El Principado de Asturias ha sido una de las comunidades autónomas que mejor ha sabido contener los embistes de la crisis sanitaria y sociosanitaria provocada por el COVID-19. En esta entrevista con Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales, hemos querido hacer balance de lo ocurrido en los últimos meses, cómo ha actuado su departamento para proteger a las personas mayores y dependientes, cómo se han organizado la recursos (residencia de mayores, ayuda a domicilio, teleasistencia…) y las medidas que han tomado en materia de coordinación sociosanitaria.

Según Álvarez, tienen claro hacia donde debe de ir encaminado el nuevo modelo de gestión de las residencias. También considera que la coordinación sociosanitaria funciona y es una herramienta que ha dado respuesta adecuada a cada brote: “La coordinación sociosanitaria llevada a cabo en la respuesta fue clave, de ahí que la situación que se ha vivido en los hospitales y residencias del Principado poco o nada ha tenido que ver con la situación a la que se han enfrentado otras comunidades”. Asimismo, valora muy positivamente el servicio de ayuda a domicilio, para el que prevén un incremento del precio por hora. Por último, nos ha adelantado alguno de los puntos importantes de la tramitación de la normativa sobre prestaciones del Sistema de Dependencia, que comenzará este mes de septiembre.

¿Qué balance hace de lo ocurrido a nivel social en los últimos meses?

Desde el mes de febrero nos venimos enfrentando a una situación extraordinaria como consecuencia de una pandemia mundial a la que seguimos dando la batalla desde la absoluta responsabilidad y con el objetivo de minimizar su impacto en los colectivos más vulnerables. Nos duele cada una de las víctimas que han perdido la vida a causa de esta enfermedad y no seremos nosotros lo que caigamos en el triunfalismo, pero es justo decir que el sistema de servicios sociales asturiano ha estado a la altura de las circunstancias. Esta crisis sanitaria ha venido a reforzar algo que ya sabíamos, pero sobre lo que siempre conviene incidir: la importancia del sistema público que garantiza el estado de bienestar.

Resulta muy difícil resumir las actuaciones llevadas a cabo porque han sido numerosas, principalmente durante los meses de marzo y abril, cuando el virus presentó su mayor impacto. Somos plenamente conscientes de que el virus continúa entre nosotros y por ello seguimos trabajando con el mismo rigor y esfuerzo en el marco de la coordinación sociosanitaria. La situación nos exige seguir manteniéndonos alerta y buscar fórmulas compensadas que garanticen la seguridad de los usuarios a la vez que se retoman las actividades en el sistema de servicios sociales. Vivimos en un permanente cambio y nos ha tocado aprender a gestionar con la incertidumbre. Siempre digo que, desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, tomamos decisiones que afectan a personas, y que ante ellas damos la cara desde la absoluta transparencia.

¿Cómo ha actuado su departamento para proteger a las personas vulnerables, en concreto a las personas mayores y/o con dependencia?

Las personas mayores siempre son nuestra máxima preocupación y hemos vivido esta crisis a su lado, poniéndonos en su piel, en la de sus familias y también en la de todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales y sanitarios. Si algo ha demostrado esta crisis es que, en Asturias, la coordinación sociosanitaria funciona y es una herramienta que ha dado respuesta adecuada a cada brote, a cada caso, a cada persona. Hemos aplicado todos los protocolos sanitarios para frenar el impacto del COVID-19 en las residencias, donde la mayoría de las personas que viven allí son vulnerables porque tienen patologías previas; se sectorizaron los centros, se cerraron la visitas y los ingresos, al tiempo que se reforzó la comunicación con las familias utilizando medios alternativos como las videollamadas, se redujo el contacto entre personas dentro de las propias residencias, se reforzó la atención sanitaria en caso de ser necesario, se desinfectaron con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencia y lo más importante, no se hicieron distinciones entre las residencias públicas y privadas, porque a este Gobierno lo que le importa es el bienestar de las personas con independencia del lugar que hayan elegido para vivir. Hoy podemos decir que vivimos también con la serenidad de que en todo momento hemos compartido información veraz y actualizada con cada familiar y con la población en general, lo que nos permite poder mirar a los ojos a cada asturiano y asturiana.

«El Principado es la comunidad en la que más aumentaron las valoraciones a dependientes durante el estado de alama»

¿Cuáles son los primeros pasos que se dieron ante la emergencia sanitaria?

