María Isabel Blanco Llamas

Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León

El esfuerzo realizado en la adopción de medidas preventivas en los centros, como la implantación de planes de contingencia, la reserva estratégica de EPI o la realización periódica de test de antígenos a residentes y trabajadores, ha permitido que el impacto de la tercera ola de la pandemia sea menor. La vacunación también ha abierto una puerta a la esperanza, pero la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Isabel Blanco, advierte que no debemos bajar la guardia: “La vacunación puede provocar una sensación de falsa seguridad. Por eso, tenemos que mantener la cautela”. En este escenario, la aprobación de la primera Ley de Atención Residencial en España sigue siendo un compromiso para esta legislatura, así como la implantación del modelo Dependencia 5.0, “que implica ir un paso más allá en la digitalización de los servicios”.

¿Cuál es la situación actual en las residencias de la región?

El impacto de la pandemia en las residencias en la segunda ola y en esta tercera en la que estamos inmersos ahora mismo, está siendo mucho menor que en la primera; especialmente teniendo en cuenta que la incidencia del virus en la población está siendo tres y cuatro veces superior a la de la primera ola. Aun así, no debemos perder de vista que las residencias no son burbujas aisladas y, por lo tanto, se comportan de forma similar a las poblaciones donde se ubican.

Es importante destacar el esfuerzo realizado en la adopción de medidas preventivas, que se intensificaron durante este verano, y que han contribuido decididamente a reducir la incidencia del virus. Me refiero, entre otras, a la implantación de planes de contingencia en los centros; a la provisión de una reserva estratégica mínima de Equipos de Protección Individual (EPI) para cinco semanas; al análisis de aguas residuales una vez a la semana, lo que facilita la detección precoz de la presencia del virus; al cribado con test serológicos (se han realizado tres cribados en todos los centros residenciales desde mayo) o a la realización periódica de test de antígenos a residentes y trabajadores (por ejemplo, durante esta Navidad se han efectuado estas pruebas a los profesionales una vez a la semana).

Cuando comenzó la pandemia existían tres vectores de transmisión del virus dentro de los centros. Ahora mismo, con las medidas aplicadas de refuerzo y control de las salidas de residentes y de visitas a los mismos, se ha conseguido controlar dos de estos tres factores. El tercero son los trabajadores, y aquí es donde estamos redoblando esfuerzos, extremando las medidas de detección precoz, con campañas y actuaciones de formación e información.

Aún así, la situación es difícil. Hay que tener en cuenta que los trabajadores viven fuera de la residencia y se relacionan, mantienen un contacto social, por lo que el riesgo de contagio es mucho mayor. Por eso, es importante insistir en la precaución, en la aplicación de todos los protocolos necesarios para evitar esos contagios. Y más en estos momentos, donde el inicio de la vacunación puede provocar una sensación de falsa seguridad. La vacuna nos ha abierto una puerta a la esperanza, pero no debemos bajar la guardia. Tenemos que mantener la cautela, porque aún queda camino que recorrer.

El modelo basado en las Unidades de Convivencia es el que mejor ha funcionado y se ha comportado durante esta pandemia, porque permite sectorizar y compartimentar de una manera rápida y eficaz

En este sentido, ¿cómo se está desarrollando la vacunación de las personas mayores en los centros residenciales en Castilla y León?

Ya se han vacunado con la primera dosis todos los centros residenciales de mayores y discapacidad de la comunidad que, en esos momentos, no tenían brotes activos y se está comenzando a aplicar la segunda dosis. Esperamos tener inmunizados la mayoría de los centros (que son más de 1.100) a finales del mes de febrero.

¿Cuál cree que es el mejor abordaje para las personas que viven en su domicilio, sobre todo de aquellas que están solas? En este sentido, ¿qué lugar ocupa la ayuda a domicilio y la teleasistencia?

Desde la Junta de Castilla y León estamos potenciando las políticas destinadas a que las personas mayores que quieran vivir en sus domicilios lo hagan y, en este sentido, trabajamos por facilitarles que puedan cumplir su deseo.

Estamos trabajando en las dos direcciones. En primer lugar, respecto a la ayuda a domicilio, ya se ha abierto la mesa de negociación con el Diálogo Social para revisar, ente otros aspectos, las intensidades horarias.

En cuando a la teleasistencia, estamos implementando ya el modelo de teleasistencia avanzada, que es uno de los grandes proyectos de esta legislatura y que constituye una apuesta por la modernización y la igualdad en la prestación de este servicio en todo el territorio.

