Daniel Salvatierra
Secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía
El 5 de mayo, en pleno Estado de Alarma, Daniel Salvatierra asumió la Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación de la Junta de Andalucía, un reto profesional y personal, dadas las complicadas circunstancias. Salvatierra es conocedor del sector sociosanotario, porque parte importante de su trayectoria profesional la ha desarrollado en este ámbito. También, en su experiencia en la Administración Pública, ha estado del lado de las personas mayores. De hecho, hasta este momento, ocupaba la dirección general de Personas Mayores y Pensiones No Contributivas, en la misma Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Según explica en esta entrevista, la crisis sanitaria les sorprendió remodelando “la obsoleta normativa que regula en Andalucía a los centros”. En su opinión “es hora de modificar aquellos aspectos de la Ley de Dependencia que no han funcionado”. Es más, asegura que la situación que estamos viviendo ha puesto de manifiesto, con una claridad rotunda, que hay que revisar el modelo de atención. Aunque matiza que “la obligación que teníamos los dirigentes políticos de revisar el modelo de dependencia era previa a la situación de pandemia”. Y uno de los principales motores de cambio, que refiere Salvatierra, tiene que ver con la financiación.
Su nombramiento se hizo en un momento complicado, supongo que está suponiendo un reto, pero también una responsabilidad.
Todo lo referido a gestión pública es una responsabilidad, el reto viene completamente ligado al momento de desarrollar las competencias adscritas a la Secretaría General, pues las políticas sociales son fundamentales. Por un lado, como generadores de empleo, ya que los Servicios Públicos de Atención son una importante fuente de creación de empleo de calidad. Por otro lado, las Políticas Sociales son elemento fundamental para apoyar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
¿Qué balance hace de la situación?
La decisión preventiva que tomó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la consejera Rocío Ruiz, de suspender la actividad de centros de participación activa, centros de día, así como suspender las visitas y los nuevos ingresos en los centros de servicios sociales con carácter residencial, fueron medidas fundamentales para la contención del virus en Andalucía.
Por otra parte, se ha tratado de mantener el empleo de toda la estructura de Servicios Sociales, especialmente de atención a la dependencia. Muestra de ello ha sido el pago del servicio de ayuda a domicilio con carácter íntegro como si el servicio se estuviera desarrollando con completa normalidad, pues se priorizaron casos de mayor dependencia, y pago de más del 80 % del coste plaza de los centros de día, entre otras.
También es cierto que existe un amplio margen de mejora, pues la obsoleta normativa que regula en Andalucía a los centros necesita una actualización urgente en la cual se definan nuevos requisitos funcionales y materiales de los centros, que sin perder el carácter social a favor de un carácter sanitario, se adecuen a las necesidades y mejora del servicio público de las personas usuarias. Aunque, con carácter previo a la pandemia provocada por el COVID-19, se trabajaba ya en una nueva regulación, hemos comenzado de nuevo la redacción de estos, debido al nuevo paradigma que nos ha mostrado el coronavirus. Estamos aprovechando para mejorar sistemas de información acordes con el siglo XXI.
“Hemos tratado de mantener el empleo de toda la estructura de Servicios Sociales, especialmente de atención a la dependencia”
En el I Consejo Sectorial del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), la consejera ha expresado la necesidad de garantizar el carácter de universalidad e igualdad de la aplicación de la Ley de la Dependencia en todo el territorio nacional. ¿Qué es necesario para conseguir esa universalidad e igualdad?
Que el Gobierno de España cumpla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Ya han pasado más de 13 años desde la aprobación de la Ley. Creo que es hora de modificar aquellos aspectos que no han funcionado, entre ellos la universalidad e igualdad de prestación entre territorios. Y por supuesto, esto pasa por una correcta financiación. Ya que Andalucía, por ejemplo, aporta el 82 % de la Ley, establece que la financiación tiene que ser equitativa entre el Gobierno central y los gobiernos de las comunidades autónomas.
En numerosas ocasiones, muchas de ellas en sede parlamentaria, la consejera ha tendido la mano al Gobierno de España para que los más de 1.300 millones de euros que aporta al sistema de atención de la dependencia de Andalucía, la Junta de Andalucía, se conviertan en el 50 % pudiendo contar de este modo en un sistema de atención de Andalucía, superior a los 3.000 de euros.
