Ana Belén Álvarez consejera de Empleo y Política Social de Cantabria

Ana Belén Álvarez: “Prohibir las visitas a las residencias es una de las medidas más difíciles que he tenido que tomar como consejera”

Para hablar de la protección de los mayores y las personas dependientes en Cantabria y conocer cómo se ha trabajado y se sigue trabajando para mejorar el bienestar de los ciudadanos hablamos con Ana Belén Álvarez, consejera de Empleo y Política Social de esta región.

Si algo ha evidenciado esta pandemia, es la necesidad de proteger a los más vulnerables, como las personas mayores. Y, en esta función, tiene mucho que ver la Consejería de Políticas. El trabajo de estos departamentos, en este momento de crisis, ha sido frenético, pero va a conseguir que ciertos ámbitos como el de la dependencia se visibilicen y tenga mayor presencia en las medidas que se tomen. 

Con Ana Belén Álvarez repasamos cuestiones como las medidas y protocolos en las residencias, el trabajo conjunto que se ha realizado en este tiempo con las patronales del sector, la coordinación con Sanidad, las posibilidades de la teleasistencia, el desarrollo de la figura del asistente personal y la “necesaria” revisión” de la prestación económica económica para cuidados en el entorno familiar.

¿Qué balance hace de lo ocurrido a nivel social como consecuencia de la pandemia?

Enfrentarse a una situación como la actual, inédita y que afecta directamente a algo tan trascendental como es la salud y nuestros hábitos de vida, está siendo un auténtico desafío en todos los sentidos.

Creo que la mayoría de los ciudadanos han estado a la altura de las difíciles circunstancias que atravesamos y eso, sin duda, hay que ponerlo en valor.

Un reconocimiento especial merece la labor desempeñada por aquellos profesionales que han estado en primera línea, como el personal sanitario, los cuerpos y fuerzas de seguridad o el personal de las residencias, que además de garantizar la continuidad de los cuidados se han preocupado por suplir el afecto emocional al que se han visto privadas las personas dependientes por el blindaje de estos centros.

No es fácil resistir ante un desgaste anímico tan severo y durante tanto tiempo, son ya nueve meses desde que la COVID-19 irrumpió en España; pero si queremos vencer a este virus no podemos flaquear, tenemos que seguir siendo respetuosos día a día con nuestras acciones, por el bien de quienes nos rodean y por el bien común.

Cuanto antes recuperemos la normalidad antes recuperaremos los niveles de bienestar y antes se cerrará la brecha que está ocasionando la pandemia. Ese momento cada vez está más cerca y debemos hacer un último esfuerzo en lo individual para ganar como colectivo.     

¿Cómo ha actuado su departamento para proteger a las personas vulnerables, en concreto a las personas mayores y/o con dependencia?

Desde que estalló la emergencia sanitaria todos nuestros esfuerzos han estado centrados en reducir las posibilidades de contagio de las personas dependientes y en tejer una red de seguridad para las personas más vulnerables. Solo en el área social de la Consejería hemos movilizado más de 12 millones de euros. Con ese fondo extraordinario, hemos complementado la Renta Social Básica a las familias con menores a cargo; desinfectado repetidamente las residencias, tanto públicas como privadas; puesto en marcha dos centros de atención integral a personas sin hogar; reforzado el Plan Concertado de Atención Primaria de los Ayuntamientos para cubrir situaciones de vulnerabilidad o habilitado dos residencias como ‘espacios COVID’ para garantizar el correcto aislamiento de los usuarios en el resto de centros.

Son muchas las medidas que se han adoptado para tratar de adelantarnos e ir dando respuesta a cada uno de los retos que nos ha ido poniendo sobre la mesa la COVID. Creo que se ha hecho un buen trabajo, aunque sabemos que en un contexto de crisis como el actual, donde la pandemia tiene repercusiones directas sobre lo económico, lo social y lo laboral, todos los recursos pueden parecer pocos.

También hay que decir que, si la movilización de recursos económicos y materiales ha sido considerable, no ha sido menos el esfuerzo humano. Todas las medidas puestas en marcha llevan aparejado detrás una importante tarea de los empleados públicos, que ha sido plenamente consciente de su papel en esta crisis y que ha respondido de forma extraordinaria.

¿Cuáles son los primeros pasos que se dieron ante la emergencia sanitaria de cara a la protección de las personas dependientes?

Cada servicio se adaptó de inmediato al contexto de pandemia y a la declaración del estado de alarma. Al tener que suspender la actividad en los centros de día y en los centros sociales de mayores para reducir el contacto social y evitar los contagios, nos organizamos para contactar diariamente con todos y cada uno de los usuarios y así poder detectar con prontitud sus necesidades y también prestar apoyo anímico y evitar la sensación de soledad o indefensión.

Lo mismo sucedió con los usuarios del servicio de ayuda a domicilio, muchos de los cuales renunciaron temporalmente al servicio por miedo a contraer la enfermedad.

En las residencias se prohibieron los nuevos ingresos y las visitas, una de las medidas más difíciles que he tenido que tomar como consejera.

Movilizamos todos los recursos a nuestro alcance para velar por la salud de los residentes. Se contrataron a cuatro empresas diferentes para simultanear las labores de desinfección, que se repetían cada tres o cuatro días en los 82 centros que hay en Cantabria.

