Vías de financiación para la formación de los trabajadores

La Formación Profesional para el Empleo, fruto de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los interlocutores sociales, contribuye a la formación profesional continua y al reciclaje de los conocimientos de los trabajadores. Esta formación se financia con las aportaciones de empresas y trabajadores en sus cuotas de formación profesional que recauda la Seguridad Social, el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. La Fundación Tripartita, constituida por la Administración General del Estado, organizaciones empresariales y sindicatos, es la responsable de gestionar la dotación económica. A continuación, se exponen las diferentes vías de financiación que existen para la formación de los trabajadores y su distribución.

 

La Formación Profesional para el Empleo es uno de los dos subsistemas de formación profesional existentes en España, que integra la formación ocupacional y la continua en un único modelo. Su objetivo es universalizar el acceso de los trabajadores ocupados y desempleados y de las empresas a la formación.

Los recursos para financiar el subsistema de formación para el empleo proceden de la cuota de formación profesional que recauda la Seguridad Social*, a la que se suman las ayudas del Fondo Social Europeo y las aportaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). El presupuesto para el conjunto del sistema en 2010 alcanzó los 2.571,6 millones de euros, un 0,53% más que el año anterior (ver cuadro adjunto).

Por otra parte, la partida destinada a la formación de trabajadores ocupados para 2010 fue de 1.545,4 millones de euros, un 2,61% más que en 2009.
La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, como entidad que colabora y asiste técnicamente al SPEE, gestiona las iniciativas de formación de ámbito estatal dirigidas a los trabajadores ocupados. También presta apoyo técnico, mediante convenios de colaboración, a las comunidades autónomas. Tiene carácter tripartito y su patronato está constituido por la Administración General del Estado (Ministerio de Trabajo e Inmigración) y por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las sindicales UGT, CCOO y CIG.

De esta manera, las iniciativas de formación de ámbito estatal y de los trabajadores ocupados las gestionan el SPEE y la Fundación Tripartita. Mientras, las iniciativas de ámbito autonómico las gestionan los organismos competentes de las comunidades autónomas. En la formación dirigida prioritariamente a los trabajadores ocupados, también pueden participar los desempleados.

 

Vías de financiación para la formación de los trabajadores
TIPOS DE FORMACIÓN
La Formación de Demanda responde a las necesidades específicas de formación planteadas por las empresas y sus trabajadores. Está dirigida a los trabajadores ocupados y corresponde a las empresas la planificación y gestión de la formación y a los trabajadores la iniciativa de solicitar los Permisos Individuales de Formación (PIF).Se conoce también como Formación Bonificada, ya que las empresas no reciben una subvención sino una bonificación en sus cotizaciones a la Seguridad Social. Todas las empresas disponen de un crédito anual para la formación de sus trabajadores que, si no es consumido, perderán al finalizar el año.
La cuantía disponible en 2010 para estas bonificaciones fue de 507,8 millones de euros y el número de empresas formadoras superó las 380.000, con más de 2,7 millones de trabajadores formados.La Formación de Oferta ofrece a los trabajadores, tanto ocupados como desempleados, una formación amplia y accesible, ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, a la productividad y competitividad de la empresa y al desarrollo profesional de los trabajadores. En este caso, es el trabajador quien decide qué curso es de su interés y lo concierta de manera totalmente subvencionada.El Servicio Público de Empleo suscribe convenios de formación con las entidades beneficiarias (organizaciones sindicales y empresariales más significativas de cada sector) para el desarrollo de planes de formación. El presupuesto es gestionado al 50% entre el ámbito estatal (Servicio Público de Empleo Estatal y Fundación Tripartita) y las comunidades autónomas, mediante las subvenciones que se publican en convocatorias anuales para la financiación de planes de formación sectoriales (dirigidos a satisfacer necesidades específicas de formación de los trabajadores de un sector productivo concreto) e intersectoriales (dirigidas al aprendizaje de competencias transversales de varios sectores de actividad).En el ámbito estatal, el presupuesto de la convocatoria para la financiación de los planes de formación en 2010 alcanzó una cuantía de 413.115.430 euros. La asignación del presupuesto a los diferentes sectores de actividad se realiza atendiendo al volumen de ocupación, teniendo en cuenta la afiliación interanual de trabajadores a la Seguridad Social en cada uno de ellos. “Por otra parte, la financiación destinada a los planes intersectoriales se realiza atendiendo a las necesidades trasversales de formación que no van a ser cubiertas mediante la oferta sectorial”, explica el socio fundador del Grupo Concepto, Juan Carlos Carrasco.Por otra parte, las solicitudes que presentan las asociaciones, federaciones y confederaciones, siempre que reúnan todos los requisitos exigidos en la convocatoria estatal, son sometidas a una metodología de valoración, aprobada por el SPEE y publicada en la web de la Fundación Tripartita, que recoge los diferentes criterios técnicos de las acciones formativas y el colectivo de trabajadores al que están dirigidas. Las solicitudes presentadas deben adecuarse también a las prioridades formativas que definen las Comisiones Paritarias Sectoriales, constituidas por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en cada sector de actividad.

