afecta al aumento del precio de concierto con el sector privado para la prestación de una atención de la máxima calidad. De hecho, estamos tramitando un real decreto que incrementa las prestaciones económicas y las intensidades de, por ejemplo, la ayuda a domicilio que, actualmente, se quedan muy cortas. La vida de una persona en situación de dependencia es cambiante y el Sistema tiene que ofrecer servicios y prestaciones adaptados a las necesidades cada momento. Esto requiere unos procedimientos mucho más ágiles, compatibles entre sí y flexibles.
Respecto a la mejora de las condiciones laborales, es importantísimo dignificar la labor de todos los trabajadores del sector de los cuidados y hacerlo atractivo. La pandemia golpeó muchísimo al sector y no siempre se ha mostrado una imagen real de todo el esfuerzo que realizaron los profesionales de servicios sociales. Recientemente, patronales y sindicatos firmaron el VIII Convenio Colectivo Estatal de la Dependencia, que mejora las condicionales salariales de más de 300.000 trabajadores.
Finalmente, es importante mencionar que hay un proyecto de ley que trasladará a la jurisdicción social los asuntos relacionados con la Ley de Dependencia, que ahora se resuelven en el contencioso administrativo. Esto permitirá una mejor tutela judicial de los derechos de las personas en situación de dependencia y sus familias.
El acuerdo sobre Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del Sistema de Dependencia se merece un capítulo aparte.
Se trata de un acuerdo muy necesario, porque sobre él pivota la idea de cambio del modelo de cuidados, que está directamente relacionado con la Estrategia de Desinstitucionalización. Como punto de partida, es necesario aclarar que desinstitucionalizar no es sacar a las personas de las residencias o cerrar residencias. Las residencias son un recurso necesario.
Lo que hay que cambiar es que una persona, por el hecho de estar en un centro de atención residencial, viva en un entorno donde no pueda ni siquiera ejercer sus libertades más básicas como son levantarse y comer cuando quiera o llevar la vida que desee, lo más adaptada posible a sus gustos y preferencias.
Desinstitucionalizar es, por tanto, acabar con la rigidez vital que impone una institución e individualizar y personalizar más la atención. La rigidez está pensada para el bien de la institución y no para el bien de la persona. En definitiva, desinstitucionalizar es avanzar hacia una auténtica atención centrada en la persona.
¿Cómo se consigue en la práctica esa desinstitucionalización?
Este nuevo paradigma implica cambios importantes, como el tamaño de los centros. ¿Se puede tener una vida digna en una residencia de 200 personas? ¿O preferiríamos un entorno en el que, aunque sea un alojamiento colectivo, la persona pueda tener sus pertenencias y convivir con un grupo personas manteniendo su autonomía e independencia, preservando su intimidad? Debemos ir a equipamientos más reducidos y, sobre todo, que permitan trabajar en unidades de convivencia. El Acuerdo de Acreditación marca un máximo de 15 plazas, aunque para que fueran auténticas unidades de convivencia deberían ser de siete u ocho plazas.
Estamos hablando de una transformación que va a llevar décadas. No estamos hablando de un plan que se construye en año y se ejecuta. No, se trata de una transformación de modelo que afecta a la dignidad de las personas y al ejercicio de sus derechos hasta final de vida. En cualquier caso, el cambio de modelo de atención no es necesario, sino que es inevitable.
Las personas queremos envejecer en nuestro entorno y una residencia tiene que acabar siendo un equipamiento de proximidad abierto a la comunidad y al barrio en el que se ubique, donde podamos tener una vida digna en función de nuestro proyecto vital. En este contexto, las personas mayores deben tener garantizada la atención sanitaria como cualquier ciudadano que vive en su casa. Las residencias tienen que ser lugares para vivir, no hospitales.
Este nuevo modelo de cuidados está alineado con la Estrategia Europea de Cuidados.
También en el último Consejo Territorial del SAAD, el Ministerio de Derechos Sociales acordó junto con las comunidades autónomas definir y establecer un marco común de la figura del Asistente Personal. ¿Qué implica este acuerdo?
Era una de las asignaturas pendientes del Plan de Choque en Dependencia y una demanda histórica de las organizaciones de personas con discapacidad.
