Loles López. Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía
Loles López. Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía

“Estamos trabajando con la Consejería de Salud para poner en marcha un servicio de cuidados intermedios”

Loles López

Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad  de la Junta de Andalucía

Para atender lo mejor posible las necesidades de todos los andaluces mayores y en situación de dependencia, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se plantea como prioridad facilitar y simplificar trámites, agilizar los procedimientos y eliminar la burocracia. Además, la consejera Loles López subraya que están trabajando con la Consejería de Salud “para poner en marcha un servicio de cuidados intermedios y, de esta manera, prevenir situaciones de dependencia evitables y prestar rehabilitación temporal”. En su opinión, ambas consejerías están haciendo “un magnífico trabajo para reforzar una coordinación sociosanitaria efectiva”.

En este proceso, la modernización de los servicios sociales forma parte de una clara estrategia dirigida a situar a las personas como centro de todas las políticas. Muestra de ello es que, actualmente, la Consejería se encuentra en pleno proceso de implantación de la Historia Social Única Electrónica, “que permitirá concentrar todo el historial social de una persona en una misma base de datos” y que, además, permitirá la “interoperatividad de los distintos sistemas”.

Apenas tres meses después de su nombramiento, ¿cuáles son sus prioridades en materia de políticas sociales, dirigidas a las personas mayores y en situación de dependencia?

Con respecto a la atención a las personas en situación de dependencia, el objetivo fundamental es la simplificación y agilización del procedimiento de dependencia para lograr una reducción de los plazos de las listas de espera. Tenemos que dar una respuesta más ágil y eficaz, y aún queda mucho trabajo por hacer para conseguirlo.

En este objetivo, estamos trabajando con la Consejería de Salud para poner en marcha un servicio de cuidados intermedios, a fin de prevenir situaciones de dependencia evitables y de rehabilitación temporal.

En relación a las políticas dirigidas a las personas mayores, lo primero que quiero subrayar es que son una prioridad para este Gobierno y, por ello, nuestro compromiso es claro: seguir trabajando e invirtiendo en centros más modernos y adaptados a la nueva realidad de un colectivo cada vez más activo y más participativo en la sociedad andaluza.

¿Qué balance realiza de la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia en Andalucía?

Andalucía ha cerrado septiembre con cifras que no tienen precedentes. En total, 265.458 personas beneficiarias, lo que supone 8.231 personas más atendidas que al cierre de diciembre de 2021. Para alcanzar estos datos, durante 2022 se ha gestionado el alta de 36.097 nuevas personas.

Este incremento de personas beneficiarias ha supuesto, además, la reducción del número de personas con derecho que se encuentran pendientes de recibir su prestación. Desde el inicio del año 2022 se ha reducido un 8,87 %, lo que supone un total de 3.401 personas menos.

También continuamos creando plazas concertadas. Este 2022 hemos sumado 671 nuevas plazas.

Pero aún queda mucho por hacer para conseguir que el Sistema de Dependencia responda a las necesidades reales de los andaluces. Esta va a ser una de las grandes tareas de esta legislatura. Principalmente, agilizando el procedimiento para dar una mejor respuesta a las personas. Ya estamos trabajando en este reto.

Todo ello, sin dejar de reivindicar al Gobierno de España una financiación justa y equitativa. La que le corresponde a Andalucía. Nuestra comunidad viene soportando, en los últimos años, el mayor peso del gasto en dependencia. En 2021, la aportación del Estado solo alcanzó el 24,21 %, mientras los andaluces tuvieron que asumir el resto con una aportación que superó los 1.200 millones de euros. Esto se tiene que corregir.

El I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores 2020-2023 pretende ser el documento de referencia que oriente las políticas que la Junta de Andalucía desarrolle en el ámbito de las personas mayores en los próximos años

La aprobación del acuerdo de calidad de centros y servicios implica cambios relacionados con las unidades de convivencia, el tamaño de las residencias, la ratio de personal, etc. Las patronales del sector sociosanitario han sido muy críticas con estas y otras medidas aprobadas. ¿Cómo están gestionando estas cuestiones desde la Consejería? ¿Qué opinión le merece este documento?

Estamos verdaderamente muy preocupados. De nuevo, el Gobierno de España toma decisiones sin contar con las comunidades autónomas y sin el consenso con el propio sector. No se pueden tomar decisiones tan relevantes de espaldas a los profesionales, sobre todo cuando el nuevo modelo residencial del Gobierno no garantiza per sé el bienestar en las residencias de mayores; además de ser un modelo donde, como siempre, se nos propone el ‘yo invito, tú pagas’.

En este sentido, hay que advertir que el modelo del Gobierno acabará llevando a la quiebra a muchos centros que son gestionados por pequeñas y medianas empresas o por entidades sin ánimo de lucro, como asociaciones, cooperativas, entidades religiosas y fundaciones, que no tienen capacidad para cumplir unas condiciones difíciles de asumir.