“Basándome en la observación de los últimos años, se podría decir que los sectores que más recibirán serán los que estén en los extremos, es decir, aquellos que resulten más productivos o aquellos que más ayuda necesiten para su reciclaje. En una situación de crisis como la actual, los sectores más afectados serán los que más recursos reciban para la formación de sus trabajadores”, afirma Carrasco. Concretamente, la convocatoria estatal de 2010 aprobó una financiación de 5.305.354 de euros a servicios sociales, destinados a formar a 12.883 personas en un total de 747.888 horas. El coste por hora se computa en 7,1 euros, con una media de 58,1 horas por alumno.

En cuanto a los planes autonómicos, el socio director del Grupo Concepto explica que tienen un funcionamiento similar a los nacionales (diseñados por la Administración y los agentes sociales), aunque son independientes. “Cada comunidad autónoma tiene capacidad para decidir en qué sectores quiere invertir. Puede reforzar las líneas generales marcadas por los planes nacionales o, por lo contrario, incentivar la formación en los sectores menos favorecidos. Sin embargo, parece lógico pensar que nuestro sector, marcado por el desarrollo de la Ley de Dependencia y por la evolución demográfica, debería tener un peso específico en todas las regiones”, insiste.

 

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Por otra parte, se encuentran las Acciones de Apoyo y Acompañamiento a la Formación, que se refieren a todas aquellas iniciativas que, sin ser formación, refuercen los planes formativos. Estas acciones fomentan actividades de investigación e innovación para la mejora de la formación sectorial e intersectorial, así como para la difusión y promoción del conjunto del sistema. El 50% de su presupuesto se gestiona en el ámbito estatal por el SPEE y la Fundación Tripartita y el 50% restante por las comunidades autónomas. La financiación en 2010 en el ámbito estatal se elevó a 14.500.000 euros.

Distribuciónde los fondos: FED y LARES

La Fundación Tripartita para la formación en el empleo asigna los fondos a las patronales del sector en función de su representatividad demostrada en la mesa negociadora del convenio colectivo. “Sólo tienen posibilidad de solicitar y, por lo tanto, de obtener fondos de formación, las asociaciones patronales firmantes del convenio nacional o autonómicos. Así mismo, la distribución de esos fondos entre las patronales se realiza teniendo en cuenta dos criterios básicos: el grado de representatividad patronal en la firma de convenio y, en menor medida, la calidad técnica del proyecto presentado y su adecuación al Plan de Referencia Sectorial publicado en la propia convocatoria”, asegura Juan Carlos Carrasco.

A continuación, la Asociación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) y LARES Federación explican cómo organizan la formación profesional de sus trabajadores. La Fundación Tripartita aún no ha definido los fondos que se adjudicarán al sector de la dependencia para 2011, así como tampoco la distribución que se hará de los mismos.

En 2010, la FED recibió un presupuesto que ascendió a 937.114,95 euros. “La patronal distribuye esos fondos de manera equitativa entre las empresas de las diferentes comunidades autónomas, atendiendo al número de plazas con las que cuentan, que es indicativo del número de trabajadores adscritos a cada centro de trabajo”, asegura Arancha Roca, gerente de Proyectos del Área de Formación y Desarrollo de Dopp Consultores, responsable de desarrollar la formación de la FED.

El tipo de cursos y horas de formación es muy variado. Desde todos los módulos de los certificados de profesionalidad hasta los contenidos más específicos relativos a temas técnicos relacionados con dependencia. Además de contenidos transversales relativos a PRL, alfabetización informática, etc. En definitiva, toda formación que pueda favorecer la actividad profesional de los trabajadores del sector y, por ende, la calidad de los cuidados que se prestan en el mismo.

No obstante, Roca asegura que, actualmente, la formación más demandada es aquella que tiene que ver con la normativa, sobre todo los certificados de profesionalidad, y que permite adaptar los perfiles de los profesionales a los requerimientos de la Ley de Dependencia. “De especial interés es también el curso superior de Directores de Centros Residenciales, cuya primera edición arrancó el pasado 9 de septiembre en Cantabria. Se trata de un curso, tipo master, en el que los directores de los centros adquieren la titulación necesaria para continuar desempeñando su actividad tal y como la Ley obliga. Además, tienen la oportunidad de conocer aquellas materias de mayor interés para el desempeño de su responsabilidad y compartir con otros profesionales sus inquietudes y conocimientos”, explica.