Ya en febrero tomamos las primeras medidas de prevención en todos los centros residenciales, reduciendo las visitas, ampliando las medidas de higiene en cada residencia y estableciendo circuitos para intentar minimizar el impacto de una enfermedad desconocida. Fuimos de las comunidades más ágiles a la hora de tomar medidas para dar respuesta a la crisis sanitaria. Si de algo podemos estar orgullosos es de no haberle negado a nadie el derecho de luchar por su vida, porque en Asturias se derivan al hospital todas las personas cuya situación lo requiere. Hemos visto a personas de 95 años volver a su residencia, que es su casa, tras recuperarse de la COVID-19 en el hospital y eso es algo que nos reconforta y que demuestra que nuestra  prioridad  son los mayores, pero no lo son solo en el discurso o en el papel, lo son en la realidad. Más del 80 % de las personas que fallecieron siendo COVID positivo y que vivían en una residencia, lo hicieron en un hospital.

Una buena noticia en materia de dependencia, a pesar de las limitaciones por el estado de alarma, ha sido la reducción de la lista de espera en las solicitudes de ayuda a la dependencia  en un 21 % durante junio. En septiembre de 2019, se comprometían a terminar con la lista de espera en un año y resolver todas las solicitudes, ¿cree que será posible cumplir con este objetivo?

Fue el primer compromiso que adquirí con la ciudadanía, y lo mantengo. No ha sido fácil seguir aligerando la lista de espera con la pandemia que nos obligó a tener frenar en seco las valoraciones en domicilios, pero nos adaptamos a las circunstancias, fomentando el teletrabajo y manteniendo el ritmo de gestión. De hecho, el Principado es la comunidad en la que más aumentaron las valoraciones a dependientes durante el estado de alama. Esta cifra no es una casualidad, es el resultado de la combinación de las medidas del plan de choque de dependencia, el teletrabajo y el gran esfuerzo del personal, que han sido claves para superar las dificultades derivadas de la crisis, tanto que nos ha permitido colocarnos a la cabeza a nivel nacional.

Derechos Sociales ha puesto en marcha una mesa de trabajo para definir un nuevo modelo de atención residencia en los centros de mayores, ¿cuáles son las principales conclusiones que se están extrayendo?

Es pronto aún para hablar de conclusiones, pero sí que tenemos claro hacia dónde debe de ir encaminado el nuevo modelo de gestión. La mesa estará integrada por representantes de la consejería y del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), las asociaciones de familiares, la Federación de Asociaciones de Mayores (Fampa), los sindicatos y las patronales del sector. Somos una consejería que escucha y creemos firmemente que el trabajo en equipo siempre ofrece mejores resultados. Ahora estamos profundizando en modelos reconocidos de atención centrada en las personas y en la metodología de calidad en entornos seguros porque tenemos claro que una residencia no es un hospital, ni debe serlo.

«Estamos profundizando en modelos reconocidos de atención centrada en las personas y en la metodología de calidad en entornos seguros porque tenemos claro que una residencia no es un hospital, ni debe serlo»

También en julio han publicado un plan de inspección de servicios sociales, que prevé inspeccionar en los próximos meses todas las residencias públicas y privadas de personas mayores y con discapacidad. ¿Qué aspectos se valorarán en estas inspecciones?

El objetivo es detectar, en caso de que las hubiera, situaciones de deficiente atención a las personas usuarias y una vez detectadas, aplicar las medidas necesarias para su corrección. El plan especifica que será el Servicio de Inspección y Calidad, en coordinación con el Servicio de Planificación e Innovación Social, el encargado del seguimiento de alerta temprana, tanto si se descubre algún caso de la COVID-19 en alguno de los centros, como ante cualquier otra situación de riesgo para las personas usuarias de estas residencias, tanto mayores como con algún tipo de discapacidad. En caso de detectarse algún tipo de irregularidades estas deberán de ser subsanadas ajustándose a los plazos que establece la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en cada caso.

El servicio de ayuda a domicilio es uno de los pilares básicos del Sistema de Dependencia, sin embargo, se ha visto afectado de lleno por la pandemia. Usted ha afirmado, en alguna ocasión, que se trata de una de las prioridades de su Consejería. ¿Cómo están trabajando para potenciarlo y ponerlo en valor?

El Gobierno de Asturias ya atiende a más de 18.000 personas a través del servicio de ayuda a domicilio (SAD). Las medidas puestas en marcha dentro del plan de choque diseñado para atajar las listas de espera se han materializado en un incremento exponencial de las personas beneficiarias de todas las prestaciones del Sistema de Dependencia, pero especialmente, del servicio de ayuda a domicilio: si en enero había registradas 3.924 personas dependientes con SAD, en julio han aumentado a 4.738, lo que representa al 16 % del total de prestaciones reconocidas. La previsión es llegar en diciembre a 6.000 personas, lo que supondría un incremento de más de 2.000 personas dependientes atendidas en sus domicilios por servicios profesionales.