Intentaremos arreglar esta situación con diálogo y mucho trabajo. Lo que tenemos que evitar es que este modelo condene al cierre de centros de mayores, porque esto supondría dejar de dar un servicio y unas prestaciones que tienen como fin último mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.

¿Cómo es el modelo de atención residencial que está implantando la Junta de Andalucía?

Estamos trabajando para definir un nuevo modelo de atención en Andalucía, que sitúe a las personas en el centro y donde los recursos de atención residencial se adapten a las necesidades de las personas. Y lo hacemos de la mano del sector. Estas son nuestras prioridades. El objetivo no puede ser otro que conseguir un modelo en el que se fomente la participación, convivencia y las relaciones sociales. Nuestros mayores nos han cuidado toda la vida y se lo debemos.

Además, Andalucía es pionera en la aprobación de una normativa reguladora que simplifica los procedimientos administrativos y elimina trabas burocráticas que dificultan a las entidades la puesta en marcha de nuevos centros de servicios sociales específicos.

En este sentido, nuestro compromiso es claro hacia la modernización de los centros residenciales y centros de participación activa de titularidad de la Junta.

En este nuevo modelo de cuidados que se está construyendo, ¿qué lugar ocupan los servicios domiciliarios y de proximidad, especialmente la ayuda a domicilio y la teleasistencia?

La apuesta andaluza por los servicios como modelo de atención profesional frente a las prestaciones económicas es clara. Desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad estamos promoviendo, cada vez más, la implantación y desarrollo de los servicios de proximidad. Es el caso de la ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia. Ambos son los servicios más prestados en Andalucía entre las personas con reconocimiento de situación de dependencia.

El Servicio de Ayuda a Domicilio es el servicio que mayor subida ha tenido durante este año, alcanzando un máximo histórico con 140.890 personas. En Andalucía, el 53 % de las personas beneficiarias en situación de dependencia cuentan con este servicio de atención domiciliaria, lo que demuestra la preferencia cada vez mayor de las personas por permanecer en su entorno.

Una de las medidas aplicadas por esta Consejería ha sido el incremento del precio hora hasta alcanzar los 14,6 euros, frente a los 13 euros en los que se mantenía congelado desde el inicio de la Ley de la Dependencia.

Por su parte, el Servicio Andaluz de Teleasistencia proporciona atención de forma directa a casi 257.300 personas, cuyo perfil y necesidades va evolucionando con el tiempo, lo que hace necesario adaptar el servicio de forma dinámica.

La apuesta por estos servicios, acompañados de los tradicionales seguimientos personales, van a permitir, además, paliar la soledad sufrida por muchas personas mayores, incrementar la seguridad  y la tranquilidad,  tanto de personas usuarias como familiares. Esto esperamos que repercuta en la permanencia en su domicilio durante más tiempo antes de recurrir a una prestación residencial.

 ¿Qué papel juega el I Plan Estratégico Integral para personas mayores? Exponga los puntos más importantes.

El I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores de Andalucía 2020-2023 pretende ser el documento de referencia que oriente las políticas que la Junta de Andalucía desarrolle en el ámbito de las personas mayores en los próximos años, al tiempo que plantea repuestas al reto que supone el envejecimiento demográfico que vive la sociedad andaluza.

Este plan apuesta por la acción preventiva, aborda la atención a las personas mayores que se encuentran en situación de dependencia e incide en la protección de aquellas personas que sufren maltrato o presentan una especial vulnerabilidad, dedicando un esfuerzo específico a la soledad no deseada. Sin duda, hay que luchar contra el aislamiento que sufren muchos de nuestros mayores al tratarse de un problema cuyas consecuencias son especialmente graves.

Sin duda, el desarrollo de este Plan Estratégico Integral es una de las prioridades dentro de las políticas para mayores para esta legislatura que acaba de comenzar.

¿Cómo están afrontando la falta de profesionales sociosanitarios: problemática y soluciones?

Durante los últimos años, se ha trabajado la atención sanitaria en los centros residenciales de mayores y otros centros sociosanitarios en el ámbito de la Consejería de Salud, a fin de integrar esa atención en los propios centros. Esta experiencia nos ha hecho tener mejores resultados en salud que otras comunidades autónomas durante la pandemia. Las personas que viven en un centro residencial no pueden tener menos derechos por vivir en un determinado lugar. Se ha hecho un buen trabajo y hay que seguir mejorándolo.

En todo ese proceso, ¿cuál es el papel de la coordinación sociosanitaria? ¿Existe en Andalucía una coordinación real y efectiva entre sanidad y servicios sociales?