En cuanto a los profesionales que cada año se forman, la gerente de Proyectos del Área de Formación y Desarrollo de DOPP afirma que, aunque la cifra de años anteriores es elevada, “siempre es insuficiente para la amplia demanda existente en el sector. Así, en 2010 se formaron 2.875 personas, lo que se traducen en un total de 5.613 horas de formación”.

Las empresas también pueden recurrir a la formación bonificada, pero Arancha Roca considera que, a juzgar por su grado de utilización, estos fondos apenas se conocen. “Como el presupuesto que destina la Fundación Tripartita para la formación de los trabajadores son insuficientes para este sector, una buena vía para complementarlos son los fondos con los que cuentan las empresas de la formación bonificada, que se detraen de la cuota que se paga a la Seguridad Social. Sin embargo, no todas las empresas los utilizan, quizá por desconocimiento o quizá porque, al no ser cuotas elevadas, piensan que apenas podrán solucionar sus necesidades formativas”, insiste. Por ello, la FED ha asumido el compromiso de aportar soluciones concretas para que estos fondos sean aprovechados y anima a las empresas asociadas a que se pongan en contacto con la patronal (formacion@federacionfed.org), con el fin de poder orientar e informar sobre cómo utilizarlos de la forma más eficiente posible. Es importante recordar que si los fondos de formación bonificada no son consumidos dentro del año en curso, el crédito se pierde. “Por tanto, todas aquellas empresas que no hacen uso de los mismos están desaprovechando un dinero que es suyo”, incide Roca.

Además, la FED trabaja otras vías de obtención de financiación para formación como los cursos dirigidos a desempleados. Para acceder a ellos existen dos vías: la tradicional, en la que un grupo de desempleados se forma con fondos aportados por los servicios de empleo de su comunidad autónoma; y los cursos para desempleados con compromiso de contratación. En estos últimos, los servicios de empleo aportan fondos para formar a diferentes desempleados y uno o varios empresarios se comprometen a contratar a un número determinado de trabajadores a la finalización del curso. “Teniendo en cuenta que la Ley de Dependencia impone unos perfiles de cualificación, esta vía se hace especialmente interesante para el sector, puesto que el empresario incorpora trabajadores que cuentan con la cualificación y experiencia requeridos, ya que se han formado en las materias necesarias para desarrollar su actividad”, concluye la experta.

Por su parte, LARES Federación recibió en 2010 un presupuesto de 362.465 euros para financiar la formación. “Los recursos obtenidos son distribuidos entre las diferentes asociaciones autonómicas que componen la Federación para la organización de cursos, destinados a los diferentes perfiles profesionales que trabajan en las residencias de Lares”, explica la responsable de Formación y Programas, Reyes Serrano.

Las acciones formativas son, en su mayoría, a distancia o en modalidad mixta, “con el fin de facilitar la asistencia de los alumnos, ya que, en ocasiones, la dispersión de las residencias hace que los profesionales deban desplazarse desde ámbitos rurales y recorrer largas distancias para poder asistir al curso”, indica Serrano. Los contenidos que abordan son específicos y adaptados al sector para dar respuesta a las necesidades formativas de los profesionales. “No obstante, en este momento, la prioridad formativa se concentra en la obtención de los certificados de profesionalidad. En principio, para 2011 se han solicitado acciones para la formación de 6.780 alumnos, aunque el número final dependerá de la cantidad concedida en la subvención”, asegura Serrano.
En cuanto a la formación bonificada, esta experta afirma que LARES se esfuerza para emplear de manera adecuada el crédito de las residencias y consumir este recurso: “Si el crédito formativo no se ejecuta entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se pierde, porque no es acumulable para años posteriores”.

Finalmente, la Federación enriquece sus opciones formativas con otras acciones. “Es el caso, por ejemplo, de nuestra participación en el Plan Avanza del Ministerio de Industria, con cuya subvención hemos puesto en marcha un campus virtual que hace más accesible nuestra oferta formativa a un importante número de trabajadores. Además, se fomenta el conocimiento colectivo a través del uso de herramientas tecnológicas como la videoconferencia, que facilita la puesta en común de casos y la formación multidireccional entre asociaciones y profesionales de diferentes perfiles que desarrollan su actividad en Lares”, asegura Serrano. Más información: www.laresfederacion.org

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos expuestos, el socio director del Grupo Concepto, Juan Carlos Carrasco, reconoce que “los créditos de las empresas no dan para formar en todos los contenidos y horas como sería deseable y son las propias empresas o los trabajadores quienes deben hacer frente a esos costes”. Actualmente, por ejemplo, los esfuerzos formativos del sector se están centrando en los certificados de profesionalidad, que están consumiendo la mayor parte de los créditos. “Por lo tanto, todo aquel contenido que no esté recogido en los certificados y que la empresa considere prioritario deberá afrontarse de forma privada”, concluye.
Más información:www.fundaciontripartita.org

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