Según lo acordado, podrán acceder a esta asistencia las personas con una situación de dependencia reconocida en cualquiera de sus grados, siempre que tenga tres años o más y que requiera apoyos para desarrollar su proyecto de vida.
En cuanto a las personas que presten servicios de asistencia personal, no podrán ser cónyuges o parejas de hecho o parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado de parentesco. Podrán trabajar tanto empleados a través de una empresa acreditada como profesionales autónomos con la acreditación de la administración competente. Además, se solicitará al Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) la regulación de un certificado de profesionalidad específico para la asistencia personal.
Desde hace años se habla de la necesidad de tener un mapa de servicios o recursos sociosanitarios para conocer las necesidades de atención reales de las personas. ¿Qué avances se están produciendo?
La pandemia dejó evidencia de la necesidad de tener un censo de residencias. No había un listado claro y real que indicara dónde se ubicaban las residencias, un dispositivo especialmente vulnerable porque atiende a personas mayores con enfermedades crónicas. Es más, nos hemos encontrado con comunidades autónomas que en su registro tenían únicamente los centros con los que concertaban.
Comunicamos esta realidad al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la idea de hacer una operación estadística dentro del Plan Estadístico Nacional para obtener un censo de residencias con su ubicación, su titularidad pública, privada o concertada, número de plazas, ocupación, perfiles profesionales, número de habitaciones individuales y dobles, etc. Esta información servirá también para dibujar un mapa de recursos asistenciales.
Hasta el momento hemos contactado con más de 7.000 dispositivos, porque hemos incorporado, aunque luego no se incluyan en el plan, algunos equipamientos de alojamiento colectivo como pisos tutelados.
Ya hemos pasado por la fase de recogida de información, contactando con todos los centros que ha sido posible, prácticamente todos. Ahora acometemos la fase de validación y comprobación de la información. Se trata de una operación anual, ya que hay centros que abren y otros cierran y hay que renovar la información.
Esperamos tener el censo o un avance del mismo a lo largo de este semestre. Facilitaremos estos datos a las comunidades autónomas, pero también a instituciones como Protección Civil y demás organismos relacionados con emergencias por si sucede una catástrofe y es necesario saber el perfil de las personas que se encuentran en uno de estos establecimientos colectivos. También sería muy interesante implicar al Sistema Nacional de Salud para una mejor gestión de los recursos en cuanto al abordaje de la cronicidad, las campañas de vacunación, etc.
No se trata de fiscalizar a los centros residenciales, sino de recabar una información fundamental para establecer la intensidad de las políticas de protección de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores que hay en todo el territorio. Si bien la planificación de los recursos y equipamientos es competencia autonómica.
¿En qué situación se encuentra la Estrategia Nacional de Soledad no Deseada?
La Estrategia Nacional de Soledad No Deseada forma parte de los acuerdos del Gobierno de coalición, y estaba agendada antes de la pandemia. Si bien se enmarca en las políticas dirigidas a las personas mayores, el fenómeno de la soledad atañe a todos los colectivos de la sociedad.
Por ello, estamos definiendo un marco estratégico a nivel nacional que tiene como desafío aprovechar lo que ya se está haciendo en todo el territorio del Estado. Hay plataformas que se han constituido con gobiernos autonómicos y, sobre todo, con gobiernos locales, que están desarrollando muchas actuaciones ligadas a la soledad, un fenómeno que preocupa y sobre el que se va tomando conciencia.
Pero las Administraciones no acompañan, es decir, no son capaces de acariciar. Quien acompaña es el vecino y, por eso, hay que crear entornos de proximidad y convivencia, donde las personas se preocupen unas de otras.
El marco estratégico nacional tiene que ser es un espacio en el que puedan confluir todas las experiencias que se están desarrollando. Un espacio de conocimiento que contará con líneas generales y actuaciones que podrán realizarse desde la Administración central. Pero necesitamos que el marco estratégico vaya acompañado de manera simultánea por el Plan Operativo de Soledad para Personas Mayores, con acciones concretas dirigidas a colectivos específicos. No se puede quedar en mera teoría, sino que tiene que calar en la práctica con plazos, presupuestos, actuaciones concretas, etc. Ese Plan Operativo estará liderado por el Imserso y tendrá un par de años de vigencia. El marco estratégico lo podemos llevar hasta 2030, pero los planes operativos deben ser bianuales para poder evaluar resultados y adaptar las acciones a nuevas situaciones.