En este sentido, es imprescindible abordar la mejora de la financiación del servicio, el presupuesto de este año para personas dependientes asciende este año a 17,5 millones, lo que supone un incremento respecto al año pasado de 1,8 millones.

Además, en el mes de septiembre está prevista la autorización del incremento del precio/hora que el Principado de Asturias abona a las entidades locales por su prestación, lo que redundará en la mejora de la calidad del servicio, sin duda.

La obligación de introducir cláusulas sociales en los contratos de las entidades locales con las empresas de ayuda a domicilio, unido a la subida del precio hora, tendrá un efecto directo en las condiciones de trabajo de las auxiliares, ya que la calidad en la prestación del servicio pasa necesariamente por mejorar las condiciones de trabajo en este sector.

Y también está previsto intensificar la formación para la obtención de la cualificación profesional de todas aquellas personas que deseen trabajar en este sector, en colaboración estrecha con el SEPEPA.

En su opinión, ¿qué papel está jugando la teleasistencia en estos momentos? ¿Valoran implementarla?

El servicio de teleasistencia también ha experimentado un notable aumento en el ámbito de las personas dependientes. En el mes de julio había 1.593 personas dependientes atendidas por este servicio y esperamos finalizar el año con cerca de 2.000.

El uso de las nuevas tecnologías al servicio de la atención domiciliaria constituyen otro de los objetivos a alcanzar en esta legislatura, y la teleasistencia avanzada será un recurso muy útil para que las personas puedan permanecer en su entorno con total seguridad.

Es un recurso que cobra más importancia si cabe entre la población que vive sola, y que en muchos casos no dispone de redes de apoyo cercanas, como familiares o vecinos. Durante el estado de alarma habilitamos una línea telefónica específica para atender a personas mayores o enfermas crónicas que vivían solas. A través de esa línea, se ofreció todo tipo de información relacionada con el coronavirus y se gestionó la entrega de alimentación, fármacos y kits de higiene personal.

La coordinación sanitaria y sociosanitaria se ha puesto a prueba en estos meses. Los profesionales están de acuerdo en que es una vía hacia la mejora en la atención. ¿Qué medidas contemplan para mejorar la coordinación sociosanitaria?

Lo que debemos de hacer es seguir el camino iniciado y fortalecer esa coordinación. Cuando se quiere y se pone empeño, las cosas funcionan. Esta es nuestra forma de trabajar. El escenario al que nos habríamos enfrentado en Asturias durante esta pandemia si ese engranaje entre Salud y Derechos Sociales no hubiese sido real, sería muy distinto. La coordinación sociosanitaria llevada a cabo en la respuesta fue clave, de ahí que la situación que se ha vivido en los hospitales y residencias del Principado poco o nada ha tenido que ver con la situación a la que se han enfrentado otras comunidades.

Cada paso que hemos dado en relación con el diseño, implantación y seguimiento de aplicación de medidas desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, lo hemos dado en el marco de la coordinación sociosanitaria, siempre de la mano de la Consejería de Salud y así seguirá siendo.

«En el mes de septiembre está prevista la autorización del incremento del precio/hora que el Principado de Asturias abona a las Entidades Locales por la prestación del servicio de ayuda a domicilio»

A partir de septiembre comenzará la tramitación de la normativa sobre prestaciones del Sistema de Dependencia. ¿Podría adelantarnos alguno de los puntos o cambios importantes que se vayan a desarrollar?

La normativa que regula las prestaciones del sistema data del ejercicio 2015 y es el momento de revisar la misma para orientarla hacia el nuevo modelo de atención en el domicilio y dotarla de una mayor equidad, concretamente:

  1. a) Mediante la regulación definitiva de la figura del asistente personal: antigua reivindicación en el ámbito de la discapacidad, será el momento de abordar de una manera decidida esta cuestión para adaptarla a las necesidades y realidades de las personas dependientes que la demandas, para lo que abriremos un amplio proceso participativo con los agentes implicados.
  2. b) A través de la regulación de la prestación económica para servicios de promoción de la autonomía personal (rehabilitación, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, entre otros).
  3. c) Por último, se revisará la participación de las personas en el coste de los servicios y las cuantías de las prestaciones económicas para dotarlas de una mayor equidad, mediante un estudio y análisis previo de las diferentes situaciones, con el fin de evitar disfuncionalidades.

Por otra parte, el procedimiento de dependencia no ha sufrido cambio alguno desde que se diseñó y reguló en 2007. Resulta imprescindible su modificación para consolidar todo lo experimentado con éxito durante el presente ejercicio, de manera que el acceso al Sistema pueda ser más ágil, eficiente y sobre todo, directo, evitando las duplicidades que se dan en la actualidad e incorporando las nuevas tecnologías.