Luis Alberto Barriga
Director general del Imserso

En poco más de seis meses que lleva al frente del Imserso, Luis Barriga ha tenido que enfrentarse a la mayor crisis sociosanitaria provocada por el coronavirus. Respecto a la atención de las personas mayores, Barriga anuncia que la agenda del Gobierno contemplaba, ya antes del COVID-19, “una revisión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que comporte no sólo incrementos de inversión pública, sino una necesaria recuperación de derechos, su ampliación y una mayor flexibilización”. En este sentido, destaca que la mejora del Sistema será inviable sin unos recursos humanos adecuados y mejor tratados: “La precarización del personal es una de las peores rémoras para afrontar la salida de la situación”. En este proceso de revisión, el director general del Imserso se plantea que en el diseño de las políticas públicas relacionadas con las residencias, además de servicios sociales, debe implicarse el sistema sanitario y “reflexionar muy seriamente sobre la reconfiguración necesaria que garantice la mejor atención a las personas mayores”.

Cuando se declaró el estado de alarma, BALANCE Sociosanitario completaba la edición de su número 100, y usted prácticamente iniciaba su etapa como director general del Imserso. ¿Cómo resume lo vivido en estos meses?
Muchas personas tenemos aún pendiente realizar lo que la psicología especializada en catástrofes denomina el “debriefing” tras el trauma. Todos tenemos la necesidad de rememorar, relatar, ventilar las emociones y sentimientos y superar así, junto a otros, la situación de estrés vivida. Muy especialmente quienes hayan asistido en la primera línea de los cuidados a las peores situaciones directas derivadas de la pandemia.
Para un recién llegado como yo, sin dominio aún de las estructuras organizativas y con equipos humanos por conocer o a medio articular, no ha sido nada fácil abordar muchas de las cuestiones y problemas que se desencadenaban a toda velocidad dentro y fuera del Imserso; en nuestros servicios centrales o en los múltiples centros asistenciales repartidos por toda la geografía. Pero aquí estamos, con energías porque hay mucha tarea por delante y la gente de la organización ha estado excelente y a la altura del desafío.

La crisis sanitaria originada por el coronavirus ha dejado patente el desconocimiento de la realidad de las residencias como hogares, como lugares para vivir, y no como centros sanitarios. Mirando al futuro, ¿considera que la medicalización de las residencias es una solución para posibles rebrotes? En general, ¿es necesaria más atención sanitaria para un adecuado cuidado a las personas mayores en estos centros?
Si la “medicalización” (término que considero impreciso y muy confuso), implica simplemente introducir más personal sanitario en las residencias, ello no supone per se garantía de solución o mejor respuesta ante rebrotes. Un problema tan complejo no suele tener una solución tan simple. El enfoque, creo que es otro.
Si asumimos que, por lo general, el centro residencial es un hogar colectivo; la casa de unas personas con ciertas vulnerabilidades, lo que procede es asegurar que la protección y el acceso a la sanidad pública universal a la que tienen derecho estén asegurados sin ninguna discusión. La revisión que se plantea en las políticas públicas relacionadas con las residencias no debe ser únicamente realizada por el sector de los servicios sociales, donde sin duda tenemos mucho que abordar, sino también por un sistema sanitario que debe reflexionar muy seriamente sobre la reconfiguración necesaria que garantice la mejor atención a las personas en los ámbitos residenciales.

En la nueva normalidad, ¿qué medidas deberán adoptar las residencias para mantener el cuidado cercano con las necesarias precauciones?
En este momento, resulta esencial disponer de planes de contingencia ante la posibilidad de que se reproduzcan brotes. Cada centro residencial tiene diferentes puntos de partida, instalaciones, capacidades, personal, etc. La respuesta debe ser adaptada a cada circunstancia, pero segura.
La COVID-19 nos va a acompañar durante un tiempo y el reto está en balancear los beneficios epidemiológicos de la distancia física o incluso del aislamiento; de la restricción de visitas y contactos con familiares y cuidadores, etc., con la necesaria humanización de las atenciones y con el respeto a la dignidad de las personas y a su proyecto vital. No es nada fácil. Ahora hay que recuperar la normalidad y las rutinas y cuidar mucho al personal y observar su estado de salud de forma muy rigurosa. Una enfermedad que nos impide tocar, besar, abrazar e incluso vernos las caras… implica que tengamos que generar otros potentes lenguajes comunicativos para mantener la cercanía.