Hay una verdadera coordinación. En la pasada legislatura, se creó una Dirección General específica y se constituyeron las Comisiones Sociosanitarios de ámbito autonómico y provincial, con el objetivo de reforzar una coordinación efectiva. Creo que se está haciendo un magnífico trabajo entre ambas consejerías y en breve daremos otro paso hacia delante con la puesta en marcha de un servicio de cuidados intermedios para poder prevenir situaciones de dependencia evitables y prestar rehabilitación temporal.

Recientemente han presentado la Historia Social Única Electrónica de Andalucía. ¿En qué situación se encuentra su implantación? ¿Qué beneficios está aportando a la gestión del Sistema de Dependencia y a la coordinación sociosanitaria?

Esta herramienta permitirá concentrar todo el historial social de una persona en una misma base de datos, al estilo de lo que ya ocurre en Salud o en Educación. Así, servirá para conocer mejor las necesidades y las demandas de la población y los resultados que las intervenciones de los servicios sociales tienen en la población usuaria, evitando, por ejemplo, trámites por duplicado. Con respecto a la dependencia, contribuirá a una mayor agilidad en la gestión.

Actualmente, estamos en pleno proceso de implantación. El visor profesional ya está operativo como fase previa a su puesta en servicio para todo el público.

Esta Historia Social Única Electrónica de Andalucía refleja la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por una modernización de los servicios sociales de la comunidad, que forma parte de una clara estrategia dirigida a situar a las personas como centro de todas las políticas. En este objetivo capital, las nuevas tecnologías son unas herramientas imprescindibles para lograr una atención más integral y personalizada, además de suponer un claro avance hacia la eficiencia, ya que permite la interoperatividad de los distintos sistemas.

En definitiva, lo que queremos es facilitar trámites, eliminar burocracia y poder atender lo mejor posible a todos los andaluces.

Relacionado con ello, la modernización y digitalización de los servicios sociales de Andalucía es una de sus prioridades. ¿Qué avances han realizado en este sentido?

En el contexto de la digitalización en el ámbito de la dependencia ya se están dando algunos pasos importantes, como la puesta en marcha de la Ventanilla Electrónica, que permite la presentación telemática de la solicitud de reconocimiento.

Además, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en colaboración con la Agencia Digital de Andalucía, ha implantado un sistema robotizado basado en tecnología RPA (correspondiente a las siglas en inglés Robotic Process Automation) para agilizar y acortar los plazos de tramitación del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones.

También se está trabajando en un pionero modelo predictivo para definir con antelación el tipo y la ubicación de los recursos para ofrecer un mejor servicio a las personas usuarias del sistema de atención a la dependencia en Andalucía. Este nuevo modelo permitirá evaluar la evolución del envejecimiento de la población y el esperable incremento de los andaluces en situación de dependencia.

En el ámbito de la teleasistencia, se está trabajando en su digitalización, mediante la instalación de nuevos equipos que sustituyen a los anteriores dispositivos de telefonía analógica. A fecha actual, ya hay en Andalucía casi 40.000 nuevos dispositivos digitales instalados. Una de las principales ventajas es que no necesitan línea de teléfono fija, que hasta la fecha era un requisito indispensable. Por otro lado, mejoran la calidad de las llamadas, que serán completamente gratuitas para las personas usuarias. Además, permitirán disponer de una mayor conectividad con dispositivos complementarios tales como sensores de humo o presencia, equipos de toma de biomedidas, etc.

Estos son algunos ejemplos de los avances en digitalización y modernización de los servicios sociales de Andalucía. Una apuesta clara por mejorar servicios y dar pasos hacia la eficiencia, a fin de prestar a los andaluces la atención que se merecen.

Finalmente, ¿qué retos se plantea a corto y medio plazo?

Son muchos los desafíos a los que nos enfrentamos en esta legislatura y uno de ellos es esencial: seguir reforzando un pilar básico del estado del bienestar como son los servicios sociales. Y este reto solo lo podemos afrontar desde el diálogo y el consenso con las administraciones, empresas y entidades del Tercer Sector, cuya labor es imprescindible.

Somos la Consejería de las personas. Y no es una frase hecha ni un simple eslogan, es la base de un gran compromiso con todos los andaluces, especialmente con quienes conforman la población más vulnerable. Las familias son el alma y el centro de nuestra gestión.

Una gestión cuyo modelo meramente asistencialista debemos superar para avanzar hacia un modelo basado en la cercanía y el acompañamiento. Es decir, la meta no es la asistencia, sino que cada día haya menos personas que la necesiten porque su proyecto de vida va hacia adelante. Y, en ese desafío, esta Consejería tiene mucho con lo que contribuir.

Entre otros retos prioritarios para esta legislatura, destacan el proyecto de ley de la Renta Mínima andaluza, la puesta en marcha de la nueva Estrategia Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social (Eracis+) en barrios de actuación preferente de Andalucía o la apuesta por una política integral de apoyo a las familias andaluzas.