Firmar acuerdos con colegios profesionales también formará parte del Plan Operativo. En el caso de la farmacia, su papel es muy importante por su capacidad para detectar personas en riesgo de soledad. Y llegado el momento, tendremos que articular protocolos de actuación cuando detectamos una situación de aislamiento o soledad no deseada.
El Imserso cuenta con centros de referencia estatal, como el Centro de Referencia Estatal de León, que puede pilotar el proyecto y convertirse en un laboratorio de experiencias novedosas que tengan que ver con soledad. También tiene otras iniciativas, como el programa de Turismo, que conecta a personas desconocidas entre sí, muchas de ellas en situación de soledad.
Esperamos que el Consejo de Ministros apruebe el Marco Estratégico próximamente, durante esta legislatura. Ahora está en fase de ser revisado por otros ministerios, porque es una estrategia transversal. Entendemos que tiene que ser muy participada y flexible, destacando la colaboración público-privada y con organizaciones, asociaciones, etc.
Ha destacado los beneficios del Programa de Turismo del Imserso. ¿Cómo le ha afectado la pandemia? Ya está en marcha una nueva edición. ¿Qué novedades destaca?
Los viajes del Imserso se cancelaron antes del 14 de marzo de 2020, porque veíamos que se estaba incurriendo en un riesgo evidente para las personas que participaban. Entonces teníamos a 55.000 personas en distintos destinos y el día 19 de marzo ya estaban todos en sus casas tras una complicada operación retorno.
Para poder reactivar de nuevo el programa, necesitamos que el sector hotelero y turístico en general también lo estuvieran y, de esta manera, poder iniciar el proceso de contratación con las empresas que, recordemos, estaban en ERTE. Fue en enero de 2022 cuando el Programa de Turismo pudo volver a ofertar los viajes.
Actualmente, estamos en un proceso de mejora conforme a la demanda y a lo que nos plantean las personas que viajan con el Imserso. A pesar de que más del 90 % de las personas aseguran estar satisfechas o muy satisfechos con el programa, siempre hay cosas que podemos mejorar. Asistimos a un cambio sociológico importante y las personas mayores demandan estancias más cortas, mayor independencia durante el viaje, intimidad en habitaciones individuales y destinos que vayan más allá del tradicional sol y playa. Cada vez valoran más el turismo ligado a espectáculos, cultura, naturaleza, gastronomía, etc. Teniendo en cuenta que todas las capitales de provincia tienen algo que enseñar, hemos modificado la oferta.
El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros autorizó el nuevo contrato de los viajes del Imserso para la próxima temporada 2023/2024, que aumenta 70.000 plazas respecto a la temporada anterior. El valor estimado para el próximo contrato será de unos 300 millones de euros, un 14 % más que el anterior.
En cuanto al Programa de Termalismo, ¿ha recuperado también la demanda tras la pandemia?
El Programa de Termalismo también sufrió muchísimo durante la pandemia, porque era imposible desarrollar la actividad. Tuvimos que volver a firmar convenios con cada uno de los establecimientos termales de España y ya se ha reanudado la actividad, aunque quizá a un ritmo más lento que en el caso del turismo.
Igualmente, estamos analizando y evaluando el programa. De hecho, hemos encargado un estudio para que valore la oferta y ver qué mejoras podemos introducir.
¿Qué papel juega el Imserso en la Red de Ciudades y Comunidades Amigables con las personas mayores?
El Imserso es mediador entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Red de Ciudades Amigables. Ahora mismo contamos con 300 corporaciones locales: desde un ayuntamiento de 27 habitantes hasta el Ayuntamiento de Barcelona, generando una enorme riqueza de planteamientos, experiencias y propuestas de ciudades habitables e inclusivas para todas las edades.
Estamos a punto de publicar un estudio que recoge todas las buenas prácticas. Se trata de un ecosistema de proyectos e ideas innovadoras que permiten a otros ayuntamientos resolver sus problemas. En este contexto, la lucha contra la soledad no deseada encuentra muchas respuestas en el desarrollo de iniciativas en el entorno comunitario.