Así, ya estamos trabajando en un contrato único. Somos la primera comunidad autónoma que ha regulado la teleasistencia avanzada después de realizar varios pilotajes. Se trata de un modelo al que se incorporan nuevos servicios y que apuesta por las nuevas tecnologías, mediante la implantación de nuevos aparatos (detectores de humo, sensores de movimiento, control de constantes vitales) o la interconexión de los servicios sociales y sanitarios a través de una plataforma digital, mediante la historia social y la historia clínica, por ejemplo. Además, es gratuito para todas las personas que lo necesiten en nuestra comunidad, sean o no dependientes.

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha evidenciado la necesidad de una coordinación real entre los sistemas Sanitario y de Servicios Sociales. ¿Cómo aborda esta cuestión su Consejería?

Al inicio de la legislatura adquirimos el compromiso que se plasmaba en la aprobación de una Ley de Atención Residencial, la primera en España. Esta pandemia ha evidenciado que ese texto legal, unido a la revisión y adaptación de determinados aspectos a las nuevas circunstancias, es más necesario que nunca. El verano pasado se constituyeron los grupos de trabajo, que marcan el camino hacia el enfoque de esa nueva ley.

El modelo que estábamos implantando en Castilla y León, basado en las unidades de convivencia, es el que mejor ha funcionado y se ha comportado durante esta pandemia. La organización de la convivencia mediante módulos independientes dentro del espacio residencial permite sectorizar y compartimentar de una manera rápida y eficaz, teniendo en cuenta que, además, los residentes están atendidos siempre por los mismos profesionales de referencia. Esto reduce el número de posibles contagios ante situaciones como la que hemos vivido. Ya le hemos solicitado al Ministerio que se analicen y revisen los ratios de personal dentro del Consejo Territorial de Servicios Sociales para adaptarlos al modelo de atención residencial sobre el que estamos trabajando.

El reto no es sólo mejorar la atención de nuestros mayores y dependientes a través de las nuevas tecnologías, sino ser capaces de ofrecer servicios más personalizados y adaptados a sus necesidades individuales

Teniendo en cuenta el modelo de atención de Castilla y León, basado en unidades de convivencia, ¿cree que la medicalización de los centros es una alternativa viable?

Precisamente, uno los aspectos en los que incidirá la nueva Ley de Atención Residencial es en la atención médica a los residentes. Como indicaba antes, ya estamos trabajando en la interconexión de las historias sociales y clínicas de las personas mayores, proyecto que se está probando en algún centro residencial con muy buenos resultados.

Los expertos que han participado en los diferentes grupos de trabajo nos han indicado que hay que tender a la “sanitarización” de los centros residenciales, ya que no debemos olvidar que estos son hogares y no hospitales; eso sí, teniendo en cuenta el tamaño de los centros y la necesidad de contar con profesionales sanitarios en un número acorde a su dimensión.

14 años después, ¿qué diagnóstico hace de la Ley de Dependencia?

Fue una buena ley, pero nació muy mal financiada por parte del Estado desde el primer momento y excesivamente compleja. Esto ha supuesto un esfuerzo muy grande, económico y de gestión a esta comunidad, pero siempre hemos priorizado a las personas dependientes (mayores y con discapacidad). Y, a pesar de estas dificultades, Castilla y León es la comunidad autónoma más ágil en resolver expedientes. No tenemos listas de espera y garantizamos la plena atención a las personas dependientes.

Hemos pedido al Gobierno de la Nación de forma reiterada que aporte el 50 %, tal y como establece la Ley de Dependencia. Nos alegramos de que recientemente haya aumentado el presupuesto en el Plan de Choque de Dependencia, aunque sigue siendo insuficiente, ya que no alcanza ese 50 %. Por lo tanto, seguiremos siendo reivindicativos en esta materia con el Ejecutivo Central.

¿Qué mensaje lanzaría a las personas mayores y en situación de dependencia de Castilla y León?

Que son nuestra prioridad, que nos preocupan y que vamos a seguir trabajando por ellos, mejorando su calidad de vida, modernizando y adaptando los servicios que prestamos a las nuevas situaciones y a las nuevas realidades.

En Castilla y León vamos a implantar el modelo de Dependencia 5.0, que implica ir un paso más allá de la digitalización de los servicios. El reto no es sólo mejorar la atención de nuestros mayores y dependientes a través de las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, sino ser capaces de ofrecerles servicios más personalizados y adaptados a sus necesidades individuales.

¿Qué retos se plantea para 2021?

El reto de avanzar hacia ese modelo de Dependencia 5.0, junto con otros proyectos como la teleasistencia avanzada o la Ley de Atención Residencial.