¿Cree que la situación que estamos viviendo obliga a revisar el modelo de atención a la dependencia?
La situación que estamos viviendo ha puesto de manifiesto, con una claridad rotunda, que hay que revisar el modelo de atención. Pero la obligación que teníamos todos los dirigentes políticos de revisar el modelo era con carácter previo a la situación de pandemia que hemos y estamos viviendo. De ahí, que el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera Rocío Ruiz, instara al Gobierno de España a establecer un pacto de estado por la protección del sistema de atención a la dependencia, donde se diera protagonismos a la gran olvidada en la implantación de la Ley de Dependencia: la promoción y autonomía personal, la prevención de la dependencia. También que prevalezca la situación de discapacidad para personas mayores de 65 frente a la de persona mayor, creación de un fondo de garantía; restructuración profunda del consejo territorial y, por supuesto, una financiación suficiente tal y como establece la ley.
¿Qué aspectos consideran fundamental para mejorar la atención de las personas mayores y/o dependientes?
Adecuar los recursos de atención a las necesidades de la persona, no la persona a los recursos. Esto se traducirá claramente al retraso de la institucionalización, con todos los beneficios que ello conlleva. Además de recursos diurnos y de carácter residencial centrados en las necesidades personales.
En el aspecto económico, ¿la aportación finalista por parte del Estado sería una solución?
Sin lugar a dudas. No solo es una solución, sino que es una obligación legal del Gobierno de España. Pero creo necesario un paso previo: un análisis de necesidades de atención de la población dependiente y potencialmente dependiente de nuestro país, así como definir la cuantía suficiente para que las Administraciones podamos cumplir la intensidad y la tipología del servicio que necesita el ciudadano.
Residencias de mayores
Con todo lo sucedido, de cara a la opinión pública, se ha puesto en tela de juicio la labor que se realiza en las residencias de mayores. ¿Cree que se ha actuado correctamente?
En Andalucía, el comportamiento de las entidades gestoras de las residencias de mayores ha sido ejemplar. Hemos mantenido dos reuniones semanales entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y las patronales más representativas en los momentos más delicados de la crisis sanitaria. El ambiente de colaboración ha sido total. Lo que hay que poner en valor es que los centros residenciales para personas mayores son centros de servicios sanitarios y no centros sanitarios.
¿Qué se podría haber hecho mejor? ¿Qué ha echado en falta?
He echado en falta una correcta coordinación con el Gobierno central. Por ejemplo, la centralización de compras de EPIs por parte del Gobierno, nos hizo perder la cadena de suministros en Andalucía y la capacidad de compra con los proveedores nacionales e internacionales. El Gobierno andaluz ya tenía programado un pedido masivo de EPIs y “se incautaron”. En esta situación tuvimos un desfase importante en la cadena de comercialización y de distribución, provocando falta de material de protección.
Si se determinó, por parte del Gobierno, que hubiera un mando único, lo ideal es que los desarrollos se hubieran hecho de forma coordinada con todos los agentes y que las comunidades autónomas hubieran estado informadas con cierta antelación de las decisiones que se tomaban, no enteráramos por los medios de comunicación.
La medicalización de los centros fue una idea que se plasmó al comienzo de esta crisis. No obstante, hay división de opiniones expertas. ¿Cuál es su opinión?
La medicalización ha sido un acierto y parte del éxito de la gestión de la crisis en los centros residenciales para personas mayores, ya que se ha realizado una labor preventiva sin precedentes en Andalucía.
¿Cree que el modelo de atención en los centros debe cambiarse?
Cuando las expectativas con las que fue diseñada la Ley de Dependencia fueron superadas en un 220 % a los cuatro años de entrara en vigor, evidentemente que hay que replantear el sistema y sobre todo la financiación. Esto, junto con que la población aumenta su esperanza de vida a la vez que lo hacen los niveles de dependencia, además de la cronificación de muchas patologías que hace unos años eran agudas. Sin lugar a dudas, tenemos que cambiar el modelo. Por eso, el cambio de modelo no puede centrar únicamente en los centros. El cambio tiene que ser mucho más global e integral. Caminando hacia prestaciones que retrasen las situaciones de dependencia y retrasen la institucionalización de la persona.