En unos días habilitamos el primer ‘centro COVID’ de Cantabria, donde poder trasladar a usuarios positivos asintomáticos o con sintomatología leve y tratar de reducir así el riesgo de contagio del resto de usuarios; se creó una bolsa de empleo específica para las residencias y el personal del Servicio Cántabro de Empleo se puso a disposición para cubrir con carácter prioritario las vacantes de los centros con personas inscritas como demandantes de empleo.

Desde el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo se contactó con empresas de la Comunidad que pudieran donar material de protección, se hicieron gestiones a todos los niveles… Sin duda, la rotura de stock a nivel mundial fue uno de los grandes caballos de batalla, un auténtico quebradero de cabeza. Las donaciones de las empresas de Cantabria pretendieron suplir en parte esa falta de material y tenemos que estar agradecidos.

El servicio de ayuda a domicilio es uno de los pilares básicos del Sistema de Dependencia, sin embargo, se ha visto afectado de lleno por la pandemia. ¿Cómo están trabajando para potenciarlo y ponerlo en valor?

Así es. En un primer momento, durante el confinamiento domiciliario se flexibilizó el servicio para ajustarlo a las necesidades de cada persona usuaria, de tal forma que con el fin de extremar las precauciones y minimizar el riesgo de contagio en los domicilios se suspendió el servicio a aquellos usuarios que contaban con una red de apoyo familiar capaz de suplirlo mientras durara el estado de alarma y, al mismo tiempo, se reforzó a aquellas otras personas usuarias que por su situación de dependencia u otras circunstancias personales y sociales necesitaban de forma perentoria el servicio.

En su opinión, ¿qué papel está jugando la teleasistencia en estos momentos?

El beneficio del servicio de teleasistencia es innegable, singularmente para aquellas personas mayores autónomas o con dependencia ligera que viven solas o pasan gran parte del día solas y que o bien no requieren de apoyos o los precisan tan solo de forma puntual, y para las que la teleasistencia ofrece la seguridad de poder recurrir en cualquier momento a un servicio de apoyo y ayuda ante una situación de emergencia. El contacto a través de la teleasistencia, el escuchar una voz amiga al otro lado del teléfono que sabes que siempre responde, les aporta esa tranquilidad necesaria. En este tiempo en el que la vida social se ha visto reducida, la teleasistencia proporciona ese plus de seguridad. No obstante, creo que este servicio va a experimentar seguramente una gran transformación en los próximos años. La tecnología va ampliar el campo de posibilidades abriendo nuevas utilidades muy interesantes, como la coordinación con servicios sanitarios o de seguimiento de los cuidadores.

¿Cree que son suficientes los 600 millones de euros para reforzar el Sistema de Dependencia?

En primer lugar, creo que es justo valorar el paso dado por el Gobierno de España. Hacía muchos años que el refuerzo del Sistema de Dependencia no estaba realmente en la agenda política de este país, y el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha puesto en primera línea. A partir de aquí, hay que decir abiertamente que somos las comunidades autónomas las que injustamente venimos soportando sobre nuestros hombros prácticamente la totalidad del sistema. En el caso de Cantabria, aproximadamente por cada euro y medio que invierte el Gobierno de España, la comunidad pone ocho y medio. Siendo realistas, este desequilibrio no se va a corregir de la noche a la mañana, por eso creo que esos 600 millones de euros es un paso adelante muy importante que espero, y estoy convencida que así será, tendrá continuidad en los próximos ejercicios.    

¿Qué proporción de esta inversión llegaría a Cantabria? ¿A qué destinaría el presupuesto?

Por mi forma se ser, prefiero no generar expectativas que luego no puedan cumplirse o que no dependan exclusivamente de la acción de la Consejería. Me gusta pisar sobre tierra firme y no lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. Confío en que el Congreso apruebe los presupuestos, pues creo que no cabe otra opción y que lo contrario sería una tremenda irresponsabilidad, pero hasta que eso no sea así prefiero no echar cuentas. Siguiendo esta premisa, por un principio de cautela, en los presupuestos de la Consejería para el año 2021 no hemos pintado ese incremento de fondos. Cuando lleguen, generaremos el crédito que nos corresponda. En cualquier caso, ese reparto habrá que tener en cuenta el coste efectivo de los servicios. La dispersión de la población o la orografía de una comunidad como Cantabria incrementan significativamente los costes, y eso no puede obviarse.

Una de sus principales reivindicaciones es el desarrollo de la prestación del asistente personal. En su opinión, ¿cómo debe establecerse esta figura dentro del sistema?

La Ley de dependencia establece que la asistencia personal es un servicio prestado por un/a asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal. En consecuencia, la prestación económica de asistencia personal tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia y su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria. Los objetivos están claros, la dificultad está en la puesta en marcha y, en este sentido, hay que señalar que esta prestación no se ha llevado a cabo en todas las comunidades autónomas ni ha sido homogénea en las que lo han implementado, y ello es debido, a mi juicio,  porque hay  cuestiones sobre las que debiera haber un consenso general para que en todo el Estado se cumplieran unas condiciones mínimas comunes y que son: qué cualificación cabe exigir a estos profesionales, cómo debe ser la contratación de asistentes, cuál ha de ser la intensidad de la prestación, es decir cuántas horas de trabajo mensual, cuál va a ser la cuantía económica de la misma y, finalmente, cómo la Administración va a efectuar el seguimiento de la misma. 

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