Micaela Navarro, Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
Andalucía, Micaela Navarro. De hecho, la región está a la cabeza en el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia, con 204.400 prestaciones concedidas, lo que representa el 31,6% del total nacional.
Navarro considera que la financiación de la Ley debería hacerse «en función de las personas atendidas, de tal forma que las comunidades que más y mejor la desarrollen reciban más dinero». Igualmente, la consejera asegura que invertir en política social no es un gasto, y afirma que Andalucía «destina más de 2 millones de euros diarios a la Ley de Dependencia». Además, la titular de Igualdad y Bienestar Social cuenta para BALANCE los objetivos del Congreso Internacional sobre Envejecimiento Activo, que tendrá lugar en Sevilla el 14 y 15 de junio, y en el que se presentará el Libro Blanco del Envejecimiento Activo de Andalucía. Otro de los puntos fuerte de su departamento.
¿Cómo se está aplicando en Andalucía la Ley de Dependencia y cuál es el balance de estos años?
Andalucía ha dotado al Sistema de Atención a la Dependencia de unas particularidades que lo diferencian del resto de comunidades, como la importancia concedida a las corporaciones locales y, dentro de éstas, a los servicios sociales comunitarios. Además, hemos apostado por un tipo de servicio que permite a las personas permanecer el mayor tiempo posible en su entorno habitual.
Finalmente, la apuesta por la calidad de la atención es otro de nuestros puntos fuertes: Andalucía tiene un sistema de acreditación de los servicios, que garantiza la calidad en la atención, y estamos adaptando nuestra regulación para integrar el copago.
A fecha 1 de mayo, Andalucía supera las 204.400 prestaciones concedidas y los 155.500 dependientes beneficiados. Además, más de 48.000 personas están recibiendo más de una prestación.
En distintos foros se afirma que Andalucía va a la cabeza de la aplicación de la Ley. ¿Cómo llevan ser referente de muchas comunidades?
Andalucía no sólo está destacando en el conjunto del Estado por sus buenos resultados cuantitativos, sino también por sus servicios de calidad, por sus iniciativas y por el modelo que desarrolla. Tres años después de la puesta en marcha de la Ley, seguimos a la cabeza en el desarrollo del Sistema de Dependencia.
Andalucía ha concedido más servicios y ayudas a personas en situación de dependencia que el conjunto de 11 comunidades autónomas. Las 204.400 prestaciones concedidas suponen el 31,6% del total nacional, porcentaje que casi duplica nuestro peso poblacional, que es del 17%. Asimismo, las más de 155.000 personas beneficiadas representan el 28% de las personas que están recibiendo una prestación en España. Al relacionar las personas beneficiarias con la población de cada comunidad autónoma, Andalucía multiplica por más de cuatro las personas beneficiarias de Madrid y por tres las de la Comunidad Valenciana.
Otro indicativo es el servicio de Teleasistencia, que en Andalucía lo están recibiendo 45.700 personas en situación de dependencia, lo que representa el 70% del total nacional. Además, más de 36.600 dependientes se están beneficiando del servicio de Ayuda a Domicilio, lo que representa el 52% del total de España.
Muchos dependientes ya valorados aseguran no haber recibido aún los servicios o prestaciones a los que tienen derecho, ¿cuál es la situación en su región?
En Andalucía estamos trabajando para que todas las personas que tienen derecho a ser atendidas, según el calendario de aplicación de la Ley, reciban la prestación o prestaciones que les correspondan en el menor tiempo posible. El 53% de las personas en situación de dependencia de España que están recibiendo dos o más prestaciones reside en Andalucía.
¿Qué opina de las diferencias en la aplicación de la Ley que hay entre comunidades?
Las diferentes velocidades en la aplicación de la Ley debería llevar aparejado un cambio en la financiación, de tal forma que las comunidades que más y mejor la desarrollen reciban más dinero. En este sentido, desde Andalucía pedimos que el reparto del dinero se haga en función de las personas en situación de dependencia realmente atendidas. Esto conllevaría cambiar el criterio de reparto del denominado «nivel acordado» de financiación de la Ley, para distribuirse en función de criterios como el número de habitantes o la dispersión de la población (actualmente supone el 80%) y teniendo en cuenta el número de personas realmente atendidas (que representa un 20%).
La Ley resalta claramente la excepcionalidad del cuidador informal, sin embargo, las estadísticas nacionales hablan de la prevalencia de las ayudas económicas frente a los servicios, ¿a qué se debe?
La Ley de Dependencia reconoce que las prestaciones económicas tienen que ser excepcionales. Sin embargo, también prevé que las familias formen parte de la decisión sobre el recurso que se le tiene que aplicar a la persona dependiente.
En Andalucía, hemos priorizado desde el primer momento todo aquello que tiene que ver con la prestación de servicios. Actualmente, el 55% de las prestaciones concedidas son de servicios y el 45% son ayudas económicas para cuidados familiares, porcentajes que se encuentran a cuatro puntos de diferencia con la media nacional, situada en el 51% y 49%, respectivamente.
La aplicación de la Ley, ¿se está notando en la creación de empleo?
En Andalucía, la generación de empleo se produce, principalmente, en dos campos: el primero, referido a la creación de nuevas estructuras en las administraciones para la gestión del sistema; y el segundo, relacionado con las prestaciones y servicios de atención a la dependencia, con especial incidencia en los servicios de proximidad.