Los Centros de Referencia Estatal (CRE) cumple una función imprescindible por su labor asistencial, de investigación, asesoramiento, etc. ¿Cómo se plantean su futuro?
El Imserso tiene tres tipos de centros: Centros de Referencia Estatal (CRE), Centros de Atención a personas con discapacidad física (CAMF) y Centros de Recuperación de personas con discapacidad física (CRMF). Los dos últimos son centros de atención a personas con discapacidad, generalmente física, de alta intensidad. El Imserso tiene también una residencia de mayores en Melilla, porque sigue manteniendo algunas de las competencias en materia de servicios sociales.
En todos los centros, que suman unos 20, estamos incorporando, sobre todo en los CRE, un programa en red de autonomía personal en coherencia con el cambio del modelo de cuidados. Nos enfrentamos a toda una revolución arquitectónica para, entre otras cuestiones, diseñar unidades de convivencia y adaptarnos a las necesidades de las personas, con el fin de dotarlas de todas las herramientas posibles para que, incluso, puedan abandonar el centro y tener una vida autónoma. Estamos trabajando en este cambio cultural con vistas a 2030.
Otro servicio en red común a todos los centros son los Gabinetes de Accesibilidad, que prestan servicios gratuitos, tanto a instituciones como a ciudadanos. Recientemente, se ha publicado un real decreto que hace transposición normativa del consumo de productos y servicios y sus requisitos de accesibilidad. La accesibilidad universal, es decir, no sólo la arquitectónica, sino también la cognitiva y señalética, es muy importante para toda la sociedad.
El 20 de abril comienza a aplicarse el nuevo baremo de discapacidad: ¿qué cambios traerá consigo? ¿En qué medida afectará a la valoración de la dependencia de las personas con discapacidad?
El nuevo baremo de la valoración de la discapacidad se adapta al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Gracias a la Convención hemos acabado comprendiendo que la discapacidad es, en realidad, más una cuestión de entornos que de patologías. Es decir, las barreras que se encuentran en el entorno acaban segregando a las personas. Se trata de un cambio de paradigma.
Debemos dotar a las comunidades autónomas de mecanismos y equipos técnicos que les permitan agilizar la valoración de la discapacidad, sobre todo porque esa valoración da lugar al ejercicio de derechos.
Desde la publicación del Real Decreto desde el Imserso hemos estado trabajando y formando a todos los equipos de valoración de España en la nueva herramienta para aplicar el baremo. Se trata de un instrumento vivo para la valoración de discapacidad que requerirá mejoras.
En este punto, sería muy oportuno la unificación de procedimientos de valoración de discapacidad y dependencia. Si bien son dos procedimientos distintos, la integración de equipos sería francamente interesante y se aprovecharían muchos recursos, porque una persona con discapacidad puede generar, a su vez, un derecho de atención a situaciones de dependencia; o al revés. Ese será el siguiente paso natural.
¿Disponen de fondos europeos para desarrollar nuevos proyectos?
España es el único Estado de la Unión Europea que con los fondos europeos diseñó un componente concreto vinculado al modelo de cuidados: el llamado Componente 22.
Aunque están implicados varios ministerios, el grueso de los millones se gestionan desde el Ministerio de Derechos Sociales que, a su vez, ha trasferido el 80-85% a las comunidades autónomas para la transformación del modelo de cuidados. Partida que se suma a la propia de los Presupuestos Generales del Estado destinados a cambiar el modelo actual de cuidados.
El Imserso ha participado de una pequeña parte de los fondos europeos para transformar también el modelo de cuidados en nuestros centros, igual que las comunidades autónomas. Para ello, ahora tenemos dos consultorías en marcha simultáneas en las que participan residentes y trabajadores. Queremos saber en qué tipo de hogar quieren vivir, cómo lo transformamos, etc. Trabajamos en el rediseño del centro y, al mismo tiempo, empoderamos a los residentes. Les damos voz, porque el motor de cambio son los propios residentes y también los profesionales que les atienden. Lógicamente, todo esto tiene un coste y requiere financiación.
Con los fondos europeos también se financian proyectos de innovación e investigación en materia social y relacionados con el cambio del modelo de cuidados, en los que participan sociedades científicas, asociaciones, etc.
