Mientras escribo estos comentarios se encuentra en el Senado, en espera de eventuales modificaciones, el texto de la propuesta de “Ley orgánica de regulación de la Eutanasia”, aprobada por el pleno del parlamento español a finales del año pasado. Pienso que es una buena noticia y un buen momento para esbozar algunos comentarios sobre el fondo del problema y sobre algunas de las polémicas que lo han rodeado.
Lo primero que merece la pena destacar es que nos encontramos a las puertas del reconocimiento de un derecho civil ampliamente demandado por parte de la sociedad española. Hasta un 84 % de la población, de acuerdo con las encuestas más recientes, defiende la necesidad de legislar en este sentido. Un derecho que tiene como fundamentos remotos a la propia Constitución y a la Ley General de Sanidad de 1986 y que, entre otras virtudes, busca desactivar la dureza con la que el artículo 143 del código penal castigaba a cualquier persona, profesional o no, relacionada con este tipo de actividad. Las ejemplos de esto último, expuestos generosamente por los medios de comunicación, han sido públicos, múltiples y dramáticos a lo largo de las últimas décadas.
A una Ley de este tipo cabe exigirla sobre todo dos cosas: claridad y garantías. Claridad en cuanto al quiénes, a los porqués y a los cómos. Y garantías que aseguren el respeto a las personas, a los sucesivos pasos del proceso y, también, evidentemente, a las creencias personales de quienes pueden verse involucrados en estas situaciones.
Que el texto es claro ofrece pocas dudas. Lo es desde su largo preámbulo y su capítulo primero donde no sólo se busca explicar los motivos de la ley y se exponen sus objetivos, sino que también se define el sentido de las diferentes palabras y expresiones que pueden aparecer a lo largo del proceso. También es garantista. De hecho esta palabra y lo que ella implica se repite machaconamente en sus distintos capítulos y artículos a lo largo de las trece páginas que constituyen el texto.
Se insiste hasta la saciedad en el carácter de protagonista que tiene el paciente, en su papel central en la toma de decisiones y en la metodología que se debe seguir hasta culminar el proceso, con pasos múltiples, complejos y siempre abiertos a la rectificación. También, su artículo 16, abre expresamente la puerta a la objeción de conciencia en el caso de que cualquier profesional potencialmente implicado decida acogerse a ella.
A mi juicio, buena parte de las críticas lo son por principio. No lo son tanto a la Ley como al tema que la origina. Negar la mayor, se podría decir. Vienen de quienes, por la razón que fuere, consideran que una Ley de este tipo, simplemente, no debería existir en el ordenamiento jurídico español. Ese argumento tiene poca cabida en un país democrático y plural, donde las evidencias de las necesidades percibidas y transmitidas por y desde la ciudadanía son totalmente de signo contrario.
En otros casos, las críticas no dejan de ser oportunistas y, probablemente, no pasan de expresar un esfuerzo por poner palos en las ruedas. Un ejemplo muy expresivo es decir que la atención prestada a los cuidados paliativos debe ser un punto previo a la eutanasia. Se trata de una obviedad que nadie discute. Los cuidados paliativos constituyen un derecho positivo, recogido en la cartera de servicios por las consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas, y desarrollado, en mayor o menor medida, en función de las prioridades establecidas por estas mismas consejerías. No son los cuidados paliativos los que están en cuestión
Evidentemente, todo es mejorable y también puede serlo esta ley. Se puede mejor ahora -para ello está en el Senado- y en el futuro. Habrá que esperar a ver cómo se aplica y que conclusiones salen de esta aplicación. Pero lo sustantivo, lo verdaderamente importante y que debiera ser motivo de satisfacción para el conjunto de la sociedad, es que, después de muchos años de esfuerzo por parte de personas, colectivos e instituciones, la puerta ya está abierta y, a su través, se va haciendo la luz en una cuestión que ha sido y es motivo de sufrimiento para muchos de nuestros conciudadanos.