La aplicación de la Ley de Dependencia ha generado en Andalucía en torno a 40.000 empleos directos e indirectos. No obstante, el Libro Blanco de la Dependencia
estimaba la creación de 300.000 puestos de trabajo directos en España, de los que 45.000 se crearían en la región tras la implantación definitiva de la Ley en 2015.
¿Cree que la Ley es sostenible desde el punto de vista financiero?
Confío plenamente en la sostenibilidad del Sistema. La Ley de Dependencia tendrá la dotación económica que sea necesaria, porque la ciudadanía tiene derecho a ser atendida. Se trata de una prestación que tendrá que adaptar el presupuesto a las necesidades, y no las necesidades al presupuesto. La política social es una inversión, no un gasto, y en Andalucía se destinan más de 2 millones de euros diarios al desarrollo de la Ley.
¿Qué le parece el impulso que el Gobierno ha dado a la coordinación socionanitaria?
Que el Ministerio de Sanidad y Política Social y las comunidades autónomas refuercen la coordinación sociosanitaria redundará en beneficio de la aplicación de la Ley. En Andalucía, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y la Consejería de Salud llevamos a cabo un trabajo de coordinación permanente, lo que, sin duda, está dando sus frutos en el desarrollo de actuaciones de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía, así como en la coordinación de la atención en domicilio.
La colaboración entre ambas consejerías se concreta, por ejemplo, desde el momento en que una persona solicita una ayuda por la Ley de Dependencia, ya que los solicitantes pueden autorizar a que Igualdad pida a Salud su informe sanitario, lo que le evita tener que buscar y adjuntar él mismo esa documentación. Ambas consejerías también colaboran en programas compartidos, como el denominado Enfermeras de enlace.
¿Qué opina del nombramiento de Purificación Causapié como directora general del Imserso?
Me parece un nombramiento merecido y para mí es un verdadero orgullo haberla tenido durante varios años en mi equipo más cercano de colaboradores. En su nueva responsabilidad puede aportar experiencia y conocimiento, además de una gran capacidad de trabajo y dedicación. Estoy segura de que va a desempeñar una excelente labor al frente del Imserso.
Presentación del Libro Blanco del Envejecimiento Activo ¿Qué objetivos tiene el Congreso?
Fundamentalmente, crear un espacio de diálogo para conocer y analizar cuáles son las políticas y estrategias que se están desarrollando en otros países del entorno europeo para promover el envejecimiento activo, y así poder establecer redes y alianzas de cooperación, que contribuyan a reforzar aquello que ya hacemos bien en Andalucía.
¿A quién está dirigido?
Está abierto a la participación de todas las personas voluntarias y profesionales que trabajan para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, y para aquellas que están interesadas en promover iniciativas, profundizar o estudiar todo lo relativo al envejecimiento activo.
¿Qué conferencia o mesa redonda considera imprescindible?
El programa es muy completo y pretende recoger todas las temáticas que, desde el inicio de nuestras políticas de envejecimiento activo, se han ido desarrollando. Sin embargo, hay una sesión plenaria que nadie debería perderse. Me refiero a la presentación del Libro Blanco del Envejecimiento Activo de Andalucía, que tendrá lugar el martes 15 de junio, porque es el fruto de un trabajo colectivo. En él están depositadas las esperanzas de un amplio sector de la población y, por tanto, marcará el presente y el futuro de las políticas para mayores y también del crecimiento económico.
¿Qué temas aborda el Libro Blanco del Envejecimiento Activo?
Aborda de manera integrada e integral todas las dimensiones que afectan a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores. Parte de una visión prospectiva sobre el futuro demográfico en Andalucía y aborda todas las cuestiones que afectan a la seguridad y protección jurídica, salud, participación en la vida política, cultural, educativa y económica, y formación a lo largo de la vida. Como temas transversales, destacan la perspectiva de género y la intergeneracionalidad.
¿Quién y cómo se ha elaborado?
Este documento, elaborado por la Junta, en el que han participado miembros del Consejo Andaluz de Mayores junto a 60 expertos de las Administraciones Públicas, universidades y agentes sociales, recoge un total de 130 recomendaciones para mejorar la calidad de vida de los mayores.
¿Qué conclusiones destacaría?
En sus conclusiones, los grupos de expertos recalcan que el envejecimiento demográfico no es una enfermedad social, sino un logro sin precedentes. Por ello, proponen trabajar con el fin de acabar con la visión estereotipada de la vejez como fuente de problemas y no de posibilidades, y dejar de asociar sistemáticamente 65 años con ancianidad. En esta línea, consideran que se debe crear un Observatorio del Envejecimiento en Andalucía para analizar y difundir un conocimiento actualizado sobre los cambios demográficos y las necesidades reales de las personas mayores.
Por otro lado, los grupos de expertos proponen introducir mecanismos para limitar la jubilación forzosa, sobre todo en actividades que son compatibles con la edad y en las que la experiencia pueda ser una ventaja laboral y social. Asimismo, solicitan que se regule un fondo de supresión de barreras; construir «viviendas convertibles», en renta libre o protegida; establecer recomendaciones sobre el tratamiento informativo y publicitario de las personas mayores, y crear una red de experiencias, públicas y privadas, para difundir buenas prácticas intergeneracionales e interculturales.
Este Libro Blanco, ¿va a desarrollarse en el resto de comunidades autónomas?
Será cada comunidad autónoma la que determine cómo desarrollar sus políticas de envejecimiento. No obstante, el Libro Blanco del Envejecimiento Activo de Andalucía, que es el primero que se elabora en España y en Europa, estará a disposición de todas las personas y entidades que así lo soliciten desde cualquier otra comunidad autónoma.