Los servicios de proximidad, como la ayuda a domicilio y la teleasistencia, se plantean también una redefinición, teniendo en cuenta un nuevo escenario de teletrabajo, y la necesidad de compaginar la atención con el miedo al contagio. ¿Cómo considera que deben evolucionar estos servicios? ¿Qué papel puede tener la tecnología en el avance hacia una atención más personalizada?
El avance de los servicios de proximidad es absolutamente imprescindible. Los proyectos de vida de las personas mayoritariamente se ubican en su entorno y la clave estará en la adaptación flexible de estos servicios a las personas y no al revés, como mayoritariamente sucede en estos momentos.
Por otra parte, el apoyo tecnológico, con las enormes posibilidades de monitorización que abre, será sin duda una de las estrategias a desarrollar aunque, de nuevo, abre debates éticos sobre los límites en la utilización de dichos dispositivos. Cada vez más, debemos considerar que las personas usuarias de estos servicios deben participar activamente en la definición y extensión de los mismos. No se trata de ofrecer menús cerrados, sino de personalizar mucho más las respuestas.

“En servicios sociales el mayor valor añadido lo aportan las personas, pero son las peor tratadas organizativa y salarialmente. No podemos esperar más para adoptar medidas en este sentido”

¿Qué consejos daría a los cuidadores familiares que conviven con personas dependientes o con necesidades especiales?
No soy quién para dar consejos y mucho menos al colectivo de personas cuidadoras. Deben exigirnos mucho más a las Administraciones Públicas para que puedan recibir toda la ayuda posible, los respiros, los apoyos oportunos en casos de riesgo de claudicación por saturación… Son grandes olvidados y –sobre todo, olvidadas- que están realizando un aporte social y económico tan inmenso como silenciado. Tienen tantos problemas que no disponen de tiempo y energías para organizarse y demandar más apoyo. Esa es una de las razones de su sistemática invisibilización.

¿Cómo puede el Imserso apoyar a reconducir la situación para que ningún mayor quede desatendido?
Con o sin COVID, la agenda de Gobierno contemplaba y sigue contemplando, con más afán que antes si cabe, una revisión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que comporte no sólo incrementos de inversión pública sino una necesaria recuperación de derechos, ampliación de estos y una mayor flexibilización de respuestas para adaptarse a las personas.
Paralelamente, hay en marcha otras estrategias nacionales como la de la “soledad no deseada”, cuyo objetivo primordial es precisamente proponer dispositivos que atiendan los fenómenos del aislamiento que, al ser globales, afectan de manera muy especial a las personas mayores.

La carencia de profesionales ha sido uno de los principales problemas durante la pandemia, pero no es nuevo. La contratación de trabajadores sin titulación pero con experiencia, pudo ayudar durante la crisis. ¿Qué medidas deben ponerse en marcha pensando en el medio plazo?

Es evidente que la mejora del sistema será inviable sin unos recursos humanos adecuados y mejor tratados. En los servicios sociales, en general, el mayor valor añadido lo aportan las personas, pero hay una inversión de los términos sobre la que hay que reflexionar: quienes más valor aportan en el sector de los cuidados son las personas de contacto, las peor tratadas organizativa y salarialmente. 

La ausencia de un plan de carrera o de reconocimiento social y la precariedad no pueden seguir guiando la agenda de los servicios a las personas. Otra cosa es que las medidas que se adopten tienen que provenir de amplios consensos territoriales y de los agentes sociales que combinen la factibilidad, la oportunidad y los necesarios tiempos de maduración. No obstante, no podemos esperar mucho más para adoptar medidas en este sentido. La precarización del personal en todos los sentidos es una de las peores rémoras para afrontar la salida de la situación.