Estrategia estatal de Desinstitucionalización

¿Es viable la desinstitucionalización de las personas mayores?

La Estrategia estatal de Desinstitucionalización, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023, pretende pasar de un modelo de cuidados basado en la atención asistencial de personas en instituciones a un modelo de atención personalizada en el entorno comunitario. La Estrategia se dirige, fundamentalmente, a cuatro grupos de población institucionalizados: personas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes y personas en situación de sinhogarismo.

En este proceso, las patronales del sector sociosanitario AESTE, CEAPS, FED y LARES apuestan por la libertad de elección de las personas sobre dónde y cómo quieren envejecer. Entienden que los servicios domiciliarios son necesarios para que quien lo desee pueda permanecer en su hogar, de igual manera que consideran las residencias un recurso necesario para las familias. 

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023 organizó en febrero una jornada para presentar el proceso de trabajo que se está desarrollando para la elaboración de la Estrategia estatal de Desinstitucionalización con el lema “Para una buena vida en comunidad”, que se pondrá en marcha en 2024. Expertos y representantes de la Administración Pública expusieron diferentes proyectos piloto de innovación social que generarán el conocimiento suficiente que, posteriormente, se traducirán en políticas públicas. De hecho, en paralelo al diseño de la Estrategia estatal, se están desarrollando varios proyectos que pretenden impulsar la desinstitucionalización.

Durante la inauguración, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, subrayó que estamos asistiendo “a la revolución de los cuidados. Tenemos que trasformar el sistema de cuidados del país para garantizar el bienestar de los ciudadanos”. En este sentido, señaló que estamos abordando un reto apasionante: “Promover la vida independiente y la atención centrada en la persona en el entorno comunitario. Las personas deben tener la libertad de elegir si quieren quedarse en su casa y, para hacerlo, necesitan los apoyos suficientes”.

Este proceso, añadió la ministra, debe “servir para desarrollar servicios que fomenten la independencia y autonomía de las personas, que deben poner sus deseos y voluntad como prioridad”. Belarra señaló que este es el único camino para que los ciudadanos tengan el mayor control posible sobre sus vidas, sin restar libertad ni autonomía. Y, precisamente, esta Estrategia nace “para que progresivamente nuestro país vaya abandonando ese modelo residencial que, en el caso de las personas mayores, evidenció todos sus límites durante la pandemia. Y para que todas esas personas puedan vivir en comunidad, en un hogar y lo más felices posible».

La elaboración de la Estrategia forma parte de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España dentro del Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se menciona la necesidad de “reforzar la atención a la dependencia y promover el cambio de modelo de apoyos y cuidados de larga duración”, y está vinculada con el cumplimiento de lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Fases de la Estrategia de Desinstitucionalización

La Estrategia de Desinstitucionalización consta de tres fases:

  1. Análisis y diagnóstico. Comenzó en noviembre de 2022 y culminará en abril de 2023. Esta fase incluye dos ejes de trabajo: análisis de contexto y definición de las metodologías y técnicas de participación para recoger las distintas demandas sociales y posturas de actores relevantes.
  2. Elaboración de la estrategia. De abril a octubre de 2023. En esta fase, se llevará a cabo un proceso de consulta en el que participarán la Administración General del Estado, consejerías y direcciones generales de las comunidades autónomas, entidades locales y Tercer Sector de Acción Social, entre otros. Se elaborará un primer borrador de la Estrategia, que se someterá a un proceso de revisión y validación.
  3. Plan operativo. De noviembre de 2023 a enero de 2024. Se elaborará un borrador del Plan Operativo 2024-2025, que concretará las medidas y actuaciones previstas, los indicadores de progreso y el mecanismo de seguimiento de su aplicación. Este Plan Operativo se complementará con un Plan de Comunicación para difundir la Estrategia.

 ¿Qué opina la sociedad española?

En la fase de Análisis y diagnóstico se enmarca la encuesta encargada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 “La opinión de la población española sobre la buena vida en comunidad”, presentada en la jornada, cuyo objetivo es conocer la percepción de la sociedad española sobre los cuidados.

Tras una muestra amplia y representativa de 2.500 encuestas, las principales conclusiones obtenidas son:

  1. El 78 % considera que las personas que residen en un centro están, en cierta medida, al margen de la sociedad y de la comunidad.
  2. El 81 % de los encuestados está a favor de potenciar la vida en comunidad de las personas que ahora viven en instituciones.
  3. El 87 % cree que las residencias deben ser recursos temporales y transitorios.
  4. El 94 % está a favor de que las personas vivan, con apoyos, en domicilios particulares o en comunidad con los apoyos necesarios.
  5. El 97 % quiere que las Administraciones Públicas destinen recursos para cambiar el modelo hacia otro que permita a las personas vivir en comunidad con los recursos que necesite.

Metodología participativa

El diseño de la Estrategia se va a realizar de forma participativa. Para ello, se contará con la experiencia de profesionales de las entidades que prestan apoyos y cuidados, responsables de la Administración Pública y de universidades, ciudadanía en general y personas que tienen vivencias personales propias o a través de sus familias relacionadas con la institucionalización.

Un diseño participativo que se materializa en el Consejo Asesor, un órgano consultivo que está formado por personas de diferentes perfiles y ámbitos sociales, públicos, privados, empresas prestadoras de servicios sociales y académicos. Su función es actuar como garante del enfoque adecuado de la estrategia y dotar de calidad el proceso de elaboración del documento.

El Consejo Asesor tendrá ocho canales de consulta y participación: eventos públicos, consultas públicas, grupos de trabajo, seminarios, vídeo testimonios, reuniones y grupos de trabajo institucionales, análisis de casos y análisis de discurso.

Durante el proceso de elaboración de la Estrategia, el Ministerio de Derechos Sociales prevé consultar a cerca de 30.000 personas.

Las patronales exponen su opinión

Las patronales de atención a la dependencia defienden una atención centrada en la persona que dé respuesta a las diferentes necesidades asistenciales en todas las etapas de la vida.

 

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